CD MEXICO 17 de marzo de 2021.- La Misión de Acompañamiento Internacional del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes México 2021, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo la presentación de su informe, el cual considera el manejo de la pandemia del COVID-19, la polarización, complejas relaciones interinstitucionales, la violencia y la influencia del crimen organizado, así como la desinformación y noticias falsas, como cinco factores relevantes que afectan los comicios.
Estos cinco factores, señala el documento, deben ser puestos en el radio de atención no sólo por las autoridades electorales, sino por el conjunto de poderes públicos, partidos políticos y actores directamente o indirectamente involucrados en el acompañamiento del proceso electoral 2021.
En conferencia de prensa y en representación de la Misión, Liza García, quien presidió la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe conocido como el “Protocolo de Tikal”, explicó que la Misión se organizó bajo la coordinación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Centro de Asesoría y Promoción Electoral conocida como CAPEL, “con el propósito de aportar una mirada independiente y constructiva sobre las condiciones de desarrollo del Proceso Electoral Federal y concurrente, que se celebrará el próximo 6 de junio”.
Este primer Informe, dijo, se basa en una serie de intercambios virtuales, sostenidos del 1 al 15 de febrero de este año, con las autoridades electorales del INE; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); instituciones públicas con un papel activo en el proceso electoral; algunos partidos políticos que participan de esta contienda y representantes de la sociedad civil.
Al presentar el informe, Eduardo Núñez, director de NDI en Guatemala y también director del Programa de Seguridad Pública de Centroamérica, sostuvo que el proceso electoral 2021, “por su magnitud, su contexto y sus desafíos amerita generar marcos de confluencia entre actores institucionales, actores no estatales estratégicos, partidos políticos, candidaturas no partidarias y la comunidad internacional que podemos, en carácter de testigo, acompañar este proceso político que se desarrolla de manera autónoma y soberana, la sociedad mexicana”.
Precisó que este primer informe de acompañamiento, hasta en tanto no se realicen las elecciones el 6 de junio y su calificación, “no es un informe exhaustivo o comprensivo de carácter general o integral, sino un informe que busca enfocarse en aquellos temas que consideramos más relevantes a esta altura de desarrollo del proceso electoral”.
Cinco elementos de atención prioritaria
La Misión da cuenta de cinco elementos que “considera prioritarios; elementos contextuales que van más allá de los mandatos o de las atribuciones de las autoridades electorales federales y locales, pero que tienen que ser puestos en el radio de la atención de éstas, de los actores políticos estratégicos de los partidos y, por supuesto, de los otros poderes públicos”.
Primero, la pandemia del COVID-19 y sus efectos sociales, políticos y económicos. En este punto, la Misión considera que se requiere una apropiada y efectiva coordinación interinstitucional entre las autoridades del ejecutivo federal, las entidades federativas y el Instituto Nacional Electoral “para garantizar que las disposiciones en materia de salud no afecten de manera imprevisible la organización de los comicios”.
Necesario moderar narrativas
En segundo lugar, la polarización política y sus efectos sobre las instituciones y el proceso electoral, así como principales actores de la sociedad mexicana, la cual, “genera un intenso y contradictorio clima de opinión pública, que potencialmente puede reducir el espacio para el debate informado, propicia la expansión de prácticas de desinformación, potencia la descalificación del pensamiento diferente y puede generar un entorno marcadamente emocional para las elecciones”, por lo que se hace un llamado a los actores políticos y sociales a moderar sus narrativas.
En tercer lugar, complejas relaciones interinstitucionales. El informe menciona que las relaciones institucionales entre poderes públicos y órganos autónomos tanto a nivel federal como entre éstos y los órganos de gobierno a nivel de las entidades federativas constituyen un amplio desafío en este proceso electoral 2021.
