Guanajuato, Gto 21 agosto 2025. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática formuló una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que se impulsen y consoliden acciones encaminadas al fortalecimiento presupuestal, con especial énfasis en la red consular de México en el extranjero, bajo un enfoque integral de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.
Asimismo, a la Cámara de Senadores para que, en el ámbito de sus atribuciones en materia de conducción de la política exterior, promueva la articulación de mecanismos eficaces de coordinación internacional destinados a la atención integral de todas las personas migrantes y sus familias, en estricta congruencia con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en tratados y convenciones internacionales en la materia.
Al presentar la propuesta, la congresista Yesenia Rojas Cervantes se refirió al plan fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos que está enforcado en reforzar la seguridad fronteriza, intensificar las deportaciones y ampliar la construcción y operación de centros de detención para personas migrantes.
También comentó que con esas acciones se podría mantener bajo custodia a más de 116 mil extranjeros, en condiciones que organismos internacionales han señalado como contrarias a estándares mínimos de derechos humanos.
A ello, dijo, se suma que entre 12 y 17 millones de personas corren el riesgo de perder su atención médica, lo que incrementará las condiciones de vulnerabilidad de comunidades migrantes y trabajadoras.
“El conjunto de estas medidas refleja un endurecimiento progresivo de la política migratoria estadounidense, que privilegia la seguridad nacional sobre la dignidad de las personas, consolidando un modelo que busca gestionar la movilidad humana mediante el encierro, la disuasión y la expulsión”, enfatizó Rojas Cervantes.
La diputada manifestó que, el Estado mexicano tiene la obligación jurídica y moral de replantear sus estrategias de protección a la luz de esa coyuntura, ya que no es posible enfrentar una crisis de esas dimensiones con los mismos recursos de ejercicios fiscales anteriores ni, mucho menos, con presupuestos a la baja como ha ocurrido en distintos periodos.
Finalmente, indicó que México requiere fortalecer sustantivamente su red consular, dotándola de personal especializado en procesos de deportación, detención y asilo; de equipos profesionales en apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes migrantes; de mecanismos ágiles de reunificación familiar; y de capacidad real para emprender litigios estratégicos que permitan garantizar el debido proceso y la defensa efectiva de derechos
