Guanajuato, Gto 7 noviembre 2023. – En sesión de la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, a efecto de regular los procesos de designaciones de magistrados y del titular del Órgano Interno de Control con base en el principio de competencia por mérito.
Mismo trámite recibió, la propuesta de reforma a la Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con fin de promover la regeneración del tejido social y la reparación integral de las víctimas de delitos.
Se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, del Código Civil para el Estado de Guanajuato y al Código Penal del Estado de Guanajuato, para la creación de un Instituto de las Personas Adultas Mayores.
Al hacer uso de la voz, Cigüeña Circe León López, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señaló que solo bastaría hacer una referencia a la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que ésta pudiera tener integración dentro del propio Código Civil, debido a que si se establecen casos específicos se podrían excluir otros casos.
En su intervención, Jorge Luis García Gómez, representante de la Fiscalía General del Estado, comentó que la iniciativa es muy amplia por abarcar a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, por modificar el concepto tradicional de alimentos, entre otros puntos, por lo que los elementos que llevaron a la convicción de la iniciativa deberían de profundizarse para establecer cual es el argumento que sustenta las modificaciones.
Por su parte, Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, indicó que lo propuesto en relación con la interdicción es violatorio del derecho humano de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, representante de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, externó que la reforma en materia civil podría ser no necesaria debido a que el contenido material de la obligación alimentaria comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas, que son acordes a lo ya establecido en la ley local.
El diputado David Martínez Mendizábal precisó que serán atendidas algunas de las consideraciones para replantear la propuesta, junto a que la iniciativa conlleva a una armonización con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que los alimentos deben garantizar una vida libre y decorosa, además de que se busca fortalecer los lazos familiares y atender el derecho humano a ser cuidado.
La legisladora Susana Bermúdez Cano mencionó que encontró coincidencia con las opiniones vertidas, luego de que en el tema de necesidad de alimentos y de los grupos de vulnerabilidad tiene que haber un análisis responsable por las modificaciones que se pretenden realizar.
El congresista Bricio Balderas Álvarez dijo que el tema de los alimentos está debidamente atendido y definido en el Código Civil local, además de ser cuidadosos para que no se trastoque un aspecto procesal para no caer en un acto de inconstitucionalidad.
Finalmente, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá expresó que retomando el derecho humano a la dignidad, propuso que para darle viabilidad a la propuesta se englobe de manera general la intención del iniciante con cambios en la redacción mencionando que los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención y las expensas necesarias para la educación obligatoria del alimentista, garantizando una vida digna.
Siguiendo con el orden del día, se dio seguimiento a las metodologías de las iniciativas de reforma al Código Penal para el Estado; para crear mecanismos de protección y sancionar conductas que promuevan, financien o propongan corregir la orientación sexual, así como la identidad de género; y para castigar la comisión de delitos en contra de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestí, transexuales, intersexual y queer; se acordó solicitar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la anuencia para llevar a cabo la reunión con las autoridades consultadas con anterioridad.
Finalmente, se solicitará opinión al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a la Coordinación General Jurídica, con plazo de cinco días hábiles y la solicitud de anuencia para realizar una reunión con las autoridades consultadas, con el objetivo de llevar a cabo el análisis de la propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado; para sancionar a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona; y con la finalidad de combatir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), también llamados terapias de conversión, desde un enfoque de prevención y sanción.
