Guanajuato, Gto 26 noviembre 2025. – Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables entrevistaron a las personas que aspiran a integrar el Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
El primero en ser entrevistado fue Víctor Hugo Ramírez Nieto, quien habló de la importancia de rescatar la dignidad de las personas y señaló que el Consejo Consultivo es un medio para construir puentes entre el organismo y la sociedad.
Las personas diputadas le cuestionaron sobre las estrategias para promover la participación ciudadana en materia de derechos humanos; cómo hacer que las funciones de los organismos respondan a las necesidades de la población; cómo evaluaría el estado actual de los derechos humanos en la entidad; los retos e iniciativas que identifica para mejorar la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos sociales; cómo reaccionaría antes posibles presiones políticas para influir en decisiones del Consejo y que haría el Consejo para fortalecer el vínculo entre PRODHEG y ciudadanía.
Además, profundizaron sobre cómo abordaría la capacitación continua para integrantes del Consejo y de la Procuraduría; la manera en que integraría la política en materias ambiental para promover el derecho humano a un ambiente sano y el derecho al agua; cómo se defienden los derechos del individuo a la tranquilidad y la salud con respecto al exceso de ruido generando por lo vecinos por música alta generada por amplificadores; y las política públicas que propondría para reducir en Guanajuato las violaciones a los derechos humanos.
Ramírez Nieto comentó que se tiene que capacitar a los funcionarios; implementar políticas públicas en caminadas a la concientización del servidor público; realizar campañas de difusión sobre los derechos humanos; conocer los contextos en donde se van a aplicar las medidas en materia de derechos humanos; revisar las recomendaciones que se han hecho en años anteriores para evaluar los resultados y la atención que se les ha dado; rescatar la educación cívica; poner siempre al centro la dignidad de las personas; vigilar los pozos de agua porque existe contaminación y afecta la salud de las personas, así como establecer mecanismos para hacerles llegar agua potable; que las autoridades competentes realicen verificación de horarios en cuanto al ruido; capacitación en las fiscalías y darles seguimiento a todas las carpetas.
Por su parte, María del Rocío Vargas León manifestó que todos los días trabaja en favor de las personas y su felicidad, que busca pertenecer al Consejo para continuar con su misión, evitar que las personas no puedan disfrutar de sus derechos, lograr que las personas que se atiendan se sientan acompañados, a fin de evitar que sean violentados en cualquier institución a la que acudan.
Las diputadas y los diputados indagaron sobre el rol que debe cumplir el Consejo en la supervisión de la Procuraduría; la metodología o filtros de análisis propondría para sistematizar el sentir social, a fin de convertir los datos cualitativos en cuantitativos para no caer en apreciaciones subjetivas; si estaba familiarizada con el proceso legislativo que regula la función de la Procuraduría; y cómo definir las prioridades en el plan de trabajo para que respondan a los retos actuales que tiene el Estado.
Abundaron respecto a si contaba con experiencia en la elaboración de políticas públicas de derechos humanos; la propuesta para mejorar los reglamentos en la materia, a fin de apoyar a los ciudadanos; cómo manejaría un conflicto de interés dentro del organismo; el papel que ve para el Consejo en la articulación de políticas públicas y sociales en favor de las personas con discapacidad; los criterios para evaluar la efectividad de las recomendaciones emitidas por la Procuraduría; y cómo impulsaría el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y personas afromexicanas en la entidad.
Vargas León precisó que se deben generar estrategias para buscar lo mejor para las personas, así como herramientas para la Procuraduría; la difusión de lo que hace la Procuraduría, ser embajadores de la institución; fortalecer la relación con las comunidades, visitándolas y hacer la difusión de viva voz, porque muchas personas carecen de los medios para acceder a esa información; por el momento no cambiaría el reglamento hasta conocerlo a fondo y solo le agregaría que la Procuradora tuviera más acercamiento con las personas.
Añadió que en caso de conflicto de interés lo haría saber de inmediato y se tomarían las acciones que correspondan de acuerdo con la situación; que la primera forma de evaluar es preguntar de manera directa a las personas cómo les fue; que en la Procuraduría siempre se debe partir de que todos somos seres humanos y tienen derechos, que requieren ayuda y apoyos.
En su oportunidad, Ma. Isabel Llamas Andrade manifestó que conoce la problemática de diversos sectores sociales, que a través de la asociación que encabeza, que atiende a mujeres, le ha permitido darse cuenta de las necesidades, así como tener contacto con diversas organizaciones no gubernamentales.
Las personas diputadas cuestionaron cómo fomentaría la coordinación entre la Procuraduría y otras instancias federales y estatales; la forma en que utilizaría su experiencia en atención a mujeres en situación de violencia; cómo integraría la perspectiva de discapacidad para integrar a mujeres en esta condición a distintos programas; qué proponía en materia de educación para la niñez neurodivergente; cómo pueden las política públicas implementar las perspectivas de género que garanticen la igualdad, la no discriminación y la protección de las mujeres, además de las acciones de la Procuraduría en caso de violencia de género.
