Guanajuato, Gto 27 agosto 2024. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó dos mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma en materia de los requisitos para la persona titular de la Fiscalía General y los diversos cambios y fusiones de diversas secretarías de la administración pública estatal.
Requisitos para la persona titular de la Fiscalía General
El primer análisis correspondió a la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de eliminar los requisitos de nacimiento en el estado y de residencia efectiva de cinco años para el cargo de Fiscalía General para poder privilegiar los principios Constitucionales de igualdad y no discriminación.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, señaló que la propuesta fortalece los principios de igualdad, no discriminación y mérito en el acceso a cargos públicos, además de que la eliminación de los requisitos de nacimiento y residencia permitirá que la persona que ocupará el cargo de fiscal general tenga el perfil más competente y con mayor experiencia.
En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega, integrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, indicó que el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato tiene libertad configurativa para determinar la existencia o no del requisito que se pretende eliminar, junto a que es quien deberá determinar si la supresión de esta porción normativa si llegará a considerar el cambio necesario para garantizar una mejor procuración de justicia en la entidad.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó que al no referirse un tema de restricción no se tendría que realizar un análisis de causa legítima y que se cuenta con una propuesta razonable y justificada al tema de la igualdad, al mérito y competencia respecto al desempeño del cargo, por lo que ordenó la elaboración de un dictamen en sentido positivo.
Cambios y fusiones de diversas secretarías de la administración pública estatal
El segundo análisis correspondió a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato y a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato para la fusión y creación de nuevas secretarías de la administración pública estatal.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, precisó que la renovación de la administración estatal contempla una serie de cambios en nombres y designaciones de varias secretarías del gobierno estatal para reflejar con mayor precisión sus funciones y responsabilidades principales. También precisó la necesidad de realizar una consulta a las personas con discapacidad para evitar la inconstitucionalidad en lo relativo con dicho grupo de la población.
En su intervención, Luis Alberto Estrella Ortega, integrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, consideró favorable la creación de una Secretaría de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado de Guanajuato y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, por darle una perspectiva que coadyuva en el proceso de institucionalización de los derechos humanos en el trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
Asimismo, el funcionario realizó diversas consideraciones relacionadas con la sustitución de la palabra equidad por igualdad, el uso del término personas de las diversidades sexuales y de género y especificarse a qué tipo de identidad se refiere debido a que la nueva secretaría tendrá atribuciones para atender a personas de las diversidades sexuales y de género.
El diputado Cuauhtémoc Becerra González externó que la nueva secretaría no traslada el total de atribuciones del INGUDIS ni de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, además de ver necesario la incorporación de las consultas a personas con discapacidad y migrantes por las inquietudes que han surgido en los grupos, todo ello para generar espacios que ponderen su visión en el rediseño institucional.
La legisladora Yulma Rocha Aguilar manifestó que los temas que se pretenden fusionar en la nueva secretaría tienen que tratarse de manera individual por las diferentes necesidades de los grupos de población que debe atenderse por una normativa especializada por sus condiciones de vulnerabilidad.
Agregó que en la redacción solo se especifica la atención a ciertos grupos como lo son personas con discapacidad, personas de las diversidades sexuales y de género, migrantes, personas indígenas, entre otros, dejando sin especificar en la norma lo relativo a grupos en vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, así como ciertos grupos de mujeres.
Rocha Aguilar, comentó que pareciera que la reestructura se asemeja a una estrategia para huir con el compromiso social que se tiene con la comunidad LGBT, quedando duda si de verdad habrá una instancia que dependa de la Secretaría de Gobierno para cumplir con la atención a dicho grupo de la población.
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Finalmente, la congresista dijo que los cambios planteados deberán tener un lenguaje inclusivo y que dichas modificaciones dejan ver la posibilidad de que en diversas atribuciones se pueda caer bajo la tónica de tener instituciones con duplicidad de funciones.
El diputado David Martínez Mendizábal indicó que la propuesta ayuda a comprender la problemática que genera el tener o crear programas de gobierno o de política púbica que no pasen bajo un proceso de evaluación.
También comentó que existen diversos términos como lo es la pobreza que se confunden con sinónimos y vocablos parecidos, tal es el caso que no se aborda con detalle las perspectivas de marginación social, condiciones de vulnerabilidad, entre otros aspectos que deberían ser el tema central y se les da poco peso.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano agregó que en sesión de comisión se atenderá el tema relativo a las consultas focalizadas a ciertos grupos de la población para no caer en términos de inconstitucionalidad, junto a que todas las consideraciones vertidas en la mesa de trabajo servirán para nutrir los trabajos legislativos.
