Guanajuato, Gto 3 abril 2024. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación y a la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato con la finalidad de transformar al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato en un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al hacer uso de la voz, Alicia del Socorro Franco Dávalos, presidenta del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en la entidad, expresó que un organismo autónomo constituye una estrategia eficaz para garantizar la construcción de una cultura de trato igualitario.
En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, consideró valorar la revisión de otros modelos de participación relativos a los proyectos de beneficio social, de construcción, mejoramiento y rehabilitación o reposición de infraestructura pública y equipamiento, con el objetivo de tener rubros más amplios, además de establecer la publicación en un medio oficial de la información sobre las convocatorias de presupuesto participativo y así abonar a la seguridad jurídica y transparencia.
Por su parte, Mario Antonio Revilla Campos, del Instituto de Investigaciones Legislativas, precisó que la figura de la adhesión no tiene antecedente en los ordenamientos que regulan el proceso legislativo tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, pero que no afectaría el derecho de iniciativa que tiene el legislador en Guanajuato.
Asimismo, Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, enfatizó que transformar el Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en un organismo público descentralizado tiene un impacto presupuestal que rondaría en los 25 millones de pesos, tomando en cuenta el monto de las operaciones del COPRED de la Ciudad de México.
El diputado José Alfonso Borja Pimentel externó que se contemplan coincidencias en el tema central de la propuesta que busca mitigar los efectos adversos de la discriminación que existe en la entidad; agregó que se buscará ser cuidadosos en el tema de presupuesto y cambios estructurales que no demeriten las circunstancias que viven los municipios.
Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que la institución que ha estado trabajando día a día con el problema señala la importancia de una reestructuración en el estado a favor de la progresividad de los derechos humanos y así atender de manera focalizada de los objetivos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto a que el presupuesto que se señala para las operaciones es alcanzable.
