Guanajuato, Gto 15 abril 2026. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó las reservas a los artículos 19 y 48-1 del dictamen que conjunta 7 diferentes iniciativas para reformar la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en materia de en materia del Principio de Mínima Intervención y del Principio de No Revictimización en juicios; Procuradurías Auxiliares; Fortalecimiento de las acciones en materia educativa; Parlamento Infantil; Dispositivos de telefonía celular; Trabajo Infantil; y Registro Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes hijos de madres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición.
Al hacer uso de la voz, el diputado Oscar Enrique González Espinosa precisó que en acuerdo con todas las fuerzas políticas que integran la comisión se presentan las siguientes reservas:
Artículo 19. Diseñar y promover estrategias para el uso responsable de tecnologías de la información y de la comunicación.
Asimismo, emitir disposiciones que regulan el uso de dispositivos de las tecnologías de la información y de la comunicación en el entorno escolar, con el fin de que no interfieran con el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje, así como promover un ambiente escolar, seguro y adecuado.
Artículo 48-1. Corresponderá a las autoridades, como a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia, custodia, dar cumplimiento a las disposiciones que regulan el uso de dispositivos de tecnologías de la información y de la comunicación en el entorno escolar. Dichas disposiciones deberán orientarse a prevenir cualquier forma de violencia digital, garantizar un entorno seguro para el aprendizaje y salvaguardar el bienestar e integridad del educando.
Otros asuntos
Como parte del orden del día se aprobaron las metodologías de dos iniciativas; una propone cambios a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios que busca fortalecer las oportunidades de empleo a las personas de la diversidad sexual.
La segunda, plantea modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en situación de dependencia y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado.
Para su estudio, ambas se remitirán a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la Secretaría del Nuevo Comienzo, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Además, se habilitará una liga en el portal de internet del Congreso para consulta de las personas adultas mayores y de la población en general.
También se pedirá al Instituto de Investigaciones Legislativas su opinión de la iniciativa y a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas el estudio de impacto presupuestal, todo con plazo al 18 de mayo de 2026; y se realizarán mesas de trabajo.
Al hacer uso de la voz, el diputado David Martínez Mendizábal solicitó que se integre a las opiniones a personas cuidadoras, además de que en la mesa de trabajo se agregue a organizaciones de la sociedad civil. La propuesta fue aprobada.
Por su parte, se avaló pedir información a las autoridades competentes relativo a la propuesta de punto de acuerdo para exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, dé respuesta fundada y motivada, a los escritos de derecho de petición y exigibilidad de pensión no contributiva presentados por Aurora Arenas Duarte, Javier Padilla Negrete y Juan González Romo.
Asimismo para que adopte de manera inmediata las acciones administrativas y programáticas conducentes para garantizar el acceso efectivo a la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente; para que, por conducto de las dependencias competentes y en observancia del principio de progresividad, realice las adecuaciones presupuestales necesarias y asegure la previsión de recursos suficientes y oportunos para garantizar la operación y entrega de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años en el Estado de Guanajuato; y dé cumplimiento sin dilación, en la esfera de su competencia, a la sentencia dictada en el juicio de amparo 938/2025-I.
Mismo trámite recibió el punto de acuerdo para exhortar a la Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, para que se abstenga de litigar la garantía del derecho a la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, así como de llevar a cabo acciones para dilatar o impedir el ejercicio de este derecho; emita de forma inmediata las disposiciones normativas y administrativas necesarias para que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en nuestro Estado accedan a la pensión no contributiva a la que tienen derecho; e informe a este Congreso sobre las acciones llevadas a cabo por su administración en la materia.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal indicó la necesidad de implementar una pensión no contributiva dirigida a personas con discapacidad, señalando que esta ha sido una demanda histórica y constante de su grupo parlamentario. Destacó que existe una coincidencia en la relevancia de este apoyo social, toda vez que la propia Gobernadora del Estado ha planteado la importancia de otorgar dicho beneficio en la entidad.
Agregó que ante la voluntad manifiesta de ambas partes, lo conducente es esperar a que se formalice la solicitud y los mecanismos correspondientes para evitar que el avance de esta política pública se vea obstaculizado por litigios o procesos administrativos innecesarios.
Por su parte, la congresista Ana María Esquivel Arrona precisó que la responsabilidad de materializar la pensión para personas con discapacidad recae primordialmente en una labor normativa del Poder Legislativo, al ser los congresos locales quienes deben disponer las normas creadas o modificadas para tal fin.
Añadió que contar con esta información de las autoridades que se involucran en el punto de acuerdo permitirá al Congreso diseñar una respuesta legislativa sólida y eficaz que cumpla cabalmente con los efectos de la resolución judicial, garantizando el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en Guanajuato.
Finalmente, el diputado Jesús Hernández Hernández enfatizó que, ante las deudas históricas con los grupos vulnerables, la implementación de una pensión para personas con discapacidad representa un paso fundamental hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades. Si bien reconoció que el recurso económico no resuelve la totalidad de las problemáticas, subrayó el impacto positivo que este apoyo tendrá en la economía de las familias guanajuatenses, dotándolas de un ingreso que en administraciones pasadas era inexistente.
