Guanajuato, Gto 23 SEPTIEMBRE 2026. – La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables acordó solicitar información a la Coordinación de Comunicación Social, relativa al punto de acuerdo que busca exhortar a la Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo para que instruya a su equipo de trabajo el respeto irrestricto a la libertad de prensa y valore la generación de mecanismos para la prevención y denuncia eficaz de acciones de intimidación por parte de personas servidoras públicas contra las personas periodistas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Ana María Esquivel Arrona externó que corresponde a la Coordinación de Comunicación Social explicar y fundamentar los motivos en torno al caso, manifestando que se dio a la tarea de informarse plenamente respecto a la situación y sobre la persona reportera involucrada.
Agregó que está consciente de la importancia de cuidar las formas y los debidos procedimientos institucionales, señalando con firmeza que resulta indispensable contar con evidencia sólida y objetiva para estar en condiciones de tomar una decisión sobre la propuesta.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal indicó que no resulta habitual ni procedente que los informes o explicaciones sobre un señalamiento sean rendidos por la persona directamente señalada en lugar de su superior jerárquico.
Precisó que, más allá de la autoridad específica a la que formalmente se dirija el exhorto, lo primordial radica en salvaguardar la causa de fondo y esclarecer con puntualidad la denuncia presentada por el comunicador.
En otros temas, se avalaron las convocatorias para consultar a personas con discapacidad y a niñas, niños y adolescentes con el propósito de pedir su opinión acerca de las iniciativas de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato; todas ellas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.
Asimismo, se aprobaron las convocatorias a niñas, niños y adolescentes para conocer su opinión acerca de las diferentes iniciativas para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato; primera, a fin de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo; segunda, para robustecer los mecanismos de restitución de derechos y mejorar la actuación institucional en favor de este sector de la población; tercera, a fin de fortalecer la prevención y el acompañamiento frente institucional al embarazo infantil y adolescente y contribuir a reducir la deserción escolar y ampliar oportunidades educativas y sociales, promoviendo entornos más protectores que garantizan a niñas y adolescentes el pleno desarrollo de su proyecto de vida; y cuarta, con la finalidad de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato a la cohesión social y libre acceso a las artes a través de la música, para fortalecer su libre auto determinación.
Mismo trámite recibió la convocatoria de consulta a personas con discapacidad para que brinden sus comentarios respecto a las iniciativas para reformar la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato; primera, con el objeto de establecer la obligación de que los establecimientos comerciales de gran superficie, hospitales privados y, en su caso, hospitales públicos y oficinas gubernamentales con instalaciones extensas, cuenten con dispositivos de asistencia a la movilidad suficientes, accesibles y en condiciones óptimas de funcionamiento, destinados a las personas usuarias que lo requieran; y segunda, con el objetivo de garantizar el derecho a una pensión no contributiva de las personas con discapacidad permanente menos de sesenta y cinco años.
Así como las propuestas que buscan modificar la Ley de Inclusión para las personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios; todas ellas para impulsar una administración pública más eficiente, transparente y accesible, a través de la homologación de criterios y la implementación de procesos que contribuyan a disminuir tiempos de respuesta y costos administrativos para la población.
Y finalmente, de la iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de crear el Registro Estatal de Violencias contra las Personas de la Diversidad Sexual y de Género.
Siguiendo con el orden del día, se aprobaron las duplicidades del plazo para la dictaminación de las iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, para que sea debidamente penado el reclutamiento para la participación en actividades ilícitas en grupos delictivos; así como de la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado, con la intención de asegurar el reconocimiento efectivo y la protección de derechos de los pueblos indígenas y de la población afromexicana en la entidad; y de la iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de derecho a la identidad de las personas de la diversidad sexual y de género.
También se acordó de duplicar el plazo para dictaminar el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, ante las acciones de corte autoritario desplegadas por el gobierno federal frente a manifestaciones recientes, active de inmediato sus mecanismos constitucionales para investigar, prevenir y reparar violaciones a derechos fundamentales vinculados con las manifestaciones recientes, garantizando la restitución y reparación integral a las personas afectadas, especialmente periodistas, manifestantes, comunidades rurales y colectivos ciudadanos.
