Guanajuato, Gto 25 noviembre 2025. – Este día, las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron el primer bloque de iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2026 y aprobaron los dictámenes correspondientes.
En este primer bloque se analizaron las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de: Atarjea, Abasolo, Ocampo, Uriangato, Moroleón, Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Manuel Doblado, Tarandacuao, Santa Catarina, Jaral del Progreso, Villagrán, Xichú, Victoria y Tarimoro. Se acordó mover a Romita, San Felipe y Coroneo a otro bloque para fortalecer su argumentación respecto a la gestión de residuos.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla reconoció el esfuerzo que están realizando los municipios para atender el tema de manejo de residuos sólidos.
El congresista Víctor Manuel Zanella Huerta refirió que, en cuanto al derecho a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, en coordinación con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, generaron la Agenda del Agua 2025, y como parte de ese instrumento se llevaron a cabo mesas de trabajo con los organismos operadores de agua y con los municipios que prestan el servicio de manera centralizada.
Apuntó que esos ejercicios permitieron identificar y analizar áreas de oportunidad para el fortalecimiento institucional, con el propósito de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, bajo un enfoque integral que incorpora dimensiones financieras, operativas, ambientales y sociales.
En ese sentido, argumentó que una de las líneas estratégicas definidas consiste en garantizar la sostenibilidad de las tarifas, vinculándolas a los costos reales de operación y mantenimiento de los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, lo que busca asegurar que los recursos recaudados se destinen de manera prioritaria a la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura hidráulica.
Zanella Huerta precisó que los municipios que no cuentan con micro medición tendrán que generar un Plan Integral de Cobertura Universal de Micromedición que permita establecer estrategias para lograr la cobertura del 100% en un periodo de 5 años y presentarlo ante la Secretaría del Agua y Medio Ambiente con la finalidad de vincular programas que permitan fomentar el uso del consumo eficiente del agua.
Finalmente, manifestó que el tratamiento de las aguas residuales constituye un eje fundamental de la política hídrica, dado que su adecuada gestión contribuye a la protección de la salud pública, la preservación de los cuerpos de agua y la reducción de impactos ambientales negativos. La inversión en plantas de tratamiento, tecnologías de reutilización y sistemas de monitoreo de calidad es indispensable para asegurar la disponibilidad de agua limpia y la resiliencia de los ecosistemas.
La diputada Rocío Cervantes Barba señaló que en las Leyes de Ingresos de todos los municipios de este bloque se incluye un artículo 14 por lo que solicitó se eliminará una parte que indicó no era acorde; mientras que el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta solicitó se incluyera en todos los dictámenes lo correspondiente a la micro medición.
Durante la revisión las diputadas y los diputados aprobaron en lo general los 15 dictámenes de las iniciativas correspondientes y en lo particular se reservaron varios artículos, los cuales fueron revisados con el apoyo del personal de la Dirección General de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.
La legisladora María Eugenia García Oliveros manifestó que las leyes deben construirse bajo una lógica de justicia social y garantía de derechos, propuso que el pago de derechos relativos a los servicios de inhumaciones el descuento sea 100% cuando tenga que ver con búsqueda y localización de personas para el municipio de Atarjea.
Por su parte, la congresista Karol Jared González Márquez comentó que era un tema importante y que el año pasado se estableció un párrafo para que los municipios pudieran otorgar las facilidades correspondientes; mientras que el diputado David Martínez Mendizábal pidió que se elimine la posibilidad, al referir que si hay una manera de compensar de manera mínima el sufrimiento de la gente era este.
En su oportunidad, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que, si bien se tiene que respetar la libertad hacendaria de los municipios, estos deben observar las normas estatales que regulen aspectos que les correspondan, por lo que las leyes estatales deben ser vistas como marco de referencia para los municipios en la expedición de sus ordenamientos.
La propuesta no fue avalada.
La congresista Maribel Aguilar González presentó reservas para el municipio de Abasolo respecto a los servicios de inhumaciones cuando tenga que ver con búsqueda y localización de personas; mientras que el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero habló sobre el sacrificio de cerdos respecto al peso.
En su intervención, el diputado Ernesto Millán Soberanes insistió respecto a los servicios de los municipios otorgados a las víctimas al remarcar que deben ser gratuitos y que el ingreso no es representativo para los municipios, pero sí para las familias de las víctimas.
