Guanajuato, Gto 21 agosto 2025. – Con el objeto de fortalecer el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), entendido como un instrumento de política ambiental, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.
Al presentar la exposición de la propuesta, el congresista David Martínez Mendizábal argumentó que su propósito central es adecuar el marco normativo estatal a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como alinearlo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
Afirmó que esa armonización normativa tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica y la legalidad en el ejercicio de las competencias de las autoridades estatales y municipales para evaluar el impacto ambiental de los proyectos que deban someterse a dicho procedimiento, así como asegurar el respeto efectivo a los derechos de acceso a la información ambiental y de participación pública en asuntos ambientales.
Martínez Mendizábal remarcó que es fundamental asegurar que la evaluación de impacto ambiental sea rigurosa y oportuna, que cumpla efectivamente su función como instrumento de la política ambiental y que incorpore mecanismos eficaces de acceso a la información ambiental y a la participación pública en la toma de decisiones para prever, evitar y mitigar los efectos negativos de las obras y actividades humanas sobre el entorno.
Agregó que, la iniciativa propone la armonización de las competencias del Estado y los municipios en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA); la creación de una Gaceta Ecológica Electrónica del Estado de Guanajuato; la obligación de publicar extractos comprensibles de los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental y la clarificación y fortalecimiento del procedimiento de consulta pública.
Asimismo, comentó que, una de las principales deficiencias del marco normativo estatal es la falta de claridad en la distribución de competencias entre el Estado y los municipios en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), ambigüedad que ha generado conflictos de atribuciones, solapamientos de funciones, omisiones regulatorias e intervenciones indebidas por parte de autoridades que carecen de competencia legal.
Finalmente, manifestó que con estas reformas se fortalecerían los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, se delimitan con precisión las competencias del Estado y los municipios en esa materia, y se establecen mecanismos normativos para garantizar los derechos de acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
