Guanajuato, Gto 11 marzo 2025. – Con el objetivo de profundizar sobre el primer informe de actividades presentado por el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y conocer el estatus que guarda la procuración de justicia en la entidad, se llevó a cabo una mesa de trabajo con diputadas y diputados de la 66 Legislatura.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, refirió que la Ley Orgánica de la Fiscalía establece la obligación de rendir cuentas al a ciudadanía. En ese sentido, comentó que se presentó el informe correspondiente y, a su vez, se aprobó la mecánica para su análisis en la que, dijo, los grupos y representaciones tendrán la oportunidad preguntar y profundizar sobre los temas que así lo deseen.
Con base en la mecánica aprobada, Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general, realizó una presentación donde destacó que se harán modificaciones sustanciales para dar un cambio de enfoque a la procuración de justicia; que se aplicó un nuevo modelo de gestión y atención a la ciudadanía; que se está trabajando en establecer metodologías para que el ministerio público sepa que va a salir a buscar; y que se busca garantizar una investigación científica.
En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados José Erandi Bermúdez Méndez, Antonio Chaurand Sorzano, Rocío Cervantes Barba, Luz Itzel Mendo González, Rodrigo González Zaragoza, Carolina León Medina, María del Pilar Gómez Enríquez, Maribel Aguilar González y Rolando Fortino Alcántar Rojas, quienes cuestionaron sobre cuáles son las acciones que se están implementando en el delito de extorsión en Salamanca, Celaya e Irapuato; qué se está haciendo para contar con mecanismos de comunicación; qué pasa con los funcionarios públicos que no están haciendo el trabajo adecuadamente y recogiendo la información de los ciudadanos; las razones por las que se ha incrementado la extorsión y cuántas de las denuncias se han resuelto.
Abundaron sobre la carga de trabajo y los cambios sustanciales inmediatos que ha implementado para dar salida a la resolución de los casos; el avance para combatir el robo de ganado y de las 139 carpetas de investigación el número que se han resuelto; la manera en la que trabajan para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sin revictimización y con perspectiva de género; el seguimiento a las víctimas que salen de los refugios; las causas para que los homicidios dolosos sigan quedando impunes; la tasa de resolución de los delitos de fuero común; las medidas para garantizar que las fiscalías regionales hagan su labor de acercamiento en las zonas donde se llevan a cabo delitos de alto impacto.
De igual manera, indagaron respecto a las metodología de investigación en materia de empoderamiento y prevención de la violencia contra las mujeres; si se cuenta con un diagnóstico y estrategias programáticas para combatir la impunidad; las tres causas principales que impactan en el índice de impunidad; si se ha garantizado que todas las investigaciones del delito de violación cometido contra niñas y mujeres sigan los protocolos adecuados, si se ha capacitado al personal en la materia y si se ha evitado la revictimización; por qué se espera a que el Poder Judicial determine que los asesinatos de mujeres se investiguen como feminicidios; las medidas concretas que se están tomando para garantizar que los delitos se estén clasificando de manera correcta; qué garantía tienen las mujeres que denuncian violencia de género de que no se convertirán en víctimas de feminicidio; y el modelo que se va a implementar para reducir el índice de delitos de alto impacto.
En la segunda ronda participaron las legisladoras y los legisladores Susana Bermúdez Cano, Miriam Reyes Carmona, Ernesto Millán Soberanes, Alejandro Arias Ávila, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Manuel Zanella Huerta.
Las preguntas versaron sobre si con el registro de naturaleza pública se permitirá el seguimiento de cada caso de feminicidio a lo largo de las distintas etapas; si podría proporcionar datos sobre la tasa de reincidencia de agresores en caso de niñas, niños y adolescentes, y cuántas víctimas han necesitado medidas de protección; si iba a seguir siendo cómplice de los ricos y poderosos o iba a dar seguimiento a diversos casos y ofrecer justicia para los guanajuatenses; cómo se cubrirá el déficit de peritos para que no tarden tanto las investigaciones y las acciones que implementará para reducir a grupos criminales y baje la tasa de homicidios.