También profundizaron respecto a las acciones para fortalecer la protección de defensores de derechos humanos y periodistas; su opinión sobre las acciones de la PRODHEG en caso de recomendaciones en violencia política; la visión sobre la participación del Consejo en la realización de reglamentos internos; los mecanismos para asegurar que las experiencias y las brechas de acceso a la justicia que enfrentas niñas y mujeres en el estado se reflejen en el trabajo de la Procuraduría; y la propuesta para mejorar la atención en las visitadurías regionales; las acciones para que formen parte del Plan Anual de Trabajo de la PRODHEG.
En respuesta, Llamas Andrade manifestó que se tienen que integrar a las personas para conocer cómo están, pero también a quienes las atienden; que tiene experiencia en la implementación de acciones para mujeres con discapacidad, así como integrar a las personas; una política pedagógica es trabajar con las escuelas y que no tengan miedo de atender la neurodivergencia, en primer lugar con los maestros para darles herramientas; vigilar que quienes están atendiendo estén capacitados en perspectiva de género y la haya aplicado, juzgadores, investigadores, ministerios públicos; conocer la rapidez con que se responden y atienden los asuntos, y con base en eso modificarlo, porque la atención a la violencia debe ser expedita.
También dijo que se debe analizar cómo proponer la revisión y seguimiento de los casos para conocer el impacto; que se tenga mayor acercamiento de parte de las dependencias que dependen de la PRODHEG para vigilar que las visitadurías se hagan conforme a las normas establecidas; y revisar los resultados que tiene la PRODHEG para ellos aportar lo que se obtuvo de eso y del contacto de las personas para formularlo.
Emilio Iván Serrato Alfaro señaló que es psicólogo, que ha trabajado con niñas y niños que han sufrido abuso sexual; que es necesario que las personas se den cuenta de que, cuando se vulnera un derecho, se vulneran otros; que es importante el acercamiento con las personas y establecer un contacto cercano.
Las y los congresistas cuestionaron sobre cómo se mantendría actualizado respecto a nuevos desarrollos en la materia para aportar al Consejo; la manera en que visualizaba su papel para implementar acciones específicas que protejan a las personas contra la discriminación; el abordaje de una violación de derechos humanos de una autoridad; la evaluación de que el proyecto de ingresos fortalezca las acciones de la Procuraduría y no derive en cargas administrativas; el conocimiento que tiene sobre normativas internacionales de derechos humanos aplicables en México; las acciones que propondría para que la Procuraduría ponga más atención en los derechos de las infancias y derechos sexuales.
De igual manera, preguntaron respecto si está familiarizado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos; los retos que identifica para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad; los conocimientos sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad; los sectores poblaciones que considera vulnerables y las acciones que propondría para garantizar el respeto y protección a sus derechos.
Serrato Alfaro manifestó que la PRODHEG tiene una propia área de capacitación y tienen especialidad en la materia, por lo que tendrían que estar capacitándose; que como Consejo tiene la obligación de acercarse, conocer el plan anual y revisar todas las acciones que se van a llevar a cabo en materia de discriminación; asegurarse del seguimiento que se esté dando a la violación de derechos humanos; revisar que el presupuesto se erogue de manera responsable, destinar buena parte a la capacitación del personal; y asegurarse que las personas que se acerquen a las financias estén formadas en cuanto a la sexualidad de las infancias.
Añadió que como Consejo deben hacer trabajo de campo, acercarse con las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad para, a partir de la escucha, empezar a proponer; indicó que las infancias desde la parte legislativa están bien cuidadas; y establecer mecanismos para acercarse a las escuelas y promover capacitación en estas en materia de niñas, niños y adolescentes.
En su intervención, Francisco Javier Soto Tejeda manifestó que en materia de derechos humanos hay mucho por hacer y que su interés partió de su propia experiencia como papá de un niño con discapacidad intelectual.
Las personas diputadas indagaron sobre cómo puede el Consejo Consultivo participar con otros organismos de defensa a derechos humanos; las estrategias que propondría para que sus opiniones incidan en las decisiones sin comprometer a la institución; el efecto para atender a personas privadas de la libertad; las acciones que implementaría en favor de personas con discapacidad y cómo asesoría para la elaboración del plan anual para que sea integral, efectivo y alineado a las necesidades de ese grupo.
