Guanajuato, Gto 25 junio 2026. – Rinde protesta J. Jesús Ricardo Santos Hernández como titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, quien durará cinco años en su cargo a partir de este día.
Además, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato para eliminar el artículo que establecía que, cuando el procedimiento se refiera al cambio de la adopción simple a plena que soliciten el adoptante o los adoptantes, el juez citará a los solicitantes y a quien habrá de otorgar su consentimiento, a la audiencia de juicio.
Como parte del orden del día se aprobó el archivo de diversas propuestas de punto de acuerdo que buscaban: exhortar al ayuntamiento del municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. a fin de que se revierta el reciente incremento a la tarifa de transporte público que resulta perjudicial para las infancias menores de seis años y para las madres jefas de familia residentes en dicho municipio; pedir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que realice un periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXVI legislatura, para la discusión y aprobación de la reducción de la jornada laboral; solicitar a la titular del Poder Ejecutivo del Estado que modificara las Reglas de Operación del programa Tarjeta Rosa.
De igual manera, exhortar al gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Gobierno y en coordinación con el Gobierno Federal, fortaleciera las inspecciones de trabajo dirigidas a verificar el cumplimiento de la legislación laboral con relación a los salarios mínimos; pedir al ayuntamiento de Guanajuato que implementara un programa de acción y lleve a cabo convenios con los prestadores de servicio que utilicen infraestructura pasiva aérea en la ciudad cuyo objeto será el retiro de cables en desuso, determinándose polígonos o zonas específicas a ser intervenidas, con un calendario de trabajo que permita ir avanzando en el retiro de los cables aéreos en todo el Municipio, no sólo la zona centro ni callejones aledaños; dos más para pedir a los ayuntamientos de Salamanca y Acámbaro en materia de aumento al transporte público.
Asimismo, para pedir a los 46 ayuntamientos contaran en su estructura principal una dependencia o unidad administrativa municipal de atención a la mujer, que proponga políticas públicas con perspectiva de género; así como, coadyuvar en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres por razones de género; pedir a la gobernadora del estado un informe sobre las medidas de atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, abarcando el periodo septiembre 2024 a septiembre 2025 con metas de cumplimiento; y once más en materia de auditorías. Mismo trámite tuvo la iniciativa que proponía crear la Ley del Árbol para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El diputado Rodrigo González Zaragoza indicó que continuarán insistiendo en asuntos como el Dolores Hidalgo C.I.N. porque los concesionarios parecen estar por encima de la autoridad y cobran a la mala el aumento de pasajes. También externó, sobre otro de los archivos, que su grupo parlamentario continuará insistiendo a nivel nacional y local para que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sea una realidad inmediata, por la relevancia en la agenda social construida a partir de foros y mesas de trabajo con colectivos, sindicatos, transportistas y choferes de la iniciativa privada bajo un marco jurídico de avanzada a nivel mundial.
Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes habló sobre el archivo de la propuesta relativa a las reglas de operación de la Tarjeta Rosa y comentó que se cuestionaba la focalización, la cual debe ser objetiva y responder a la realidad de todas las mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad. Indicó que no se responden de fondo los cuestionamientos y debió haber sido atendida la propuesta.
En su oportunidad, sobre el mismo tema, hicieron uso de la voz para hablar a favor las congresistas Ana María Esquivel Arrona y Angélica Casillas Martínez.
Esquivel Arrona indicó que el programa de apoyo a las mujeres jefas de familia y madres jóvenes representa el cimiento sobre el cual se construyen familias más fuertes en la entidad, además de que la política pública en cuestión ya se encuentra plenamente sustentada en reglas de operación claras, diagnósticos reales, mecanismos de seguimiento y órganos colegiados que garantizan transparencia, objetividad y certeza en la toma de decisiones.
En su oportunidad, la congresista Angélica Casillas Martínez comentó que la mayor legitimidad de las políticas públicas proviene de sus resultados tangibles y no de los discursos, toda vez que el programa de la Tarjeta Rosa tiene el reconocimiento por mostrar un acompañamiento del gobierno hacia los proyectos de vida de las beneficiarias, lo que ocasionó que dicha política pública sea respaldada por la propia ciudadanía.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano habló en contra del archivo de mejorar los salarios mínimos y externó que durante años en la entidad se han registrado bajos salarios, personas que aun con empleo encuentran dificultades para cubrir sus necesidades básicas y refleja que el empleo por sí solo no garantiza condiciones de vida dignas. Apuntó que el exhorto era asumir un compromiso con salarios dignos y atención a los jóvenes.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna las personas diputadas Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Ana María Esquivel Arrona. Contreras Guerrero señaló que a pesar de compartir la urgencia de generar bienestar para la población, el proyecto analizado carece de los elementos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para atender de manera efectiva un problema tan complejo como la pobreza laboral, junto que los argumentos de la propuesta original han quedado superados por la realidad, toda vez que los indicadores oficiales muestran que el porcentaje de la población en esta condición disminuyó del 39.6% al 32.7% en el primer trimestre del año.
Por su parte, la legisladora Ana María Esquivel Arrona externó que compartían la preocupación por las personas trabajadoras, la conveniencia de las supervisiones, la pobreza laboral y los salarios dignos, pero que también se tenían que atender los datos recientes en los que se muestran avances en cada uno de los factores y que diferían del método utilizado en la propuesta.
La congresista Maribel Aguilar González habló en contra de la propuesta para archivar la remisión de un informe anual sobre las medidas de atención a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Comentó que el dictamen partía de una premisa equivocada, consideraba que perdía materia únicamente porque la autoridad respondió, pero que eso no era resolver, y que el problema que dio origen a la propuesta seguía presente.
