Guanajuato, Gto 24 julio 2025. – En el apartado de asuntos general de la pasada sesión de la Diputación Permanente, el diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a fin de que lleve a cabo una auditoría integral de los estados financieros relacionados con los contratos celebrados entre la empresa Seguritech y el Gobierno del Estado de Guanajuato.
En el documento se menciona que, el pasado 23 de julio del presente año un medio de comunicación presentó la investigación denominada “La Casa de Diego Sinhue” en donde se detallan vínculos con la empresa Seguritech, que fue contratada en el sexenio del exgobernador.
Se precisa que, en 2013, la referida empresa tuvo un contrato con el gobierno del estado para la implementación del programa denominado Escudo, del 2012 al 2018. Dicho programa representó un financiamiento de 2 mil 700 millones de pesos durante el citado sexenio.
No obstante, se apunta que identificaron irregularidades por parte del Órgano de Fiscalización Superior en el proceso de adjudicación directa a través del cual la administración estatal otorgó el mencionado contrato. Añadió que, la evidencia demuestra que los supuestos servicios de vigilancia son deficientes y no sirvieron para frenar la inseguridad en la entidad.
Además, se puntualiza que tanto la administración estatal anterior como la actual, mantienen esquemas de adjudicación directa, sin procesos de licitación pública que garanticen transparencia, competencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, además de que la información en estos casos se categoriza como reservada para proteger la seguridad pública.
Finalmente, se expresa que esas adjudicaciones se otorgaron a empresas con antecedentes cuestionables tanto por su ineficiencia operativa y reputación; y se cita que, en los últimos nueve años Seguritech obtuvo contratos por un monto superior a los 2 mil 800 millones de pesos de los cuales, dentro del mandato del anterior gobernador, en 2019, se pagó la cantidad de 2.2 millones de pesos por un proyecto integral.
