San Lázaro, a 8 de noviembre de 2025.-La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) propuso agregar diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) garantice la destrucción de armas aseguradas o decomisadas bajo un protocolo público y auditable.
La iniciativa, girada a la Comisión de Defensa Nacional, precisa que las armas, objetos y materiales que no sean destinados a remate administrativo o judicial, deberán ser destruidos por la Sedena.
Señala que el protocolo deberá incluir al menos un registro detallado de cada arma y sus características, mecanismos de trazabilidad y custodia desde su aseguramiento hasta la destrucción, supervisión por órganos de control internos y externos, así como la elaboración de informes periódicos con datos estadísticos generales que deberán publicarse en los portales oficiales de transparencia.
Agrega que transcurrido un plazo sin que la persona interesada acredite la licencia correspondiente, las armas, municiones, cargadores y accesorios asegurados se remitirán a la Sedena para su destino final y dicho destino consistirá en la destrucción, de conformidad con el protocolo.
En la exposición de motivos, Ballesteros Mancilla menciona que México enfrenta desde hace décadas una grave problemática vinculada con la proliferación de armas de fuego y explosivos, cuya presencia ha potenciado fenómenos de violencia armada, inseguridad y delitos de alto impacto.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el país se realizan con armas de fuego.
Indica que la situación refleja la magnitud del problema y la urgencia de fortalecer los mecanismos legales y administrativos que regulan su posesión y uso. En años recientes se documentó la fabricación de armas mediante impresión 3D y otros métodos artesanales, lo que dificulta su control por parte de las autoridades.
Esta realidad exige un marco normativo actualizado que prohíba expresamente estas prácticas y sancione de manera ejemplar su comisión, subraya.
Explica que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2025 constituye un avance significativo en el fortalecimiento de la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero se acentúa un vacío legal que podría perpetuar riesgos de opacidad en el manejo de armas ilegales, ya que actualmente no existe un mecanismo estandarizado que garantice la trazabilidad de las armas decomisadas desde su incautación hasta su destrucción.
Sostiene que actualmente la destrucción de armas está regulada de manera general a nivel reglamentario y administrativo por la Sedena, pero al no existir en la Ley un mandato que obligue a la Secretaría a realizar la destrucción bajo principios de transparencia, trazabilidad y supervisión ciudadana, se corre el riesgo de que las disposiciones queden sujetas a la discrecionalidad de la autoridad.
Por lo anterior, considera indispensable incorporar lineamientos que garanticen la destrucción de armas que no dependan únicamente de la voluntad administrativa, sino que adquieran fuerza normativa vinculante para fortalecer la rendición de cuentas, prevenir el desvío de armas hacia el mercado ilegal y consolidar una política pública de desarme alineada a los principios constitucionales de seguridad y paz social.
