Guanajuato, Gto 20 mayo 2026. – En sesión de la Comisión de los Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se dio cuenta con las iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; primera, a fin de robustecer los mecanismos de restitución de derechos y mejorar la actuación institucional en favor de este sector de la población; segunda, para incorporar el derecho al acompañamiento integral durante el embarazo, parto y puerperio para niñas y adolescentes embarazadas.
Mismo trámite recibieron las propuestas de modificación a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato; a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato; a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios; todas ellas, en materia de trámite burocrático, con el objetivo de avanzar en la simplificación administrativa y fortalecer la eficiencia en la atención a la ciudadanía.
Además, se dio cuenta con el protocolo para la implementación del proceso de consulta previa, libre informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Guanajuato; así como con el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que active de inmediato sus mecanismos constitucionales y conozca e investigue de oficio las presuntas violaciones de derechos humanos por los actos u omisiones de las autoridades administrativas de carácter federal para prevenir y vigilar la reparación integral del daño respecto a las violaciones de derechos de las víctimas.
Finalmente, se aprobó el dictamen, en sentido negativo, del punto de acuerdo dirigido a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que inicie una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e interseccional, respecto de los presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado “La Josefa”.
Lo anterior, derivado del operativo de desalojo del 14 de abril de 2025 y de la negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina, considerando de manera integral las circunstancias particulares de las personas afectadas, incluidas sus condiciones económicas, sociales y laborales, así como los posibles impactos diferenciados que las decisiones de la autoridad municipal hayan generado en sus medios de vida, su acceso a oportunidades productivas y su trato frente a otros grupos de comerciantes que han sido permitidos en la misma zona.
Al hacer uso de la voz, el diputado David Martínez Mendizábal precisó que, si bien la regulación del comercio informal es una facultad legítima del municipio, pero que la problemática radica en el trato discriminatorio y desigual que recibieron las y los comerciantes de la zona pr haber existido criterios discrecionales que favorecieron con permisos a ciertos grupos, mientras que a personas con un arraigo generacional de hasta 50 años se les negó la oportunidad de trabajar, sumado a presuntos insultos y abusos de autoridad por parte del personal de la dirección de mercados.
Para concluir, reconoció que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya se encuentra atendiendo formalmente a las personas afectadas para emitir una resolución, por lo que afirmó que el exhorto ya no tenía materia.
