Guanajuato, Gto., a 18 de febrero de 2020.- “Buscamos cumplir con una deuda histórica que nuestra nación mantiene hacia los pueblos indígenas, para que tengan garantizada la voz y la participación para defender su identidad, para aportar su perspectiva, para proteger a sus comunidades y enriquecer el desarrollo de los municipios en los que se encuentran”, dijo el diputado Armando Rangel Hernández.
El legislador presentó, a nombre de los diputados locales del PAN, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, con la que se busca que los ayuntamientos garanticen la participación de los pueblos y comunidades indígenas, en especial en el debate de aquellas normas, obras y políticas públicas que les conciernen de manera directa.
Señaló además que de esta manera “se busca reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para elegir libremente a sus autoridades y a quienes serán sus representantes ante las autoridades municipales, observando el principio de paridad de género”.
Precisó que la iniciativa contempla que, en las demarcaciones territoriales donde se encuentren asentados pueblos o comunidades indígenas, el ayuntamiento tendrá como autoridades auxiliares exclusivamente a las autoridades indígenas electas por sus pobladores conforme a sus normas, procedimiento y prácticas tradicionales.
Además, se persigue que los ayuntamientos notifiquen a los representantes y autoridades indígenas cuando vayan a realizarse sesiones del ayuntamiento donde vayan a resolverse asuntos que competan directamente al pueblo o a la comunidad, quienes contarán con voz para participar en estas sesiones, en defensa de su libre determinación, sus derechos e intereses.
Este compromiso de considerar la opinión de las comunidades indígenas se extenderá también a los procesos para la creación y reforma de los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que los afecten directamente, refirió el diputado Armando Rangel.
Finalmente, el legislador refirió que se propone que, en la propia ley se señale que cuando los ayuntamientos tomen acuerdos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas, sin haberles informado de la sesión o sin garantizarles su derecho a la participación en la toma de decisiones, esos acuerdos serán nulos.
