Guanajuato, Gto 12 mayo 2026. – En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales se aprobó el dictamen exhortar a los ayuntamientos de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Doctor Mora, Guanajuato, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para que adecuen sus instrumentos normativos conforme a lo dispuesto en la Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato, e implementen la organización y funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia cívica, previendo para ello los recursos humanos, materiales y presupuestales necesarios.
Como parte del orden del día se dio cuenta de siete propuestas legales y sus metodologías de análisis. Dos proponen cambios a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios para el Estado de Guanajuato. Una, con el objeto de establecer la paridad de género en la administración pública municipal, además de la adhesión a reglas claras para garantizar la observancia de dicho principio; la otra, en materia del proceso electoral judicial, político-electoral e integración de ayuntamientos.
La primera se enviará a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, con un plazo de 15 días hábiles; la segunda al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, con término de 5 días naturales. Ambas se mandarán a la Consejería Jurídica, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a los 46 ayuntamientos, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Mismo trámite tuvieron cinco propuestas de punto de acuerdo. La primera busca exhortar al presidente municipal de Celaya, a efecto de que informe al Ayuntamiento y a la ciudadanía si se ha realizado el estudio que sustente la eventual extinción de organismos descentralizados; que precise el procedimiento seguido para la contratación de dichos servicios, incluyendo sus alcances, criterios y condiciones, y que haga público, en su caso, el dictamen técnico correspondiente de manera íntegra y detallada.
Asimismo, a que el proceso de reingeniería administrativa no derive, bajo ninguna circunstancia, en la supresión o debilitamiento de los mecanismos de participación ciudadana, garantizando de manera expresa que los consejos directivos y órganos ciudadanos conserven íntegramente sus facultades de vigilancia, control y contrapeso, en cualquier propuesta que, en su caso, se haya presentado o se pretenda implementar.
La segunda, para solicitar a los ayuntamientos que informen la situación que guarda el acceso a la atención médica de servidoras y servidores públicos municipales y sus familiares; así como al Ayuntamiento de San Miguel de Allende para que modifique su normativa interna y sus prácticas administrativas a fin de garantizar que las personas servidoras públicas puedan registrar como beneficiarias de atención médica a conyugues o concubinos y concubinas, en condiciones de igualdad y no discriminación.
La tercera, a efecto de pedir a los ayuntamientos de Atarjea, Pénjamo, Jerécuaro, Salvatierra, San Luis de la Paz y Tierra Blanca, para que realicen a la brevedad las acciones normativas necesarias para revisar, actualizar y armonizar sus reglamentos en materia de tránsito, movilidad, vialidad, transporte y demás disposiciones vinculadas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como con la legislación municipal vigente, a efecto de sustituir cualquier referencia al salario mínimo como base para el cálculo de multas, infracciones o sanciones administrativas por la Unidad de Medida y Actualización, garantizando con ello los principios de supremacía constitucional, legalidad, certeza jurídica, proporcionalidad y seguridad jurídica en beneficio de sus personas gobernadas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La cuarta para exhortar a la titular de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Irapuato, Patricia Aguilar Gallardo para que, realice una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la presentación y aprobación formal del Programa Municipal de Seguridad Pública y Prevención del Delito; la presentación tardía e incompleta de los informes trimestrales, así como la omisión en la elaboración de un protocolo de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad en los centros de rehabilitación y riesgos a derechos fundamentales como posible encubrimiento en abuso de autoridad.
La última, con la finalidad de solicitar al Ayuntamiento de Guanajuato que presente y apruebe los Programas de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el municipio de Guanajuato; así como que actualice y armonice adecuadamente el Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Guanajuato conforme a la legislación vigente.
Al respecto, se acordó solicitar información a las autoridades involucradas en cada uno de los exhortos con plazo de 15 días hábiles y se realizarán mesas de trabajo.
Además, se dio seguimiento a las metodologías de análisis de cuatro propuestas legales. Una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer la supervisión y evaluación de los organismos paramunicipales y fideicomisos. Al respecto se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el 20 de mayo a las 10 horas.
Las otras tres son propuestas de punto de acuerdo que buscan exhortar a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en uso de sus facultades tienda puentes de diálogo con el Gobierno Municipal de Guanajuato, para que este se abstenga de realizar actos y acciones que contravengan las leyes estatales, al respecto se acordó dictaminar en sentido negativo.
En cuanto al que busca exhortar a los 46 municipios del Estado de Guanajuato para que realicen un análisis partiendo de la economía de la ciudadanía, verificando los impactos económicos que se tendrían con un aumento a las tarifas del transporte público; así también para que, en un plazo no mayor a 90 días, informen sobre la adecuación y expedición de los reglamentos y demás disposiciones para su cumplimiento, en materia de armonización con la reciente reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios; a los 46 ayuntamientos para que expidan o actualicen su Reglamento Municipal en materia de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial, asegurando su congruencia con la Constitución, la Ley de Movilidad del Estado, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-004-SEDATU2023, en un plazo no mayor a 90 días naturales; el Reglamento de Tránsito, a fin de tipificar y sancionar la obstrucción de banquetas, invasión de pasos peatonales, colocación de obstáculos y el incumplimiento de rampas y cruces accesibles, garantizando el derecho de paso preferencial de la persona peatona; y aprueben un Plan Anual de Infraestructura Peatonal con horizonte multianual (mediano y largo plazo), que incorpore metas e indicadores verificables —kilómetros de banqueta accesible, número de cruces seguros, porcentaje de esquinas con rampas funcionales y reducción anual de atropellamientos, entre otros—, así como su programación presupuestal y fuentes de financiamiento, bajo el principio de progresividad.
Se acordó elaborar el dictamen en sentido positivo únicamente en lo relativo a la adecuación de los reglamentos.
Finalmente, se aprobaron los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato que tenía por objeto de garantizar la transparencia en las concesiones públicas municipales y estatales; así como del punto de acuerdo que buscaban exhortar al Municipio de Guanajuato, para que, dentro de sus facultades, iniciara el procedimiento de remoción del secretario de Seguridad Pública; así como a la presidenta municipal para que destituyera al director general de Servicios Jurídicos.
