Guanajuato, Gto 21 noviembre 2024. – El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Seguridad Alimentaria Mexicana para que, en la determinación de los precios de garantía para los productos del sector agropecuario, se realice un diagnóstico exhaustivo sobre la estructura de costos en el sector, a fin de que se incluyan de manera justa y precisa las realidades económicas que enfrentan los productores, con el propósito de garantizar precios de garantía que cubran los costos de producción para asegurar la rentabilidad de pequeños y medianos agricultores, además de contribuir a la seguridad alimentaria nacional.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada María del Pilar Gómez Enríquez mencionó que los precios de garantía están diseñados para proteger a los productores agropecuarios al asegurarles un ingreso por sus productos, que muchas veces no logran cubrir por los costos reales de producción, lo que se debe a que esas políticas suelen establecer precios que no reflejan el constante aumento en los costos de insumos, maquinaria, combustibles, fertilizantes y mano de obra.
Agregó que, también las condiciones climáticas adversas y las fluctuaciones en el mercado nacional contribuyen a que los productores enfrenten márgenes de ganancia cada vez más estrechos, cuando no pérdidas significativas.
La congresista señaló que algunos productores se ven obligados a endeudarse o incluso abandonar sus actividades debido a la inviabilidad económica, y que es fundamental que los precios de garantía se ajusten periódicamente con base en análisis técnicos rigurosos, lo que incluye la evaluación continua de los costos de producción en cada región y tipo de cultivo, considerando factores como el clima, la disponibilidad de recursos y las condiciones del mercado.
Finalmente, precisó que el desfase entre los precios de garantía con los costos de producción reales genera un efecto dominó en las economías rurales, donde gran parte de la población depende del ingreso generado por la agricultura, por lo que la disminución de la rentabilidad puede llevar al abandono de tierras productivas y a la migración hacia las ciudades e incluso fuera del país, exacerbando los problemas de pobreza y desigualdad en las zonas rurales y por ende la pobreza alimentaria.
