Guanajuato, Gto 12 octubre 2026. – El Congreso del Estado de Guanajuato dio inicio con la etapa de consulta a personas con discapacidad para analizar el primer bloque de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos, con la finalidad de recopilar opiniones, sugerencias y experiencias de sectores de la sociedad a los que impactan las leyes o modificaciones.
Seguridad, justicia y protección frente a la violencia
Se analizaron 3 iniciativas de reforma al Código Penal; primera, para aumentar la pena del delito de acecho cuando la víctima es persona con discapacidad; segunda, con el fin de aumentar la pena de acecho y ordenar que se persiga de oficio cuando la víctima es persona con discapacidad; tercera, con el objetivo de proteger frente a delitos de corrupción y explotación sexual a personas no tienen capacidad para comprender o resistir el hecho.
Así como la que busca modificar la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género, para que el Registro Estatal de Violencias registre los casos con enfoque de discapacidad.
Las personas consultadas cuestionaron si el agravante referente a la falta de capacidad para comprender alude a la discapacidad intelectual, lo que podría reflejar una visión con sesgo si no se delimita con precisión técnica; señalaron que perseguir ciertos delitos de oficio puede perjudicar o disuadir a las víctimas de denunciar por miedo a represalias, por lo que sugirieron que se proceda por querella, permitiendo que los superiores inmediatos avisen a la autoridad pero salvaguardando la voluntad de la persona afectada; y recalcaron la urgencia de alinear los procedimientos judiciales y administrativos al modelo social de derechos humanos, aumentando las penas cuando los delitos sean cometidos contra personas con discapacidad debido a su situación de mayor vulnerabilidad.
Salud, salud mental y rehabilitación
En este apartado se analizaron 5 diferentes iniciativas que buscan reformar la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género y la Ley para las Juventudes, con relación en la atención médica, salud mental para personas jóvenes y con condición del espectro autista, así como rehabilitación.
Señalaron la oportunidad de transformar el capítulo correspondiente en la legislación local para alinearlo con los estándares internacionales y el enfoque comunitario y de derechos humanos derivado de las reformas nacionales de 2022, apostando por la atención en hospitales generales y comunitarios, así como evitando la institucionalización segregada; indicaron la falta de centros públicos especializados y suficientes en el estado para diagnosticar y dar seguimiento adecuado a personas con autismo y otras neurodivergencias, tanto en la infancia como en la edad adulta; e insistieron en la necesidad de crear espacios de asistencia residencial dignos en cada municipio para personas con discapacidad severa.
Apoyos económicos, cuidados y asistencia Social
También, se preguntó acerca de 4 diferentes iniciativas para reformar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad y la Ley del Sistema Estatal de Cuidados Integrales, relativas a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente y su relación con el nuevo Sistema Estatal de Cuidados.
Las personas con discapacidad y sus representantes exigieron erradicar términos obsoletos en ordenamientos sustituyéndolos por lenguaje inclusivo arraigado estrictamente en el modelo de derechos humanos; respaldaron la necesidad de concretar la pensión no contributiva para cubrir el rango de edad no atendido por la federación, enfatizando que esta asignación económica sirve para compensar los sobrecostos que enfrenta una persona con discapacidad, ya sea por medicamentos, insumos y traslados, aun percibiendo el mismo salario; propusieron descentralizar y ampliar los centros certificadores de discapacidad en todo el estado para evitar discrecionalidad y facilitar el acceso a los apoyos mediante un enfoque psicosocial y de barreras del entorno; y pidieron que no se tengan misiones respecto a las necesidades específicas de apoyo humano y técnico para las actividades de la vida diaria, evitando sobrecargar física y emocionalmente a las personas cuidadoras.
Accesibilidad, Cultura, Deporte y Turismo Inclusivo
Finalmente, se escucharon las aportaciones sobre 4 iniciativas que buscan modificar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, la Ley de Turismo, la Ley de Cultura Física y Deporte y la Ley de Derechos Culturales; todas ellas del Estado de Guanajuato; en materia de obligaciones de accesibilidad física e comercios y hospitales, junto a medidas de inclusión en cultura, deporte y turismo.
Las personas consultadas denunciaron la constante obstrucción de banquetas, rampas y cajones de estacionamiento reservados por parte de ciudadanos sin empatía o por omisiones de planeación urbana, exigiendo sanciones efectivas; valoraron positivamente la propuesta de placas inclusivas en destinos turísticos, pero se recalcó que se requiere garantizar rutas táctiles continuas, rampas funcionales y transporte público verdaderamente adaptado; y criticaron el enfoque de concebir ciertas disciplinas meramente como ejercicios breves de concientización para personas sin discapacidad, sugiriendo enfocarlo como una disciplina deportiva inclusiva y de participación conjunta, eliminando además condicionantes presupuestales que sirvan de pretexto para no producir materiales en formatos accesibles como audiolibros.
Al hacer uso de la voz, la diputada Plásida Calzada Velázquez subrayó que el desafío principal para la actual legislatura radica en crear consensos reales que integren eficazmente los comentarios vertidos en las mesas, junto a enfatizar la urgencia de consolidar la pensión no contributiva, argumentando que, si bien esta asignación económica no resuelve por completo las barreras cotidianas, sí resulta indispensable para aliviar las dificultades de este sector.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal enfatizó que el sistema de cuidados constituye el marco integral de donde deben desprenderse los servicios garantizados por el gobierno, resaltando la relevancia histórica de la pensión no contributiva para personas de 30 a 64 años, además de lamentar que la respuesta oficial emitida por el Ejecutivo pretenda encuadrar este apoyo únicamente como un servicio asistencial en lugar de un derecho pleno.
Agregó, que desde la perspectiva de derechos humanos e igualdad sustantiva, esta pensión no vulnera la autonomía de los beneficiarios, sino que ayuda a derribar las barreras económicas y sociales que impiden la participación de las personas con discapacidad en la vida comunitaria, considerando además que vivir con esta condición genera sobrecostos inevitables.
Por su parte, la congresista Ana María Esquivel Arrona expresó que escuchar de primera mano a las personas con discapacidad y a los distintos sectores gubernamentales resulta enriquecedor para evitar diseñar leyes alejadas de la realidad y reconoció la necesidad de corregir el uso de conceptos inadecuados en los proyectos de ley e incorporar formalmente el modelo social y de derechos humanos con un enfoque transversal, abordando la discapacidad desde la dimensión psicosocial.
Añadió que diseñar espacios e infraestructura con perspectiva de inclusión permanente no debería implicar incrementos presupuestales desmedidos si se concibe desde la planeación inicial de las obras públicas, y ratificó el compromiso de todas las fuerzas políticas para construir una sociedad más respetuosa e incluyente a partir de las propuestas recibidas.
Finalmente, la diputada Yesenia Rojas Cervantes agradeció las aportaciones del auditorio al señalar las fallas institucionales existentes y ayudar a comprender cómo las decisiones legislativas impactan de manera directa en su vida cotidiana. También, destacó que el diálogo en estas mesas permite fortalecer el marco normativo a partir de la experiencia directa de quienes enfrentan barreras cotidianas para acceder a la justicia, a la salud y a los servicios de cuidado indispensables para la vida independiente.
