Guanajuato, Gto 10 Marzo 2026. – De entrada los primeros en inconfiormase fueron los representantes de los medios de comunicacion ante un panorama ostil en contra de los que informamos por parte de la Fizcalia, quien en su momento su titular Vazquez Alatriste no le guslto dicha manifestacion en su contra y argumento que es de mala educacion este tipo de manifestaciones, al reclamar la intimidacion, le echo la culpa a su titular de comunicacion social Susana, y aseguro que ella era la responsable del trato hacia la prensa.
por lo que se tuvo que retrasar un minuto y medio la comparecencia ante los diputados que no encontraban como controlar a los revoltosos se les salio de las manos el blindar al fizcal para eso de las preguntas incomodas y es probable que no acuda de nueva cuenta a algun evento del Congreso del Estado porque estos reporteros lograron manifestar su inconformidad en sus narices.
y no solo fueron los reporteros los que se manifestaron muchas preguntas incomodas incluso de algunos panistas que ya no estan tan contentos con el desempeño del Rock Star Alatriste que solo le gustan los reflectores cuando canta, y no presisamente en los interrogatorios.
El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, refirió que será un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía para dar a conocer los resultados de un año de trabajo de la fiscalía, así como los retos que enfrentan en materia de procuración de justicia.
Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general, realizó una presentación donde destacó que la institución ha roto paradigmas, que ha incursionado con éxito en el combate al crimen organizado, que Guanajuato está obligando a la federación para trabajar, y que el 100% de los indicadores de las actividades sustantivas de la Fiscalía fueron superados, que se están generando productos de inteligencia y que trabaja bajo un proyecto que se va diseñando año con año.
Abundó sobre el modelo de procuración de justicia humanista que se centra en las víctimas y los usuarios, que se está poniendo al alcance de toda la población, que se ha fortalecido la comunicación institucional, que se ha reducido la impunidad, que se ha disminuido la cifra negra, más de 384 carpetas de investigación terminadas, 15,570 judicializaciones, 10,571 vinculaciones a proceso y que se han emitido 2,495 sentencias. También habló sobre los acuerdos reparatorios y el combate a la delincuencia donde se detuvieron a 2,946 personas, se aseguraron 1,375 armas y se decomisaron más de 9 millones de pesos.
Apuntó que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas; 95% de las Alertas Amber desactivadas y el 90% de las niñas, adolescentes y mujeres con Alerta Alba fueron localizadas; que la Unidad de Identificación de Personas fallecidas ha identificado a 1,341 y que se han entregado y restituido dignamente 131 cuerpos.
Entre los retos para 2026 mencionó el facilitar a la población el acceso a la justicia, así como mejorar la eficacia en la procuración de justicia.
En la primera ronda de preguntas intervinieron las personas diputadas Jorge Arturo Espadas Galván, Hades Berenice Aguilar Castillo, Rocío Cervantes Barba, Luz Itzel Mendo González, Rodrigo González Zaragoza, Carolina León Medina, María del Pilar Gómez Enríquez, Miriam Reyes Carmona y José Erandi Bermúdez Méndez, quienes cuestionaron sobre el abatimiento de la cifra negra, el número de denuncias que se presentaron y su disminución o aumento con respecto el periodo inmediato anterior, qué acciones específicas se toman para que los ciudadanos denuncien sin temor, los casos que derivaron en posibles violaciones de derechos humanos y las medidas de reparación del daño derivadas de la vulneración de bases de datos, en qué se gastaron 23 millones de pesos en su oficina, por qué el fondo para víctimas terminó en 130 millones de pesos y solo se usaron 16 millones de pesos, el número de archivos que hubo, si los datos presentados representan un avance sustantivo en la procuración de justicia en la entidad y el monto exacto destinado a comunicación social, así como los datos verificables de los resultados.
Abundaron respecto al por qué no se judicializó el tema del Racho del Ramillete, las garantías que existen que la empresa cumpla lo pactado, un comparativo de la disminución de homicidios dolosos con la desaparición de personas, el número de niñas, niños y adolescentes que han sido localizados y los pendientes por localizar de acuerdo al mecanismo de Alerta Amber, el número total de personas reportadas como desaparecidas y las localizadas con vida, por qué no se aceptó una recomendación por la Procuraduría de los Derechos Humanos, cómo se está asegurando la precisión de dictámenes periciales y el estándar en que está Guanajuato en combate a la delincuencia.
De igual manera, indagaron sobre las acciones concretas que se están implementando para prevenir y reducir los casos de desaparición de personas en la entidad, en qué plazo se compromete a presentar resultados en materia de reducción de desapariciones, el mecanismo de control interno que se implementará para combatir y sancionar posibles actos de corrupción en la Fiscalía, si es necesario fortalecer la presencia de agentes investigadores para reforzar la capacidad de investigación y persecución del delito, los protocolos de respuesta de atención inmediata para atender delitos como robo de mercancías, asaltos y otros en zona sur del estado, los mecanismos de coordinación con el gobierno de Michoacán.
