Guanajuato, Gto 9 octubre 2025 .- Las personas diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México formularon una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado para que remita a Poder Legislativo los acuerdos, información generada, así como las actas de sesión de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y las correspondientes a 2025; así como los informes trimestrales sobre el uso y aplicación de los recursos establecidos en el artículo 64 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, relativo a la recaudación del impuesto sobre nóminas y de los impuestos cedulares sobre los ingresos de personas físicas.
Durante la presentación de la propuesta, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que, en Guanajuato, ese impuesto comenzó a aplicarse formalmente a partir del 27 de diciembre de 2004, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado como parte de las reformas a la Ley de Hacienda de Guanajuato, quedando reconocido desde el artículo primero de dicha normativa.
Agregó que el Impuesto sobre Nóminas grava las erogaciones derivadas del trabajo personal subordinado, el cual sufrió varias modificaciones constitucionales, la más reciente en 2021. Dijo que, en esa última reestructuración se realizaron dos modificaciones sustanciales; la primera, es que se incorpora el Consejo Coordinador empresarial de Guanajuato con el objeto de incorporar la perspectiva empresarial de la capital; y la segunda, que se incorpora a la Secretaría de Turismo al ser uno de los sectores más importantes de generación de empleos en el estado.
El legislador comentó que el Ejecutivo Estatal estatal tiene la obligación de informar trimestralmente al Congreso sobre la utilización de dichos recursos, por lo cual el hecho de clasificar como reservadas las últimas cinco actas del Consejo que integra ese organismo vulnera de manera flagrante el derecho de acceso a la información pública y de ejercicio de los recursos públicos.
Contreras Guerrero manifestó que, a decir de la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero Fonseca, las actas contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del Consejo sobre las inversiones y proyectos y su difusión implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del Estado al verse comprometida la ejecución de esta, de ahí la determinación.
El congresista destacó que no permitir el acceso a esas actas no solo provoca el desconocimiento de los acuerdos tomados, sino que también da pauta para que se presuma el uso discrecional de los recursos a favor de unos cuantos.
Finalmente expresó que el suministro incompleto o sesgado de la información vulnera el principio de máxima publicidad; y que el derecho de acceso a la información no se satisface con la entrega de datos aislados o sin contexto, sino únicamente mediante la entrega íntegra y suficiente de los documentos que den claridad al ejercicio completo de los recursos.