Asimismo, profundizaron sobre las acciones para fortalecer la cultura en respeto a los derechos humanos de las personas; si consideraba oportuno que la Procuraduría capacite de manera constante a los cuerpos policiacos sobre derechos humanos; las aportaciones para mejorar la eficiencia, transparencia y el impacto del uso de los recursos asignados a la Procuraduría; cómo velaría por la no discriminación en la actuación de la PRODHEG y la percepción que tiene sobre el papel que ha desempeñado hoy la PROGHEG en la defensa de los derechos humanos de las y los guanajuatenses.
Soto Tejeda puntualizó que si bien hay progreso en la materia siempre surgen nuevas ya que no es un tema terminado; se tiene que trabajar en consensos; que el principal derecho que se tiene que revisar es la dignidad de la persona porque de ahí parten el resto; darles acompañamiento a las familias de las personas privadas de la libertad, darles seguimiento; revisar la normativa en materia de personas con discapacidad para que de verdad se cumpla; la capacitación es importante en todas las instancias siendo cadetes y policías porque muchas veces van obligados; basarse en el costo-beneficio para hacer más con menos; hacer promoción de los derechos humanos qué son, cuáles son y para qué sirven; y que hace más falta a la difusión de los derechos humanos, la PRODHEG está apagada.
El último en participar fue Ernesto Ramírez Balderas, quien también explicó que su incursión en los derechos humanos fue a raíz de su propia experiencia y la lucha por sus derechos de acceder a un trabajo, así como la discriminación que sufrió.
Las diputadas y los diputados preguntaron sobre cómo aseguraría la transparencia y la rendición de cuentas en las actividades del Consejo; cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso a derechos y las estrategias que implementaría para derribarlas; cómo pueden los lineamientos fortalecer las políticas públicas y los derechos humanos; la manera en que garantizaría que su opinión influya de forma efectiva de las acciones de la Procuraduría.
Además, profundizaron sobre el conocimiento sobre la Ley de Derechos Humanos en la entidad; si tenía identificado el sentir de la sociedad que debe ser atendida en la materia; las medidas para prevenir conflictos de interés dentro del órgano colegiado y si estaba dispuesto a participar en sesiones extraordinarias del Consejo; la experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos, así como los sectores poblacionales que considera en situación de vulnerabilidad y las acciones para garantizarles el respeto y la protección a sus derechos.
En respuesta, el aspirante mencionó que fomentaría los derechos sexuales de las personas con discapacidad que muchas veces son invisibilizados; que son grupos vulnerabilizados no se les tiene que proteger sino darles las herramientas para que ellos puedan salir adelante; hay sectores como las personas trans, el aporte va desde la perspectiva grupal, ya que cada uno tiene una experiencia con distintos grupos; que está disponible, ya que por su labor ha trabajo en las noches porque atienden a trabajadoras sexuales, en fines de semana en anexos, etcétera; y reforzar el tema de educación sexual como iniciativa que promovería.
La congresista Plásida Calzada Velázquez agradeció a todas las personas aspirantes por la participación en este ejercicio; mientras que la diputada Ana María Esquivel Arrona compartió que todos tienen experiencia en distintos rubros, que era un acervo muy rico y que estaba convencida de que apoyarán con sus aportaciones a la Procuraduría.
El legislador Jesús Hernández Hernández reconoció su valentía de participar y exponerse a una serie de preguntas, que marcaban un antes y un después de lo que quieren para el estado, y agradeció su colaboración para construir un mejor Guanajuato.
Finalmente, Calzada Velázquez instruyó a la secretaría técnica para que elabore un dictamen que contenga hasta tres propuestas para cada puesto del consejo, que en este caso son dos lugares los que se ocuparán.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se dio cuenta de cuatro propuestas legales. Se trata de dos iniciativas de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, una con el objetivo de visibilizar el concepto de identidad de género e incluir a la Secretaría de Gobierno como autoridad competente de aplicación de la normativa; la otra, a fin de garantizar el respeto a la identidad, expresión de género y dignidad póstuma de las personas de la diversidad sexual y de género,
La tercera plantea cambios a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a efecto de garantizar de mejor manera los derechos de las personas adultas mayores y la creación de un Instituto de las Personas Adultas Mayores.
La última, una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, ante las acciones de corte autoritario desplegadas por el Gobierno Federal frente a manifestaciones recientes, active de inmediato sus mecanismos constitucionales para investigar, prevenir y reparar violaciones a derechos fundamentales vinculados con las manifestaciones recientes, garantizando la restitución y reparación integral a las personas afectadas, especialmente periodistas, manifestantes, comunidades rurales y colectivos ciudadanos; así como a conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, designar personal especializado para el acompañamiento de víctimas de vigilancia, estigmatización y abusos, y emitir un pronunciamiento que reafirme la libertad de expresión, la manifestación, la protesta social, la seguridad jurídica y la protección de la integridad personal como derechos fundamentales, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, incorporando una perspectiva de género y un análisis diferenciado frente al uso desproporcionado de la fuerza pública.