Asimismo, respecto al uso del presupuesto, cómo se evalúa la eficiencia del gasto público, la relación del recurso invertido con los resultados obtenidos, cómo evaluar su solidez técnica si no se tiene el indicador del número de dictámenes impugnados o desacreditados en juicio y el hecho de que sea responsabilidad de los familiares si hay errores en la identificación de cuerpos.
En la segunda ronda participaron las legisladoras y los legisladores Susana Bermúdez Cano, Ernesto Millán Soberanes, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Ana María Esquivel Arrona, Antonio Chaurand Sorzano, María Isabel Ortiz Mantilla y Noemí Márquez Márquez.
Las preguntas versaron sobre los recursos que se salvaguardaron por el trabajo en materia de extorsión y la forma en que se estima la cifra; las acciones en materia de atención a la violencia contra las mujeres, por qué era tan vaga la judicialización de carpetas cuando se trata de justicia para adolescentes, el número de órdenes de cateo ejecutadas y las que se han dejado de hacer; el motivo por el cual se difieren audiencias, porque se ocultan las cifra de robo de vehículos, robo a transeúntes, robo con violencia; cuántos de esos han sido judicializados y cuántos obtuvieron sentencia condenatoria; quien le otorgó las pantallas para su informe y el resto de la producción utilizada; si se ejerció correctamente el presupuesto, lo que se ha hecho ante los ataques informáticos sufridos, así como si han ido en aumento; cómo puede afirmar que el sistema de procuración de justicia está funcionando con eficiencia; y la explicación que se les da a las víctimas mientras sus casos siguen sin solución.
Profundizaron respecto a cómo se determinaron los montos de reparación de daños, así como las acciones para atender las necesidades de las víctimas; cuáles han sido los principales delitos que ha detectado la fiscalía para que en los delitos contra menores solo se haya logrado una sentencia; el factor para el incremento de carpetas de trata de personas y cómo va el proceso para detección de presuntos responsables y si en las víctimas han menores de edad; el incumplimiento de las recomendaciones, las acciones de mejora para garantizar los derechos de las víctimas, el tiempo que le lleva dar cumplimiento a dichas recomendaciones y los mecanismos de evaluación en la materia; y las estrategias para garantizar que la entrega e identificación de cuerpos se realice bajo un enfoque de derechos humanos.
Además, indagaron sobre la desconfianza por parte de los comerciantes para denunciar, la estrategia para recuperar la confianza y si se denuncia sin temor; la estrategia para desmantelar las dos organizaciones que se tienen identificadas en el delito de extorsión; la proporción de sentencias condenatorias en el delito de narcomenudeo, cómo ha sido la participación de la federación para la disminución de delitos dolosos en Celaya, la atención en materia psicológica y jurídica para evitar la revictimización de víctimas menores de edad; la colaboración con la oficina antinarcóticos de Estados Unidos y qué cambió desde ese trabajo en conjunto; los resultados en la materia de atención a delitos contra seres sintientes, el mecanismo de coordinación entre al Fiscalía General y la Secretaría del Campo para el delito de abigeato, los protocolos de colaboración y el número de sentencias en la materia.
En la tercera ronda cuestionaron las y los congresistas Karol Jared González Márquez, Martha Edith Moreno Valencia, Alejandro Arias Ávila, Maribel Aguilar González, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Jesús Hernández Hernández, María Eugenia García Oliveros, Oscar Enrique González Espinosa y Rolando Fortino Alcántar Rojas, quienes cuestionaron sobre la desaparición forzada de personas y la cometida contra particulares, las 92 Alertas Amber desactivadas y las 5 que se mantienen activas, así como los municipios donde ocurrió la desaparición; qué se entiende por medida de protección y el tiempo que se le dan a la víctima.
Abundaron sobre si la justicia llega realmente a las víctimas, cómo explica que solo el 2% de los detenidos reciba una sentencia, los cinco faltantes que tiene la Fiscalía en la entidad, si con las medidas de protección realmente está garantizada la seguridad de las víctimas, las conductas que originaron las investigaciones contra agentes, que se informe si se vulneró o no la base de datos de mujeres víctimas de violencia, qué le diría a las familias y miles de niñas y de mujeres a las que debió procurar justicia y a quienes todavía se les criminaliza por exigir justicia; y el número de denuncias por discriminación o violencia contra personas con discapacidad se han presentado.
Además, profundizaron sobre el subregistro de feminicidios, si se iba a dar una explicación respecto a la relación entre el asesinato de mujeres y las razones de género, lo que está pasando con la justicia para las mujeres; el número de espacios ocupados por hombres y mujeres en su institución; las acciones específicas en colaboración con otras instancias ha implementado para prevenir y atender los delitos que afectan directamente a los turistas; si existe alguna estrategia para atender a turistas víctimas de delitos, cuántas carpetas hay y el número de las que fueron judicializadas; las políticas que se han diseñado para lograr el abatimiento de la cifra negra en la entidad, si aumentó el número de delitos o la confianza ciudadana en los mecanismos de denuncia; los indicadores cuantitativos y cualitativos que determinan el incremento en el grado de confianza y el número de evaluaciones de confianza, así como las aprobadas y las reprobadas.
