Guanajuato, Gto., 4 noviembre 2026-La pensión para las personas con discapacidad permanente debe garantizarse como un derecho y no quedar sujeta a decisiones discrecionales de funcionarios o comités de selección, sostuvo el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, durante la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Plasida Calzada.
En el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, que plantea establecer una pensión no contributiva estatal para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, el legislador cuestionó que la propuesta presentada por el PAN y el PRD mantenga un modelo focalizado de apoyos, en lugar de avanzar hacia un esquema universal que garantice el acceso a esta prestación sin filtros discrecionales.
Martínez Mendizábal explicó que ambos modelos representan visiones distintas de política social: mientras uno condiciona el acceso al apoyo a la valoración de comités integrados generalmente por funcionarios públicos, el modelo universal reconoce que la discapacidad permanente es suficiente para garantizar este derecho.
El diputado recordó que Morena ha impulsado desde el Congreso local un esquema universal, en congruencia con la política de bienestar del Gobierno Federal, bajo el principio de que los derechos sociales no deben depender de criterios políticos ni de la voluntad de quienes administran los recursos públicos.
En materia presupuestal, sostuvo que Guanajuato cuenta con capacidad financiera para hacer realidad esta pensión. Señaló que, frente a un presupuesto estatal de aproximadamente 140 mil millones de pesos, el costo estimado de la prestación rondaría los 3 mil millones de pesos.
“Dinero hay, lo que no hay es voluntad política para de veras, otorgar esta compensación económica para personas con discapacidad”, expresó.
El legislador puntualizó que la pensión no representa una solución integral a todas las necesidades de las personas con discapacidad ni sustituye las obligaciones del Estado en materia de salud, rehabilitación, educación, movilidad, accesibilidad y ayudas técnicas. Por el contrario, constituye un derecho complementario que debe acompañarse de políticas públicas y servicios que garanticen una verdadera inclusión.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales, particularmente cuando su operación depende de comités que deciden quién puede acceder a los apoyos y quién queda excluido.
En ese sentido, cuestionó quiénes integrarían dichos comités, cuáles serían los criterios para seleccionar a las personas beneficiarias y qué garantías existirían para impedir que la entrega de recursos quede sujeta a intereses políticos o decisiones discrecionales.
Como antecedente, hizo referencia a los señalamientos relacionados con la operación de programas sociales estatales y la posible intervención de estructuras gubernamentales en procesos electorales, por lo que insistió en la importancia de establecer reglas claras, mecanismos de vigilancia y criterios transparentes que impidan cualquier uso indebido de los apoyos.
En la mesa de trabajo participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, el DIF Estatal, la Secretaría de Salud, así como asesores de los distintos grupos parlamentarios y personal de diversas áreas del Congreso del Estado.
Desde Morena, la postura es clara: la discapacidad no puede convertirse en un criterio para excluir, condicionar o administrar políticamente los derechos de las personas. La pensión debe garantizarse con universalidad, dignidad y justicia social.