En rectificación de hechos, la legisladora Susana Bermúdez Cano indicó que lo que se solicitaba ya formaba parte de los mecanismos para la atención de la Alerta de Género.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero habló en contra del archivo de diversas propuestas de fiscalización, enfocándose en la compra del predio El Cortijo en el municipio de Silao, al mencionar que se denunciaba la compra en sobreprecio de un terreno, que tenía deudas catastrales y que la adquisición se hizo comprometiendo deuda plurianual sin el debido sustento legal.
Consideró que los silaoenses requieren respuestas, pero que en Comisión se comentó que se iba a proponer la auditoría respecto a la compra del citado terrero, ya que se estaba llevando la revisión de 2025 y ahí entrarían a su revisión.
En su intervención el legislador Ernesto Millán Soberanes manifestó que archivar el asunto representa una salida fácil frente a un posible desvío de recursos públicos que asciende a más de 80 millones de pesos, luego de que el municipio utilizó un avalúo que fijó el valor del predio en una diferencia de 39 millones de pesos.
Agregó que el inmueble tiene diversos cuestionamientos graves como adeudos del impuesto predial y la presencia de una falla geológica en su interior, elementos que califican como factible realizar la revisión de dicha compraventa durante el ejercicio fiscal, recomendando su incorporación en la planeación de la cuenta pública e incluso su seguimiento en los ejercicios posteriores.
Finalmente, precisó que, aun cuando el propio contralor municipal se había comprometido en mesas de trabajo a integrar la solicitud en las revisiones vigentes, la mayoría optó por el encubrimiento y demostrar complicidad con la opacidad de la administración de Silao.
En rectificación de hechos, la congresista Karol Jared González Márquez expresó que los señalamientos serán parte de la cuenta pública que está en curso, es la razón por la que no se veía necesaria hacer un hecho sobre hecho. Simplemente se tienen que esperar los resultados del informe de resultados 2025.
Por su parte, el congresista José Erandi Bermúdez Méndez manifestó que la Auditoría no tenía ni el recurso ni el personal para resolver lo que venía a proponer, y expresó que el dictamen se tenía que votar expediente por expediente, por lo que votaría en contra. En rectificación de hechos, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que la pregunta persistía: por qué a León una auditoría específica y a Silao conformarse con la revisión de la cuenta pública, y que la ASEG sí contaba con los recursos y, si no, podía contratar.
Asuntos generales
La diputada Miriam Reyes Carmona habló acerca de cobros que se hacen a habitantes de comunidades rurales de Guanajuato capital por conceptos de drenaje y saneamiento cuando la mayoría no cuenta con esos servicios, por lo que pidió que se esclarezcan los hechos e impere el principio de transparencia y rendición de cuentas.
En su intervención, el legislador Rolando Fortino Alcantar Rojas hizo señalamientos sobre la disminución de la afiliación al seguro social, donde llama la atención la simulación de la afiliación de trabajadores de plataformas de entrega al seguro social, luego de que las personas no pueden hacer uso de los servicios de salud y que deja ver la necesidad de hacer las correcciones pertinentes para asegurar a 1 millón y medio de personas.
En el marco de la conmemoración del Día Olímpico, el diputado Jesús Hernández Hernández habló sobre los deportistas olímpicos y el orgullo que significa representar su país. Comentó que el triunfo es fruto de la constancia, la disciplina y el entrenamiento, y que el deporte debe entenderse como una herramienta de cambio, así como futuro para el país.
En otro asunto, el legislador externó que las personas con discapacidad han ganado, ya que se presentó un gran avance sobre la deuda que se tenía con las personas con discapacidad, porque la pensión no contributiva para personas con discapacidad será una realidad. En ese sentido, anunció que ya se cuenta con la iniciativa en la materia para que se lleve a cabo. En rectificación de hechos, el congresista Antonio Chaurand Sorzano comentó que se trataba de justicia social, lo que pronto se aprobará.
El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza expresó su reconocimiento a la diputada Martha Edith Moreno Valencia por conducir los trabajos legislativos al frente de la Mesa Directiva con convicción institucional, respeto y responsabilidad, y que es la primera ocasión en que el grupo parlamentario de Morena ocupó tanto la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política como la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato.
En su oportunidad, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco se refirió a la propuesta de punto de acuerdo que se presentó para exhortar al municipio de León para controlar el gusano barrenador, pero que ya se informó que se habían reforzado los protocolos de bioseguridad, capacitado a su personal, solicitado recursos extraordinarios para implementar diversas acciones por lo que mucho de lo solicitado ya estaba atendido, y era legítimo preguntar si realmente abonaba en algo.
Al hacer uso de la voz, el congresista José Erandi Bermúdez Méndez habló sobre el exhorto que hay que hacer a la CONAGUA y a SAPAL, sobre todo, así como a los organismos municipales por donde pasa el Río Turbio, y anunció que ya contaba con la propuesta de punto de acuerdo.
Por su parte, la congresista Yesenia Rojas Cervantes externó su preocupación por la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México que propone modificar la forma de elección de la diputación migrante, cuando se debe respetar que las candidaturas correspondan a personas migrantes y que sean las propias personas migrantes quienes decidan quién debe representarlas.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks manifestó que era la última sesión del segundo año legislativo y que había sido una sesión intensa. Agregó que el control gubernamental tiene dos caras: cómo el Congreso controla a un gobierno y cómo un gobierno quiere controlar a un Congreso. Apuntó que lo que se esperaba de todos era eficiencia, resultados, austeridad, honradez, transparencia, cero corrupción; y que las auditorías adicionales llegaban porque no se obtenían los resultados que se esperaban.
