Guanajuato, Gto 27 noviembre 2025. – El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que, en el ámbito de sus atribuciones instruya se revierta la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de noviembre de no considerar estímulos fiscales a la gasolina y al diésel destinados a los sectores pesquero y agropecuario.
De igual manera, para que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5º de la Ley de Energía para el Campo, disponga que las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinen las acciones necesarias para establecer precios y tarifas de estímulos aplicables a los energéticos agropecuarios, tomando en consideración las condiciones económicas y sociales prevalecientes, a fin de garantizar un marco de apoyo congruente, oportuno y acorde con las necesidades actuales del sector productivo primario.
Al hacer uso de la voz y presentar las consideraciones de la propuesta, la congresista Noemí Márquez Márquez expuso que las finanzas públicas no enfrentan hoy un choque súbito de ingresos como el derivado de la pandemia, que fue el argumento central de los Pre-Criterios 2021, que los precios internacionales del petróleo han dejado de ubicarse en los niveles extraordinariamente bajos de 2020 y que los programas de apoyos directos no operan como mecanismos sustitutivos del estímulo energético, ni compensan de manera equivalente los costos de operación del sector primario.
En ese sentido, argumentó que persiste una divergencia evidente entre las condiciones que justificaron la política de estímulo cero en 2020 y las condiciones económicas y productivas de 2025, por lo cual mantener la decisión de estímulo cero bajo los parámetros de 2020 implica desconocer la obligación de la autoridad hacendaria de realizar una evaluación actualizada del impacto operativo de los combustibles en la estructura de costos de los productores primarios, así como de los efectos que su eliminación genera en la disponibilidad, competitividad y viabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras.
Márquez Márquez enfatizó que en un entorno donde los precios internacionales del combustible aumentaron, la inflación en alimentos es persistente y los programas de apoyo directo no compensan el incremento de costos de operación, la continuidad del criterio previo carece de sustento técnico y se opone a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia administrativa.
Finalmente, compartió que la autoridad hacendaria debe actualizar sus decisiones para que sean congruentes con la información económica disponible, los avances regulatorios y tecnológicos que permiten una aplicación más eficiente del estímulo, y el deber legal de procurar condiciones de competitividad y equidad para quienes integran los sectores agropecuario y pesquero.