En la última ronda participaron las diputadas y los diputados Juan Carlos Romero Hicks, Plásida Calzada Velázquez, David Martínez Mendizábal, Víctor Manuel Zanella Huerta, Hades Berenice Aguilar Castillo y Jorge Arturo Espadas Galván, quienes preguntaron su opinión sobre la Ley General en materia de extorsión y los avances en el combate a ese delito; cómo explica que municipios donde antes se percibía paz la violencia vaya en aumento; en cuántas carpetas de investigación existen personas indígenas o afromexicanas como ofendidos y lo que se está haciendo para garantizar sus derechos; y que se está haciendo en las comunidades indígenas para su atención.
Otros de los temas abordados fueron los delitos ambientales, el criterio jurídico con base en el cual declinó su competencia en el caso de Curcusola, el número de fosas clandestinas identificadas en la entidad y cuántas encontraron ellos, la postura sobre la creación de un centro de identificación forense, la resistencia a incluir a los grupos de búsqueda, si tiene identificado el uso de plataformas digitales como canales para la comisión de delito y las acciones que se están implementando para enfrentar esa realidad; quién autorizó la entrega equivocada de un cuerpo en julio de 2025 y quién avaló la exhumación si ya tenía comprobación genética.
El funcionario dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos, entre lo que mencionó que hubo 9,718 carpetas de investigación; que en materia de atención ciudadana se cuenta con diversos mecanismos de protección de denuncia desde casa, atención real permanente y verificables; que el objetivo principal es atender a las víctimas, que se tienen en archivo temporal 12,249 carpetas, que no hay gastos adicionales en el área de comunicación social, que el 3.49% de las activaciones Amber continúan vigentes, es decir, 36 vidas; 13% de personas faltan por localizar y en total 84% se han localizado con vida; que no se aceptó la recomendación, en primera instancia, porque el actuar estuvo justificado y en una segunda revisión se reconsideró la postura inicial.
Agregó que se evalúa de manera anual al personal, que en un modelo de procuración de justicia con enfoque humanista el plazo es la inmediatez y el día a día; el plazo de atención a la denuncia es de menos de dos horas, que se cuenta con el apoyo de la Fiscalía de Michoacán, que se llevaron a cabo 20,305 acuerdos realizados y cumplidos; que la eficiencia del gasto público se evalúa con base en el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación al desempeño; que ningún cuerpo se va entregar si las debidas pruebas de identificación, que el sistema de justicia para adolescentes tiene un tratamiento especializado, que en el informe se respetaron ciertos parámetros y que los delitos que no se informan se pueden consultar en Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
El funcionario mencionó que la inversión para la realización del informe solo fue la impresión del documento, mientras que para el evento fueron 485 mil pesos; que en datos sobre violencia a las mujeres, se tiene como prioridad su protección; que el pago se hace de manera directa a las víctimas, se entregaron más de 10 millones de pesos; que el personal se capacita de manera continua es distintos rubos como perspectiva de infancias; que el patrullaje digital ha permitido la detección y búsqueda de redes de trata de personas, no se tienen zonas geográficas donde se haya incrementado ese delito; que las recomendaciones de PRODHEG las asumen como un instrumento de mejora continua, aceptando las áreas de oportunidad; y que se ha privilegiado la denuncia e incluso se pude hacer a través de whatsapp, que se trabaja con el sector empresarial para atender ese tema.
Asimismo, señaló que el estatus de las Alertas Amber se actualiza de manera diaria, hay 34 alertas activas, que se concentran en 18 municipios; las medidas de protección son acciones emprendidas para proteger a la víctima de un daño permanente, con una duración máxima de 60 días con prórroga de hasta 30 días más; que la Fiscalía actúa por encima de la media nacional, que el sistema fue diseñado para no generar juicios orales interminables, que buscan lograr el 100% de experiencia favorable en la atención, fortalecer el Estado de Derecho a través de mecanismos ágiles y reparadores por medio de la justicia restaurativa, consolidar la investigación cibernética y la inteligencia de datos, y cero impunidad.
Refirió que entendía el dolor de las víctimas y asumía la responsabilidad institucional que le correspondía; que hay cero tolerancia a la revictimización, que existen 283 carpetas de investigación abiertas en materia de discriminación hacia personas con discapacidad; que debe entenderse la diferenciación de la judicialización y la tipificación de las muertes violentas de las mujeres; que el sexo de las mujeres no es criterio para no contratar porque se encuentra el sistema servicio civil de carrera y es por capacidad; y se realizaron 1,912 evaluaciones de las cuales 352 personas no acreditaron el proceso.
Para concluir, comentó que se requiere fortalecer la cultura de la denuncia, que el 0.18% de las víctimas atendidas provienen de comunidades indígenas o se asumen como indígenas; que la premisa general es el respeto absoluto a la dignidad humana, por lo que cualquier desvío es atendido; que el término fosa clandestina puede generar confusiones y se debe utilizar el término legal de sitios de hallazgo; y que la Fiscalía General presenta el primer lugar en materia de justicia para adolescentes, el tercer lugar nacional carpetas de investigación para adultos y adolescentes, entre otros indicadores que muestran los resultados obtenidos.