Profundizaron respecto a las acciones para atender los clamores de los grupos de personas buscadoras; a qué se debe un número tan bajo en la vinculación de proceso; cuáles son los motivos por lo que no existen más carpetas de investigación en el caso de trata de personas, ya que solo existen 13, si hay un problema en la clasificación de carpetas; el presupuesto para el Fondo de Atención a la Víctimas en el Estado de Guanajuato; las acciones que se han realizado para tener una atención especializada, cómo incentivar los espacios de apoyo y acercamiento a la justicia; explicar el modelo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar; y las acciones que se están llevando a cabo en materia de explotación sexual y el trabajo para erradicar la trata de mujeres, niñas y niños en la entidad.
Además, indagaron sobre cuál es el monto de las 16 jubilaciones de la Fiscalía General; los cambios estructurales que se anticipan; si se están construyendo modificaciones normativas de carácter constitucional o leyes reglamentarias; cómo encontró la organización y que profundizara en el modelo humanista que propone.
En la tercera ronda cuestionaron las y los congresistas Karol Jared González Márquez, Hades Berenice Aguilar Castillo, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, María Eugenia García Oliveros, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Luis Ricardo Ferro Baeza, Yesenia Rojas Cervantes y José Salvador Tovar Vargas.
Abundaron sobre cuánto es el tiempo promedio que tarda la Fiscalía en activar la Alerta Amber desde su denuncia y los obstáculos que tiene para emitirla de manera oportuna; si existe evaluación sobre su efectividad; si se ha fortalecido la cooperación con los estados cuando los menores cruzan fronteras a otras entidades; cómo va la investigación por los desvíos FIDESSEG; sobre las muertes violentas de mujeres; si se va a mantener el pacto de impunidad o las mujeres van a obtener justicia; los mecanismos para garantizar el inicio inmediato en cada caso de desaparición; cómo se justifica que casi cada 8 de 10 casos sigan sin resolverse; y la razón por la que el Poder Judicial libera a los delincuentes tan pronto.
Además, profundizaron sobre las acciones que llevará a cabo para fortalecer la confianza; que ha hecho para que delincuentes no queden libres por fallas en las carpetas; a qué se deben los altos índices de impunidad en casos de delitos contra mujeres y feminicidios; cuántos casos hay de asesinatos policiales; las principales causas de la crisis de violencia en la entidad y por qué no se ha podido revertir la situación; las reformas o herramientas legales necesarias para fortalecer la función de la Fiscalía; así como las acciones y acuerdos llevados con la Secretaría de Seguridad y Paz para el combate a la delincuencia y los resultados.
Cuestionaron también sobre las acciones para poder atender los robos y extorsiones que sufren los migrantes cuando regresan; si cuentan con enfoques especializados como parte de su formación; los protocolos para dar seguimiento a las denuncias presentadas; y los avances en la protección de periodistas y personas buscadoras.
En la última ronda participaron las diputadas y los diputados Ana María Esquivel Arrona, Plásida Calzada Velázquez, Angélica Casillas Martínez, Martha Edith Moreno Valencia, Jesús Hernández Hernández, David Martínez Mendizábal y Roberto Carlos Terán Ramos, quienes preguntaron sobre en qué consiste el monitoreo, avances e implementación del programa estatal de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; qué se requiere realizar para que se le otorgue a una ficha de mujeres desaparecidas difusión como acción de búsqueda; su participación para garantizar la protección de las mujeres buscadoras y en el registro estatal de fosas clandestinas.
Otro de los temas abordados fueron las acciones que está realizando para reducir índices de desaparición forzada, las que ha emprendido para mejorar la eficiencia de los servicios forenses y cuántas de las fosas clandestinas derivaron en una apertura de carpeta de investigación; así como solicitar la colaboración con la Secretaría del Campo en la coordinación del registro de maquinaria agrícola y las acciones para inhibir la comisión del delito de robo de ganado.
Indagaron respecto si considera que sigue sin existir una red de tratas de personas en la entidad; cómo explica tan elevados índices de violencia contra la niñez; a cuántas semanas se dio el aborto en cada una de las 26 carpetas abiertas, las edades que tenían las personas y si las carpetas se dieron con base en lo establecido en el Código Penal; si se garantiza una atención digna a las personas con discapacidad que utilizan sus instalaciones, cómo pueden contribuir a tener una fiscalía más eficiente; el compromiso que puede hacer con los colectivos con respecto a los grupos de reacción táctica; el número de personas inscritas en la Unidad de Análisis de Contexto, el número de análisis que se realizaron, las versiones públicas y metodologías utilizadas; así como el estatus del Plan Estatal de Exhumaciones.
