Guanajuato, Gto 16 abril 2026. – Este día, en sesión de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes se dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes y sus Familias del Estado de Guanajuato, en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.
Para su estudio se remitirá a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, quienes contarán con un término de 10 días hábiles. Además, se establecerá un enlace en la página web del Congreso del Estado para consulta y aportaciones ciudadanas.
De igual manera, se generará el proceso de consulta con las personas, grupos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes, y se celebrará una mesa de trabajo.
Finalmente, se tomaron acuerdos respecto a dos propuestas de punto de acuerdo. La primera para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que, por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, elabore, apruebe y ponga en operación un Plan Estatal de Atención a Migrantes Guanajuatenses y sus Familias.
De igual manera para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice el análisis y, en su caso, la reorientación de recursos presupuestales suficientes, medibles y verificables para la atención integral de personas migrantes guanajuatenses y sus familias, a fin de fortalecer prioritariamente: reintegración, asesoría y acompañamiento jurídico, reunificación familiar, retorno, y atención humanitaria; y por conducto de la Secretaría de Derechos Humanos, formalice un mecanismo permanente de coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular, mediante la suscripción de instrumentos de colaboración y una ruta de acción para la atención de las personas migrantes y sus familias de Guanajuato.
Al respecto se solicitó información a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría de Finanzas sobre los asuntos materia del punto de acuerdo, con plazo de 20 días hábiles.
La segunda, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que fortalezca y ejerza de manera exhaustiva los mecanismos jurídicos, diplomáticos y de protección consular disponibles, con el objeto de garantizar la defensa integral de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que pudieran ser objeto de actos de abuso, arbitrariedad o uso indebido de la fuerza por parte de agentes del servicio migratorio de los Estados Unidos de América.
Además, para que, en coordinación con las instancias competentes, diseñe e implemente un Plan Familiar de Prevención y una Red de Respuesta Inmediata, orientados a brindar información, acompañamiento y asistencia oportuna a las personas migrantes y sus familias, a fin de complementar y robustecer las estrategias jurídicas y de protección consular del Estado mexicano, bajo un enfoque de derechos humanos, unidad familiar y atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. En este punto, se acordó pedir información a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores con un plazo de 20 días hábiles para la respuesta.
Asuntos generales
En el apartado de asuntos generales el diputado Ernesto Millán Soberanes se refirió a la política migratoria de Estados Unidos y a lo acontecido con Juan Guadalupe Ramos Solano, silaoense que perdió la vida en el citado país. En ese sentido, exigió a las autoridades guanajuatenses que se esclarezcan las causas de su fallecimiento y se castigue con dureza a los responsables.
Añadió que desde la presidencia de México se dio la instrucción a los Consulados Mexicanos en aquel país para que acudan diariamente a los centros de detención, revisar si hay compatriotas y las condiciones en las que se encuentran, así como ofrecer los servicios necesarios, y subrayó que desde Guanajuato se debe de trabajar de manera coordinada en la materia.
Por su parte, el legislador Roberto Carlos Terán Ramos coincidió con los comentarios de su homólogo y manifestó que suman 15 mexicanos que han muerto en centros de detención, en los cuales la tendencia es que se tienen una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
Manifestó que como personas legisladoras deben contribuir a tener una mejor defensa a favor de los migrantes para que autoridades estatales y federales tengan previsiones en los esquemas de repatriación y se busquen aliados estratégicos legales en todos los segmentos sociales que sean amigos de México.
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