Guanajuato, Gto 20 febrero 2025. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos de Comonfort, Purísima del Rincón, Coroneo, Jaral del Progreso, Tarandacuao, Yuriria, Cortazar, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salvatierra y Santiago Maravatío, para que regulen el servicio de seguridad privada conforme a las facultades que les establece la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia refirió que la creciente inseguridad que se padece en el territorio nacional y en la entidad obliga a los órganos legislativos a coadyuvar en las acciones de prevención y combate al delito.
Remarcó que la seguridad en el Estado, se ha desarrollado de manera pública y privada, esta última a través de la prestación de este servicio por particulares, quienes, con arreglo a la ley se constituyen como auxiliares a la función de seguridad pública, y donde, estos prestadores de servicios de seguridad privada deben coadyuvar con las autoridades e instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del Estado y los municipios.
Las facultades de verificación, supervisión y vigilancia a los prestadores del servicio de seguridad privada, debe contener un desarrollo normativo más amplio que dé certeza jurídica del desarrollo de dicha facultad por los ayuntamientos o en su caso, por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o su equivalente, a los prestadores del servicio.
Precisó que, los Ayuntamientos, en ejercicio de su facultad reglamentaria deben tener un ordenamiento que contenga dichas disposiciones normativas, sin embargo, en la entidad son contados los que han ejercitado dicha facultad, por lo que esa irregularidad en vez de abonar a que el servicio de seguridad privada se brinde con calidad, viene a generar un vacío normativo municipal.
Tiscareño Agoitia manifestó que, los ayuntamientos deben establecer disposiciones normativas en esa materia y contribuir a un sistema normativo más fuerte que no deje cabo suelto a las cuestiones previstas en Ley y, a su vez, permita combatir a todas aquellas empresas que de manera irregular han encontrado una oportunidad para asentarse la entidad, sin que sean supervisadas, vigiladas o inspeccionadas en la prestación de su servicio.
