ALEJANDRO ARIAS AVILA PROPONE INCORPORAR LA EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA AMPLIAR EL ACCESO A LA ENSEÑANZA EN ZONAS MARGINADAS.

Guanajuato, Gto 29 octubre 2026. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato con el propósito de incorporar el modelo de educación comunitaria y fortalecer la atención educativa en localidades rurales, marginadas o de difícil acceso.

Al dar lectura a la exposición de motivos, el congresista Alejandro Arias Ávila manifestó que la legislación contempla modelos educativos complementarios y suplementarios para atender las necesidades de distintos sectores de la población; sin embargo, la iniciativa busca incorporar expresamente el modelo comunitario y ampliar los supuestos de atención para incluir a habitantes de comunidades de difícil acceso, rurales o marginadas.

Indicó que se propone que los modelos educativos complementarios, suplementarios y comunitarios se sustenten en los enfoques de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género, territorialidad, interculturalidad, sustentabilidad e inclusión social, con atención a grupos prioritarios.

Arias Ávila añadió que se pretende incluir la posibilidad de implementar ajustes razonables para responder a las necesidades específicas de las personas destinatarias de esos servicios y, cuando resulte oportuno y factible, impartir educación a distancia.

Comentó que las comunidades rurales y marginadas enfrentan diversos obstáculos para acceder a la educación, entre ellos la dispersión geográfica, las dificultades de traslado, la falta de infraestructura y recursos tecnológicos, la escasez de docentes y las barreras lingüísticas y culturales.

Ante esas condiciones, la incorporación del modelo comunitario, dijo, busca ampliar las alternativas educativas y favorecer una enseñanza pertinente para las características sociales, culturales y geográficas de cada localidad.

El legislador afirmó que, con las modificaciones propuestas, se pretende fortalecer el marco jurídico estatal para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en condiciones de equidad e inclusión, así como contribuir a que las personas y comunidades que enfrentan mayores barreras puedan ejercer este derecho.

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