LA DIPUTADA HADES BERENICE AGUILAR CASTILLO EXPRESÓ QUE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA ES UNA CONDUCTA DE ESTADO QUE OBLIGA A LOS ENTES PÚBLICOS A ACTUAR CONFORME A SU MARCO LEGAL PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL, LA CORRUPCIÓN, LA AVARICIA Y EL MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS,

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer, fortalecer y consolidar el principio de austeridad republicana en la política pública del Estado de Guanajuato, estableciendo en principio el decreto constitucional de ajuste salarial, así como la creación de instrumentos normativos que establezcan la regulación de las medidas de austeridad en el gasto público estatal para que con ello sean administrados con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Al hacer uso de la voz, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo expresó que la austeridad republicana es una conducta de Estado que obliga a los entes públicos a actuar conforme a su marco legal para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el mal uso de recursos públicos, junto a que este mandato requiere la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, orientándose siempre hacia el cumplimiento de sus objetivos fundamentales.

La legisladora hizo referencia a que en administraciones anteriores se realizaron grandes malversaciones de recursos públicos, junto al derroche de los recursos del pueblo en lujos de altos funcionarios, donde dichos recursos debieron emplearse en la atención de los ciudadanos que menos tienen.

“De acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, gracias a la ley Federal de Austeridad Republicana, en los cuatro primeros años de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ahorraron cada año 200 mil millones de pesos en reducciones a gastos asociados con uso de combustibles, beneficios laborales extraordinarios de altos funcionarios, contrataciones de servicios y gastos administrativos por exceso de burocracia, entre otros”, dijo.

La congresista comentó que en Guanajuato se tiene registrados 82 funcionarios públicos que continúan en la inconstitucionalidad salarial al percibir un salario mayor al de la presidenta de la República, donde sobresale el salario de la gobernadora del estado, quien percibe una remuneración del 39.5 % superior.

“Si el gobierno del Estado hiciera un simple ejercicio de austeridad en donde los salarios excesivos de los altos funcionarios y se redujeran a lo que gana nuestra presidenta de la República, el ahorro estimado sería de al menos 36 millones de pesos, que podrían redistribuirse a programas que beneficien a los guanajuatenses en el goce a sus derechos constitucionales”, finalizó.

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