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Guanajuato, Gto. 17 Oct. (GPPRI).- El Grupo Parlamentario del PRI present\u00f3 hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que todo acto irregularidad de cualquier autoridad que afecte el patrimonio del gobernado, se le repare al 100 por ciento.<\/p>\n
Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado Jos\u00e9 Huerta Aboytes, resalt\u00f3 que el actual texto del art\u00edculo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial establece varias categor\u00edas de afectados y una especie de progresividad, a la inversa, para el otorgamiento de la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o material que causar\u00eda la actuaci\u00f3n irregular del Estado.<\/p>\n
Ciertamente, dicho precepto dispone que las indemnizaciones por da\u00f1o material se cubrir\u00e1n al cien por ciento, s\u00f3lo cuando la cuantificaci\u00f3n en dinero no exceda de 500 veces la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n diaria y as\u00ed sucesiva y regresivamente hasta llegar al grado de determinar que s\u00f3lo se cubrir\u00e1n entre un 30 por ciento a un 60 por ciento, las indemnizaciones cuya cuantificaci\u00f3n en dinero exceda de diez mil veces la Unidad de Medida y Actualizaci\u00f3n diaria.<\/p>\n
Ello, a juicio del Grupo Parlamentario del PRI, es injusto y contrario a la igualdad de los administrados; pues tanto el sujeto que resiente el da\u00f1o m\u00ednimo valuable en dinero, como el que sufre la afectaci\u00f3n de mayor cuant\u00eda monetaria, pierden el cien por ciento de su o sus bienes.<\/p>\n
En consecuencia, si se pretende que la norma sea justa y otorgue un tratamiento igualitario, ambas personas afectadas deben de recibir el monto \u00edntegro de su p\u00e9rdida o menoscabo patrimonial.<\/p>\n
En resumidas cuentas, en la especie se trata de manera diferente a dos sujetos que se encentran en la misma situaci\u00f3n, que no es otra, sino la de ver menoscabado su patrimonio por la acci\u00f3n irregular de un \u00f3rgano del Estado.<\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n que el Estado y los municipios deben cubrir con motivo de los da\u00f1os que ocasionen a los gobernados por su actividad administrativa irregular, debe de ser integral y del tama\u00f1o del da\u00f1o causado; evitando par\u00e1metros de cantidades, grados o porcentajes m\u00ednimos y m\u00e1ximos, destac\u00f3 el legislador<\/p>\n
Por lo que se refiere al tema de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, Jos\u00e9 Huerta Aboytes subray\u00f3 que la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n declar\u00f3 inconstitucional la norma que establece topes y porcentajes m\u00ednimos y m\u00e1ximos a la indemnizaci\u00f3n por este tipo de da\u00f1o.<\/p>\n
El numeral 14 de la ley, objeto de reforma de la presente iniciativa, al fijar un l\u00edmite m\u00e1ximo para la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral, viola el art\u00edculo 113, segundo p\u00e1rrafo, de la Constituci\u00f3n federal.<\/p>\n
Lo anterior es as\u00ed, dado que lo que persigue la norma es lograr una reparaci\u00f3n integral en atenci\u00f3n, precisamente, a las particularidades del caso, es decir, el monto de este menoscabo a la dignidad e integridad de la persona humana, no debe establecerse de manera previa a la afectaci\u00f3n que sufra ese delicado estatus.<\/p>\n
Hasta el momento, el numeral 14 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato se\u00f1ala que el monto de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral no podr\u00e1 exceder la tercera parte del da\u00f1o material, lo cual, como hemos asentado, deviene inconstitucional.<\/p>\n
El Grupo Parlamentario del PRI plantea la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 14 del cuerpo normativo que se propone reformar, a efecto de eliminar el tope de indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o moral a que tiene derecho el particular afectado, eliminando al final del texto la siguiente frase: \u201cy no podr\u00e1 exceder de la tercera parte de lo que importe el da\u00f1o material\u201d.<\/p>\n
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