Guanajuato, Gto; a 25 de enero del 2022.-Porque se está en contra de abusos que per-judiquen a la ciudadanía, el PRI dará acompañamiento jurídico a quienes decidan pro-ceder legalmente contra aumentos excesivos en el impuesto predial y contra el cobro por estacionarse en la vía pública.
En el caso del impuesto predial, se apoyará a quienes se les pretende aplicar un au-mento descomunal, de hasta el 200 por ciento, a partir de un supuesto nuevo avalúo, y respecto al cobro por estacionarse en la calle, se asesorará a quienes decidan sumarse a un amparo de carácter colectivo.
La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, explicó que si no se hicieron cambios a su propiedad y sólo les dicen que hay un nuevo valor, “no aplica” un aumento al impuesto predial a partir de esa justificación “porque la ley es muy clara en el sentido de cómo se debe proceder con nuevos ava-lúos”.
Es un procedimiento que “incluye aviso de un nuevo avalúo y entrega de resultados al propietario para que éste pueda manifestar si está de acuerdo o no”, agregó y subrayó que eso no ocurrió.
“Está en la ley, no lo estamos inventando, y no somos oportunistas, es nuestra obliga-ción como representantes de los guanajuatenses estar atentos a sus intereses”, precisó posteriormente quien es parte de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso local.
Tiscareño Agoitia, quien como diputada se opuso a aumentos exorbitantes en el im-puesto predial contenidos en la Ley de Ingresos de Guanajuato capital, aclaró que no se hablaba de aumentos al impuesto predial en el Centro Histórico ya contenidos en la Ley de Ingresos de Guanajuato capital, sino del que se pretende aplicar a inmuebles ubicados fuera del Casco Antiguo y cuyos propietarios “se encontraron con la sorpresa de que el aumento fue descomunal, producto de un nuevo avalúo”.
Y subrayó enseguida que quienes fueron afectados por esa situación “sí se pueden amparar porque hay una ley de Hacienda que determina exactamente cuál es el procedimiento para reevaluar las propiedades, lo que no se acató”.
Los aumentos excesivos al impuesto predial y el cobro por estacionarse en la vía públi-ca aquí en la capital del estado fueron tema de una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede estatal del partido, en la que también se contó con la presencia del secretario General del CDE, diputado Alejandro Arias Ávila, quien es además coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
Arias Ávila, quien remarcó que “lo que se está combatiendo es el aumento ilegal nacido de un supuesto nuevo avalúo”, destacó además que “si gana el ciudadano, tendrá que pagar lo que pagaba” y sostuvo que el aumento en cuestión “se sustenta en que se engañó a la mayoría de la gente al no informarle que se había hecho un nuevo avalúo” sin darle su derecho de audiencia para poder manifestarse.
“Entonces me parece que quien está engañando a la gente, quien se está aprovechando de la gente, que quien es un gandalla, es el presidente municipal”, añadió en alusión a declaraciones que en la víspera difundió en redes sociales quien preside el Ayuntamiento local.
En la rueda de prensa también participó el secretario de Asuntos Jurídicos del CDE, regidor Ángel Araujo Betanzos, quien indicó que a quienes se consideren agraviados se les acompañará “para que realicen todos los trámites jurídicos correspondientes por considerar que no se le concedió su derecho de audiencia, elemental y constitucional que toda autoridad debe respetar”.
“Lo que estamos haciendo como partido es que le damos oportunidad a quienes crean que hay un cobro excesivo en su predial para que se acerquen y por nuestro conducto poder analizar cada uno de los casos en concreto y presentar la demanda de nulidad o un recurso ante la propia autoridad emisora del acto”, abundó.
Sobre el cobro por estacionar vehículos en la vía pública comentó que “se trabaja en una demanda de amparo en atención a que tanto en el cobro como en el método de recaudación y en la forma en que se va a prestar el servicio no existe un elemento esencial y constitucional que se requiere para que tenga validez: certeza jurídica de cómo se va a llevar a cabo”.
Araujo Betanzos comentó que quienes deseen acogerse a un juicio de nulidad deben presentar su pago del 2021 y el del 2022 o, en su defecto, el requerimiento del mismo, mientras que para el amparo colectivo es necesario presentarse con la CURP y la cre-dencial de elector a fin de que, como ciudadanos avecindados en la capital, puedan solicitar “la reparación de esa violación al derecho constitucional”.
