Guanajuato Gto 7 abril 2026.- La Diputada Local de Morena y Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Guanajuato, Edith Moreno Valencia, anunció que solicitará la apertura de mesas de trabajo incluyentes con madres de familia que enfrentan violencia y obstáculos en la movilidad de sus hijas e hijos, como parte del análisis de la llamada “Ley Cazzu” que recientemente presentó ante el pleno.
“Cuando esta iniciativa llegue a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, voy a pedir formalmente que se realicen mesas abiertas, donde las madres que han vivido esta violencia puedan participar, escuchar y aportar. Ustedes deben ser parte activa de las soluciones que buscamos”, destacó la legisladora.
Moreno Valencia explicó que, tras su presentación de la llamada “Ley Cazzu” el pasado 26 de marzo de 2026, comenzó a recibir por redes sociales decenas de mensajes con testimonios principalmente de mujeres que son violentadas mediante restricciones injustas para la movilidad de sus hijas e hijos.
“Existen muchos casos donde progenitores que no cumplen con su obligación de manutención limitan la movilidad de las niñas y niños para ejercer presión sobre la otra parte. Eso es una forma de violencia que daña a las familias y afecta profundamente a los menores. Desde que presenté esta iniciativa, he escuchado historias dolorosas de madres amenazadas o controladas a través de sus propios hijos. A todas ellas les digo: no están solas, su voz será parte de esta transformación”, expresó la diputada.
La iniciativa plantea reformas al artículo primero de la Constitución Local para impedir que progenitores ausentes o deudores alimentarios obstaculicen la movilidad de sus hijas e hijos. Asimismo, propone crear mecanismos judiciales ágiles y accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, que permitan autorizar traslados o cambios de residencia en casos de abandono parental o incumplimiento reiterado de obligaciones alimentarias.
Finalmente, la propuesta establece que, en cualquier procedimiento que implique el traslado o cambio de residencia de niñas, niños y adolescentes, las autoridades deberán priorizar los derechos a la vida familiar, la identidad y la movilidad, garantizando siempre el bienestar superior de la infancia.
