Guanajuato, Gto 15 ENERO 2026. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en materia de combate a la extorsión.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza indicó que la extorsión es uno de los delitos que mayor daño social, económico y psicológico genera en la población mexicana y, de manera particular, en los diversos territorios del estado, ya que se trata de una conducta que atenta de forma directa contra la vida, la libertad, la seguridad personal, el patrimonio, la dignidad humana y la tranquilidad social.
Puntualizó que, a diferencia de otros delitos patrimoniales, la extorsión no sólo se traduce en una afectación económica, sino que produce un daño continuado, sometiendo de manera directa a la víctima a un estado permanente de miedo e incertidumbre, obligándola a modificar su vida cotidiana, cerrando sus negocios, abandonando sus actividades productivas o incluso desplazarse de su lugar de residencia.
Precisó que la entidad se ha colocado de manera constante entre los diez primeros, con mayor número de víctimas de extorsión, que la tasa de no denuncia supera el 90% y que los sectores especialmente afectados no sólo incluyen a comerciantes, transportistas, trabajadores por cuenta propia o prestadores de servicios.
Ferro Baeza comentó que las modalidades de extorsión más recurrentes en el estado se han dado bajo esquemas de cobro de cuotas, amenazas telefónicas, intimidación directa y simulación de hechos de tránsito.
En ese sentido, manifestó que la propuesta de modificación al Código Penal está orientada a actualizar el tipo penal, corregir inconsistencias, eliminar duplicidades y dotar de coherencia sistemática a la regulación del delito de extorsión.
En cuanto a la Constitución Política local, dijo que se plantea reconocer expresamente la extorsión como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en congruencia con su gravedad y con el diseño constitucional federal; y lo que corresponde a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado se establecen las obligaciones a las instituciones de seguridad pública del Estado y municipales de alinear sus políticas, estrategias, protocolos operativos y mecanismos de coordinación con el marco nacional, evitando interpretaciones discrecionales o actuaciones fragmentadas que puedan debilitar la persecución del delito de extorsión.
Finalmente, el congresista resaltó que con estas propuestas se reafirma el compromiso con un derecho penal coherente, funcional y orientado a la protección efectiva de las personas, privilegiando la claridad normativa, la coordinación institucional y la seguridad jurídica como pilares fundamentales para el combate real y sostenido del delito de extorsión.