Finalmente, preguntaron sobre cuáles son las acciones implementadas para garantizar el acceso a la justica de la comunidades y pueblos originarios; la disponibilidad de intérpretes en leguas indígenas; la capacitación en derecho de pueblos indígenas y con pertinencia cultural; mientras que se dio lectura a preguntas ciudadanas, entre ellas, las estrategias para bajar la delincuencia en la entidad; la falta de control de armas; la coordinación con autoridades federales; el tiempo promedio que se toma un ciudadano en presentar una ciudadana y la expectativa de mejora.
El funcionario dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos, entre lo que mencionó que en materia de extorsión se acudió a Irapuato para revisar, se abrieron carpetas de investigación, se identificó el modus operandi; que se desarticuló una célula criminal que se dedicaba a ese delito; que gracias a estas acciones en las últimas semanas disminuyó en los municipios de Irapuato, Celaya y Salamanca; que se está fortaleciendo el programa de atención y el área de visitaduría; se pretende abatir la puerta giratoria y generar sentencias condenatorias; se tienen 139 carpetas de investigación iniciadas de robo de ganado; se inició un trabajo coordinado con la guardia nacional para atender del robo de cárnicos; y se está incrementando la capacidad operativa del Centro de Atención para las Mujeres.
Agregó que, el modelo homologado de gestión va a permitir que todas las fiscalías trabajen de la misma manera; los programas se evaluarán de manera interna y externas por organismos públicos como privados; ya se cuenta con el análisis para combatir el índice de impunidad; que éste afecta la complejidad de los delitos de alto impacto y la falta de denuncia ciudadana; que todas las investigaciones, en cualquier materia, deben llevarse a cabo con base en los protocolos que existan; y que sí se ha evitado la revictimización.
El funcionario mencionó que 31 carpetas de investigación fueron sustanciadas, respecto a 30 se ejerció la acción penal; las medidas de protección han sido efectivas para evitar nuevas agresiones; el programa de ventanilla única permitirá el contacto permanente con las víctimas; que la justicia será para todos y se le dará la celeridad; que se establecerán reuniones periódicas con grupos de personas buscadoras y periodistas que atenderá personalmente; que el bajo porcentaje de vinculación a proceso es un área de oportunidad, no está al momento a la altura, pero se está trabajando en ello; y se está analizando y trabajando en el tema del Fondo de Atención a Víctimas.
Asimismo, señaló que la Fiscalía no paga jubilaciones; que el modelo de trabajo va en función de la víctima; que el fomento a la cultura de la denuncia debe sembrarse a partir de la confianza; que en la emisión de una alerta se implementan protocolos homologados, y cada uno tiene su mecanismo de operación, la efectividad es del 95%; que se ha fortalecido la cooperación con otros estados, a través de convenios de búsqueda; el asunto de FIDESSEG no se tiene comprobado ningún desvío, solo se dieron recomendaciones; la Fiscalía tiene cosas que se dejaron de hacer, trabajo que no se abordó en su momento y se hará.
Refirió que el fenómeno de desaparición de personas es complejo; que se ha impulsado la denuncia virtual porque el tiempo es fundamental, se trabaja sobre la búsqueda en vida; se creado una unidad de búsqueda de familiar; no hay una crisis forense; que el criterio de Protocolo Alba es el riesgo con base a la valoración del ministerio público y la familia, se activan de manera inmediata y sin dilación; la protección a personas buscadoras está en coordinación con la Secretaría de Gobierno y otras instancias para la confirmación de los diagnósticos correspondientes; se obtuvieron 22 sitios de hallazgos o fosas clandestinas; la identificación forense se encuentra información pública en la página de la fiscalía.
Para concluir, en cuanto índices de desaparición forzada indicó que el tema le corresponde a seguridad estatal y federal; no hay personas judicializadas por casos de aborto; se cuenta con protocolos e infraestructura para atender a personas con discapacidad, así como brindar atención digna a todas las personas; la integración de la Unidad de Análisis de Contexto es multidisciplinaria; se cuenta con intérpretes para atender a pueblos originarios; promover la resolución pacífica de conflictos; y que una persona no debe de esperar más de 15 minutos en ser atendido.
