Guanajuato, Gto 4 octubre 2026. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó una mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, con el propósito de establecer un marco jurídico que garantice una pensión no contributiva estatal para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Se externó, que los ajustes razonables y las medidas específicas de acción afirmativa no deben confundirse, ya que los primeros constituyen una obligación directa de no discriminación, mientras que las segundas implican un trato preferente destinado a corregir la exclusión histórica y sistémica de las personas con discapacidad.
Asimismo, se enfatizó que el principio de participación genuina obliga a los Estados a mantener consultas estrechas y colaboraciones activas con las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en cualquier proceso legislativo o administrativo que les afecte de forma directa o indirecta.
Se precisó que la pensión debe concebirse como una prestación económica periódica individual destinada a un nivel de vida adecuado y a compensar desventajas económicas, manteniendo los servicios de rehabilitación, accesibilidad y ayudas técnicas como apoyos complementarios e indispensables, pero sin pretender que una transferencia monetaria supla las obligaciones públicas integrales.
se señaló que las personas con discapacidad no forman un grupo homogéneo, por lo que resulta necesario establecer reglas claras de elegibilidad, priorización temporal para la incorporación progresiva de quienes enfrentan mayores barreras y mecanismos transparentes de revisión sin que esto último signifique una exclusión permanente, además de recomendar una alineación de la normativa local con el marco federal vigente y la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA-2023, utilizando el Certificado Electrónico de Discapacidad como la herramienta estándar para evitar duplicidades y otorgar plena certeza jurídica.
Finalmente, se valoró de manera positiva la creación de un padrón estatal de personas beneficiarias que funcione como un instrumento administrativo de control y transparencia y se concluyó en que la progresividad de estos derechos debe respaldarse con una planeación presupuestaria adecuada, metas de cobertura verificables y una coordinación interinstitucional eficiente entre el Estado y los municipios para garantizar recursos suficientes, sostenibilidad y un impacto real en la justicia social de las familias guanajuatenses.
Al hacer uso de la voz, el diputado Jesús Hernández Hernández destacó que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables tiene ante sí la oportunidad de cumplir con un mandato constitucional y una realidad verificable para las familias guanajuatenses a través de la iniciativa sobre la pensión no contributiva para personas con discapacidad.
Asimismo, detalló los puntos clave que debe plasmar la iniciativa, tales como la pensión económica periódica en efectivo, además de bienes, servicios, ayudas técnicas, rehabilitación, educación, accesibilidad universal y apoyos para la vida independiente.
También, resaltó la importancia de la acreditación única mediante un certificado electrónico de discapacidad y la incorporación de acciones afirmativas, priorización para quienes enfrentan mayores barreras, delimitación de responsabilidades entre el Estado y los municipios, un padrón sujeto a la protección de datos personales y metas de cobertura verificables.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal señaló que existe un debate entre el modelo universalista y el modelo focalizado en la entrega de apoyos, destacando que el primero ha demostrado mayor eficiencia, menor gasto en intermediarios y una inclusión superior y explicó que la pensión debe entenderse estrictamente como una aportación económica destinada a compensar los costos de vida adicionales y los gastos extras que enfrentan las personas con discapacidad, los cuales no son asumidos por quienes no tienen esta condición.
Asimismo, recalcó que la transferencia monetaria por sí sola no cubre la totalidad de los derechos humanos, por lo que debe complementarse con servicios públicos de salud, rehabilitación, educación y transporte, tal como ya lo realiza el gobierno federal.
Finalmente, criticó que la iniciativa retome definiciones de las reglas de operación de programas del bienestar, pero mantenga un enfoque focalizado en lugar del modelo universalista, reiterando que la postura es que la pensión se otorgue en términos económicos claros con el respaldo de servicios complementarios integrales.