Por ello, subraya la necesidad de encontrar equilibrios y marcos de cooperación interinstitucionales “basados en el respeto irrestricto a la autonomía de las autoridades electorales es un asunto fundamental para la integridad de las elecciones. El cuestionamiento a la idoneidad de la autoridad electoral conlleva a la instalación de la duda sobre las elecciones como institución clave de la democracia y entraña riesgos de legitimidad para las autoridades, que finalmente puedan resultar electas en el marco de este proceso electoral”.
En cuarto lugar, los riesgos de la violencia y de la potencial influencia de la criminalidad organizada sobre las elecciones. En este punto, se considera que el fenómeno de la violencia delictiva y la creciente expansión del crimen organizado en ciertos territorios de la República son factores que ameritan una mirada atenta y una incorporación temprana en las estrategias de gestión del proceso electoral.
“Esto remite a la necesidad de generar una estrategia de prevención de la violencia electoral, pero también la gestión de los potenciales condicionamientos que las redes criminales y otros actores de la violencia delictiva puedan tener sobre el proceso”, señaló Eduardo Núñez.
Noticias falsas afectan las elecciones a nivel global
Finalmente, el quinto factor que la Misión considera debe ser atendido prioritariamente son las redes sociales, el combate a las noticias falsas y voto informado, ya que la es un fenómeno global que afecta a las elecciones y otros ámbitos de las actividades públicas y privadas.
“Resulta determinante generar marcos para limitar el efecto de distorsión que puede tener sobre la integridad de las elecciones, en tanto puede ser un factor que induzca miedos; narrativa de odio; incentivos a la violencia; descalificaciones personales e institucionales, información que pueda disuadir o inducir el voto; generar dudas sobre las elecciones y las autoridades electorales, entre otros potenciales efectos dañinos sobre la integridad de las elecciones”, agregó.
Asimismo, la Misión de Acompañamiento reconoce que las autoridades electorales mexicanas cuentan con capacidades suficientes y demostradas para organizar, administrar y regular este proceso electoral y considera prioritario atender los siguientes elementos:
- Reforzar los marcos de coordinación interinstitucional, a nivel federal entre éste y las autoridades de gobierno de las entidades federativas, para asegurar el mejor alineamiento posible en torno a los desafíos, como los impactos del COVID y la gestión de las potenciales manifestaciones de violencia.
- Reducir las narrativas de confrontación y polarización, asumiendo que las elecciones deben configurarse como un fecundo espacio de deliberación política que coadyuve a que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos y participe activamente del ejercicio electoral.
- Fomentar campañas de información temprana e iniciativas institucionales y no estatales, para reducir los efectos de la desinformación.
- Generar los marcos institucionales apropiados para reducir toda manifestación de violencia que pueda afectar tanto la administración del proceso electoral como la contienda política y la participación efectiva de los y las electoras.
- Respetar la autonomía de las autoridades electorales y potenciar sus capacidades para gestionar el proceso tanto desde la perspectiva regulatoria como de la impartición de justicia y la administración electoral y,
- Prevenir la erosión de la confianza en el proceso electoral mediante la vigilancia activa, pero respetuosa de partidos políticos, organizaciones que realizan observación sistemática de las elecciones, medios de comunicación y cualquier otro actor mexicano interesado en proteger la integridad de estas elecciones.
La Misión de Acompañamiento está conformada por el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) del INE, Manuel Carrillo Poblano; el Director de Estudios y Proyectos de la CAI, Carlos Navarro; Liza García, quien Presidió la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe conocido como el “Protocolo de Tikal”; Fernando Tuesta Soldevilla, de Perú, quien fue Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE); Eduardo Núñez, de Guatemala, director del National Democratic Institute (NDI) y también director del Programa de Seguridad Pública de Centroamérica.
Asimismo la conforman: Erasmo Pinilla, de Panamá, quien fue Presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que aglutina a todos los organismos electorales del Continente Americano; Eugenio Chicas Martínez, miembro de la Junta Directiva del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA) y Juan Carlos Galindo Vácha, de Colombia, Profesor universitario en varias cátedras en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