El congresista Víctor Manuel Zanella Huerta manifestó que, a fin de atender ese tema tan importante con las víctimas, el poder incluir en el decreto un enunciado para atender esas inquietudes y replicarlo en las 46 leyes de ingresos, por lo que se incorporaría que el ayuntamiento deberá atender lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.
“Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones públicas del Estado y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socioeconómica y sin exigir condición previa para su admisión a estos que las establecidas en la presente”, indicó.
La propuesta fue aprobada por unanimidad y quedó sin efecto la reserva de la diputada Maribel Aguilar González. En cuanto a la reserva de cobro sobre sacrificio de cerdos, fue avalada.
Respecto al municipio de Ocampo, el congresista Antonio Chaurand Sorzano pidió que se incluyera a las personas con discapacidad en el descuento en el cobro del agua. La solicitud fue rechazada. La diputada María Eugenia García Oliveros hizo el mismo planteamiento para el municipio de Uriangato, la propuesta no fue aprobada.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor formuló una reserva para el municipio de Moroleón sobre el descuento del consumo de agua para personas jubiladas, adultos mayores, personas con discapacidad sobre un consumo máximo de 20 metros cúbicos bimestrales; así como un descuento de 50% para personas adultas mayores y el otorgamiento de becas. Las reservas no se respaldaron.
En su intervención, el congresista David Martínez Mendizábal presentó una reserva para el municipio de Santiago Maravatío sobre el descuento de consumo de agua para población en condiciones de vulnerabilidad. La propuesta no fue avalada.
En el municipio de Tarandacuao, la diputada Maribel Aguilar González propuso un ajuste de texto respecto a los inmuebles destinados a casa habitación que sean propiedad de personas con discapacidad; la propuesta fue aprobada; mientras que lo correspondiente al cobro de agua para población en condiciones de vulnerabilidad no fue avalado.
La diputada Rocío Cervantes Barba propuso que se incluyera en el cobro del tema del agua a las personas con discapacidad, más allá de los montos, posteriormente retiró la propuesta para hacer un proyecto de formulación porque se ocupa un análisis de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.
En cuanto al municipio de Santa Catarina, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor y la diputada Karol Jared González Márquez coincidieron en que no se aumente lo relativo a los derechos por servicios en la expedición de constancia de compatibilidad urbanística, fue aprobado; mientras que lo propuesto por Ramos Sotomayor en el tema de derecho al agua no fue aprobado.
La diputada Rocío Cervantes Barba se reservó lo correspondiente a la denominación de la certificación para empresas de seguridad privada, en el municipio de Villagrán, al señalar que éstas solo pueden emitir conformidades como lo establece la Ley de Seguridad, por lo que pidió cambiar el término de certificación por el de conformidad, el cual fue avalado.
Por su parte, la congresista Plásida Calzada Velázquez planteó ajustes en el municipio de Xichú y Victoria respecto al cobro de derecho al agua, se adicione por lo menos el descuento de 50% a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Las solicitudes no fueron avaladas.
El legislador Antonio Chaurand Sorzano propuso cambios en Tarimoro respecto al descuento en el derecho al cobro del agua para personas con discapacidad. La solicitud fue rechazada. Finalmente, la legisladora Rocío Cervantes Barba, en el mismo municipio, habló sobre los servicios de salud público para que se ajuste el título y de los servicios de biblioteca también adaptar el texto en cuestión de forma, las propuestas fueron aceptadas.
Finalmente, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla enfatizó que se discutieron propuestas que parecían vulnerar la autonomía municipal, ya que son los municipios quienes tienen las atribuciones para establecer los descuentos y los beneficiarios. Agregó que las atribuciones de condonación las tienen los alcaldes y los tesoreros.
Remarcó que todos están de acuerdo en que se tienen que mejorar las condiciones para establecer los canales que favorezcan los beneficios a los adultos mayores y personas con discapacidad, pero que debe ser por medio de un régimen especial para ese tipo de apoyos y entonces contar con los canales que permitan atender a ese sector de la población.
Los dictámenes de las iniciativas serán enviados a la mesa directiva para que sean enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria que corresponda.
