Guanajuato, Gto 10 ABRIL 2025. – El Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de su autonomía técnica y de gestión, revise integralmente el régimen laboral, las condiciones generales de trabajo, percepciones, prestaciones de su personal, así como al sistema complementario de seguridad social.
De igual manera, para que implemente acciones de transparencia proactiva relacionadas con el diseño y aplicación del Sistema de Compensaciones y Prestaciones, así como del sistema complementario de seguridad social.
El exhorto tiene su origen en una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución formulada por el grupo parlamentario del Partido MORENA.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo refirió que el pasado 1 de abril de 2024 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato una modificación al Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en el que se adicionó un capítulo relativo a un Sistema Complementario de Seguridad Social.
La legisladora señaló que el tema correspondiente abarca una prestación complementaria al término del servicio que consiste en un apoyo a favor de las personas servidoras de la Fiscalía General que no existe para la inmensa mayoría de las personas trabajadoras en el Estado, el cual consiste en un apoyo complementario de seguridad social al término del servicio por jubilación o vejez, accesorio al que se reciba por parte del ISSEG; y la gratificación por fidelidad al término del cargo, entregada en una sola ocasión para el personal que al terminar su encargo no tenga posibilidad de jubilarse por parte del ISSEG.
Agregó que la Fiscalía se negó a dar información que responda a una solicitud de acceso a la información para saber a cuántas personas servidoras públicas de la Fiscalía se les había otorgado un apoyo complementario de seguridad social, bajo el argumento de que debía resguardarse por tratarse de datos inherentes al personal de la Institución, pero que una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que se entregara la información solicitada.
“De acuerdo con la información remitida, la suma de lo pagado por el concepto de gratificación por fidelidad al término del cargo asciende a la cantidad de 14 millones 397 mil pesos, incluyendo el pago a favor del exfiscal Carlos Zamarripa por la cantidad de $3,922,209.72 pesos”, dijo.
Finalmente, Aguilar Castillo comentó que las gratificaciones otorgadas afectan presupuestalmente la operatividad de la institución, debido a que la Fiscalía General del Estado no tendría la capacidad presupuestal para garantizarle a todas las personas servidoras públicas del ente el derecho a tener la prestación señalada.
La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
Para hablar a favor de la propuesta hicieron uso de la tribuna los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Rodrigo González Zaragoza y Juan Carlos Romero Hicks.
Ramos Sotomayor manifestó que con la cantidad recibida por el exfiscal Carlos Zamarripa equivale a 13 mil 988 días de salario mínimo, junto a que con la cantidad se podría cubrir el pago de 4 mil 377 veces de una canasta básica de Guanajuato.
Agregó que el monto no es una gratificación y calificó el acto como un robo descarado a la ciudadanía de Guanajuato, aunado a que por 15 años políticos favorecieron la permanencia del antiguo fiscal en perjuicio de la seguridad y bienestar de la entidad.
Finalmente, el congresista pidió que no se tuvieran más pactos en Guanajuato ni simulaciones siendo vital que la propuesta se vote en este momento por respeto a las personas que dieron su voto de confianza.
Por su parte, el congresista Rodrigo González Zaragoza se pronunció a favor del punto de acuerdo, al señalar que en su movimiento pensaban que la transparencia y la rendición de cuentas hacen realmente la efectividad, ya que se debe transparentar el uso del dinero público de todos los guanajuatenses.
Agregó que, en el caso de los organismos autónomos se mal entiende esa autonomía, por lo que ellos sostenían que independientemente del cargo público que se sustente se debe transparentar desde la compra de un lápiz hasta este tipo de problemáticas como la que aborda la propuesta legal.
Finalmente, sostuvo que el exhorto puede llevarse a cabo y que su partido siempre estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
En su intervención, el legislador Juan Carlos Romero Hicks afirmó que, primero, se tiene que revisar el diseño institucional; segundo, se necesitan una serie de modificaciones internas porque todas las instituciones son perfectibles; y que estaban a favor de revisar el diseño institucional.
Indicó que, La ley General de Seguridad Pública está por encima de los ordenamientos locales, y señala excepciones y apoyos de seguridad social específicamente para este tipo de personas; mientras que, la Ley Orgánica vigente de la fiscalía señala otros aspectos.
Afirmó que las personas que laboran en esa institución están sujetas a un régimen que siempre será perfectible y en eso necesitaban establecer ciertos aspectos técnicos elementales entre los que mencionó que los derechos laborales son irrenunciables; lo que era el salario nominal o tabular y el salario integrado; las condiciones especiales en este régimen que el propio ordenamiento nacional establece se refieren a personas que están sujetos a lesiones a accidentes y hasta la muerte.
Remarcó que estaban a favor de la rendición de cuentas la transparencia y a que las remuneraciones no sean discrecionales, al señalar que todo es auditable, es verificable y debe transparentarse
En rectificación de hechos, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor precisó que ninguna Ley está por arriba de la Constitución, la cual establece que ninguna persona o corporación puede gozar de emolumentos que los que sean compensados de servicios públicos y estén fijado en la Ley, así como que no podrá hacerse pago alguno que esté comprendido en el presupuesto o la Ley anterior, en alusión a que la compensación por fidelidad no está en la normativa ni en el presupuesto de egresos.
Al ser sometido a votación, el punto de acuerdo fue aprobado en lo general. Al votarse en lo particular, el diputado Juan Carlos Romero Hicks planteó una reserva.
Romero Hicks indicó que la reserva buscar conciliar cuál es el marco jurídico y el marco técnico, y planteó modificar el acuerdo para que quedase de la siguiente manera:
Primero. El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que, dentro de su autonomía técnica y de gestión, revise integralmente el régimen laboral, las condiciones generales de trabajo, percepciones, prestaciones de su personal, así como al sistema complementario de seguridad social.
Segundo. El Congreso del Estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado para que implemente acciones de transparencia proactiva relacionadas con el diseño y aplicación del Sistema de Compensaciones y Prestaciones, así como del sistema complementario de seguridad social.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo se pronunció en contra de la reserva al argumentar que su propuesta partía de afirmar que las prestaciones complementarias son ilícitas e inmorales, y que no rechazar esas prestaciones complementarias y dejarle a la discreción de la Fiscalía para que las revise deslegitima al Poder Legislativo para que su facultad de control sea reducida a lo intrascendente, por lo que no iban a acompañar la propuesta, ya que no está rechazando los abusos cometidos por el exfiscal.
