Guanajuato, Gto 25 abril 2024. – Con el objeto de incrementar la pena y actualizar las hipótesis típicas y de agravación del delito de extorsión a las formas de afectación material, virtual, al comercio, la industria, así como la distribución de mercancías, productos y servicios, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el congresista Alejandro Arias Ávila comentó que la extorsión es un tipo penal que involucra la libertad y el patrimonio económico, y que las consecuencias de dicho delito sobre la persona trascienden el campo puramente físico para ingresar en las esferas de la subjetividad humana, afectando la psique.
Mencionó que existen dos tipos generales de extorsión; la directa, donde la o las personas que extorsionan interactúan de manera personal, acudiendo al domicilio, escuela, trabajo o negocio de la o las víctimas, y la indirecta (virtual) que se comete a través de medios de comunicación como el teléfono celular o las redes sociales.
Señaló que dicho delito se encuentra ubicando en el Título denominado Delitos contra la libertad y seguridad de las personas, por lo tanto, subrayó, los bienes jurídicos que tutela son de vital importancia.
En ese sentido, se refirió a las recientes reformas aprobadas en materia penal y apuntó que el delito de extorsión tiene cuando menos igual trascendencia en cuanto a su antijuridicidad, a la alarma social que genera y a los efectos nocivos en las actividades cotidianas, comerciales, industriales, ser comercio, de servicios, etc., de la población guanajuatense, que los de naturaleza sexual, por lo que debían aumentarse las penas.
“La extorsión es uno de los delitos que más lesiona a la sociedad y a la personas, por dos razones: a la sociedad porque causa gran alarma social la forma violenta en que los sujetos activos del delito actúan al momento de ejecutar las acciones de constreñimiento con la finalidad de obtener beneficios económicos, y de tratar de controlar ciertas zonas de comercio, de transporte y de acceso en cualquier tipo de vehículo o a pie de ciertas zonas que la delincuencia considera sus zonas de influencia o dominio”, enfatizó.
