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Guanajuato, Gto. 5 Nov. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI por conducto del diputado Jos\u00e9 Huerta Aboytes se pronunci\u00f3 en contra del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n que establece que la supervisi\u00f3n de las medidas cautelares, distintas a la prisi\u00f3n preventiva, est\u00e9n a cargo de los militares que integran la Guardia Nacional.<\/p>\n
Activistas en la defensa de los derechos humanos y juristas especializados en derecho constitucional, se han pronunciado en que este acuerdo atenta contra el sistema democr\u00e1tico.<\/p>\n
Tira a la basura el sistema garantista, le dice adi\u00f3s a las garant\u00edas individuales y es anticonstitucional.<\/p>\n
El diputado Jos\u00e9 Huerta cit\u00f3 que las medidas cautelares distintas a la prisi\u00f3n preventiva son variadas; y entre las m\u00e1s frecuentes, se encuentran, la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica del procesado ante el juez o ante autoridad que aqu\u00e9l designe; la cauci\u00f3n mediante fianza; el embargo de bienes; y la inmovilizaci\u00f3n de cuentas y dem\u00e1s valores financieros.<\/p>\n
Existe, asimismo, la prohibici\u00f3n de salir sin autorizaci\u00f3n del pa\u00eds, de la localidad en la cual reside o del \u00e1mbito territorial que fije el juez; la restricci\u00f3n para acercarse a determinados lugares; la prohibici\u00f3n de convivir, acercarse o comunicarse con las v\u00edctimas, ofendidos o testigos.<\/p>\n
El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga; la colocaci\u00f3n de sensores y localizadores electr\u00f3nicos, y hasta la suspensi\u00f3n temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral.<\/p>\n
Pero a partir del pasado d\u00eda 24 de octubre, cuando entr\u00f3 en vigor el acuerdo de referencia, la aplicaci\u00f3n de esas delicadas medidas cautelares, han quedado bajo la supervisi\u00f3n y responsabilidad de la guardia nacional, lo cual implica que en esa funci\u00f3n han quedado al margen los civiles.<\/p>\n
El legislador del PRI aclar\u00f3 que no tienen m\u00e1s que respeto y admiraci\u00f3n por el Ej\u00e9rcito Nacional y la Marina Armada de M\u00e9xico, pues sus elementos est\u00e1n siempre prestos a salvaguardar la seguridad de la naci\u00f3n; y siempre, tambi\u00e9n, de manera noble, heroica y desinteresada, prestan auxilio a la poblaci\u00f3n en situaci\u00f3n de desastre, pero ello no quiere decir que est\u00e1n de acuerdo en que se les encomiende, ahora, esta delicada funci\u00f3n que debe de quedar bajo la responsabilidad operativa de autoridades civiles, tal y como lo prescribe el C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales.<\/p>\n
Apunt\u00f3 que en el Grupo Parlamentario del PRI consideran que el proceso penal en el que se vea involucrado un civil, desde su inicio hasta su culminaci\u00f3n, debe quedar en manos de elementos exclusivamente ciudadanos.<\/p>\n
Est\u00e1n en contra de que con este decreto se desmantele a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, porque implica un retroceso a tiempos anteriores a la Constituci\u00f3n de 1917.<\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que no conciben que una persona com\u00fan y corriente, respetable y decente como la generalidad, que se encuentre constantemente sujeta a vigilancia y control de elementos castrenses mientras sigue su proceso en libertad.<\/p>\n
\u201cEstimamos que una situaci\u00f3n como esa, constituye una violaci\u00f3n a la constituci\u00f3n, porque le atribuye a las fuerzas armadas funciones muy diferentes a las que se le han asignado por la propia ley suprema; y que es una amenaza a los derechos humanos de los particulares\u201d, acot\u00f3 el legislador.<\/p>\n
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