Guanajuato, Gto 18 febrero 2026. – La Comisión de Justicia aprobó el dictamen del Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.
Asimismo, se acordó dictaminar en sentido positivo las iniciativas de reforma al Código Penal estatal; primera, para garantizar el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia; y segunda, a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano precisó que la violencia vicaria es un tipo de violencia que se ejerce por razones de género; es secundaria a la víctima principal que es la mujer y que con la reforma se amplia y precisa el marco legal vigente al incorporar un tipo penal autónomo que se actualiza en el ámbito familiar, en el que pueden concurrir más delitos que por acción u omisión que constituyen violencia de género.
En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco comentó que es un tema que ha tenido un análisis con diversos antecedentes, donde la vez que se reconoció en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para el Estado de Guanajuato, el grupo parlamentario mayoritario indicó que no era necesario tipificarla, pero que la realidad de la entidad hizo cambiar la postura.
Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que lo que se propone modificar en favor de las infancias incurre en una innecesaria duplicidad normativa por romper con la estructura y sistemática que debe contener el Código Penal del estado que es un cúmulo de enunciados que contemplan sujetos, tipicidad de conductas y penas, mas no de principios generales que ya se encuentran establecidos en otra Ley.
La diputada Karol Jared González Márquez indicó que la inclusión de la protección de niñas, niños y adolescentes no es un tema repetitivo, porque cuando se habal de delitos, sanciones y justicia debe de ser un mandato expreso para que todas las autoridades lo pongan de manera prioritaria y que si de verdad se está a favor del principio de interés superior de la niñez no debería de incomodar para que esté en el Código Penal.
El legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor señaló que se entiende y se comparte la preocupación por velar por las niñas, niños y adolescentes y que se coincide que cuando se tratan de delitos contra menores existe un enfrentamiento contra una de las formas más graves de injusticia en la sociedad. Sin embargo, no se observa en la propuesta que las reformas modifiquen el sentido de las resoluciones judiciales, ni fortalezca de manera efectiva la tutela de derechos.
La congresista Susana Bermúdez Cano comentó que se tiene que dar un mensaje claro al estado de Guanajuato de protección al interés superior de la niñez y que las opiniones que se tienen de autoridades son favorables, al igual que en el pensar que plasmaron en la consulta niñas, niños y adolescentes.
En otros temas, se aprobaron las metodologías para el análisis de las tres iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, todas ellas en materia de interrupción legal del embarazo; y de la propuesta para modificar el Código Civil estatal y a la Ley de Representación Gratuita en Materia Civil con el objeto de que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como personas morales; y para que reciban representación legal de forma gratuita en el ámbito de la impartición de justicia civil.
Se acordó que las iniciativas se remitieran al Supremo Tribunal de Justicia: a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; y al Instituto de Investigaciones Legislativas. Se subirá la propuesta a la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana; y posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con las autoridades consultadas.
Por su parte, las iniciativas relativas a la interrupción legal del embarazo consultarán a la Fiscalía General; a la Secretaría de la Mujer; y a diferentes colectivos relacionados con el tema; mientras que la que tiene que ver con temas en materia civil pedirá opinión de la Secretaría de Gobierno; Secretaría de los Derechos Humanos; Tribunal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y del Consejo Estatal Indígena. Además de implementar un proceso de consulta a personas de pueblos y comunidades indígenas y solicitará a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas propuso que se realice una consulta a personas con discapacidad, toda vez que en instrumentos internacionales y nacionales se señala que en la elaboración de políticas públicas y legislación en cuestiones relacionadas con personas con discapacidad, los Estados deberán realizar consultas estrechas y tener mecanismos de escucha y colaboración con dicho sector.
Asimismo, en su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco solicitó que también se agregara a las consultas a las niñas de la entidad para tener una perspectiva de infancias al existir caso de niñas que s eles obliga a ser madres. Ambas propuestas fueron aprobadas.
En otro momento, el congresista Rolando Fortino Alcantar Rojas pidió que se agregue a las opiniones al Instituto de Investigaciones Legislativas, que y conforme a los criterios de parlamento abierto, se contemple en los colectivos a consultar a otras agrupaciones interesadas en expresar su opinión y para participar en las mesas de trabajo. Además de que se haga la elaboración de un estudio comparativo de las diferencias de las iniciativas presentadas durante la LXVI Legislatura en materia de aborto.
Por su parte, la diputada María Eugenia García Oliveros externó que los derechos de las mujeres no están a debate, por lo que instó a que se hiciera el esfuerzo de que las discusiones en las mesas de trabajo no fueran en torno a estar a favor o en contra del aborto, donde sobresalga la discusión técnica, los términos de la redacción y el dictamen, junto a indicar que no es tiempo de debatir convicciones personales, sino para cumplir con la responsabilidad de lo que ha dictaminado la Suprema Corte de Justica de la Nación.
En su intervención, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco pidió que se agregara en la metodología a más colectivos y que se complementara el estudio teniendo como parámetros la resolución del amparo 525/2024 que marca las directrices y los criterios que se tiene que seguir en favor de la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
El congresista David Martínez Mendizábal dio a conocer las agrupaciones que busca agregar a la consulta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; mientras que la diputada Susana Bermúdez Cano propuso que se agregue la resolución al amparo, pero que también se realice un estudio a fondo de las propuestas. La petición de las congresistas Bermúdez Cano, Pedroza Orozco y del legislador Alcantar Rojas fueron aprobadas.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano externó que lo que se pide es la despenalización del aborto y que no se está promoviendo hacer dicho acto, por lo que hizo un llamado a que s ele llame en la terminología correcta, junto a que se incluyan agrupaciones con ambos puntos de vista y que la apertura parlamentaria se tenga en todas las comisiones.
Mientras que la legisladora Karol Jared González Márquez externó que no se trata de estar equivocados o tener la razón, sino tener respeto a las diferentes opiniones porque cada quien ha tenido una argumentación clara en la Comisión de Justicia.
Finalmente, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor reconoció la apertura que se da a las diversas voces que no han sido escuchadas, sin importar si están a favor o en contra, y así reflejar un verdadero parlamento abierto que vea por todas y todos los sectores de la sociedad.
Dentro de la metodología de la iniciativa relativa a pueblos y comunidades indígenas, la diputada Susana Bermúdez Cano apeló a que se eliminara de la consulta al Tribunal de Justicia Administrativa por ser materia de carácter civil; quitar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que bajo sus atribuciones no se observa la atribución para opinar en iniciativas legislativas y así actuar bajo los principios de legalidad. La propuesta fue aprobada.
Avalan dictamen en materia de violencia familiar
