Guanajuato, Gto 28 enero 2026. – La Comisión de Salud Pública realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa para crear la Ley de Prevención, Tratamiento, Control de las Adicciones y Rehabilitación para el Estado de Guanajuato, en materia de centros de rehabilitación o anexos.
En las aportaciones de las autoridades presentes expresaron que se deberían de analizar los conceptos utilizados en la norma por estar basados en estereotipos de personas drogodependientes; se propuso una ampliación al glosario con los términos que pudieran resultar necesarios para los operadores jurídicos de la norma que pueden ser los siguientes: atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, detección temprana, disminución del daño y enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.
También se comentó que se tiene un modelo de atención al problema de las adicciones que se desarrolla en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud estatal, donde se tienen alrededor de 450 psicólogos, 9 centros comunitarios especializados en adicciones y se cuenta con un hospital psiquiátrico, que en conjunto, se encargan de hacer trabajos para informar a la población cuáles son los riesgos para la salud y crear entornos saludables que puedan beneficiar a las juventudes y a los padres de familia.
Aunado a lo anterior, se mencionó que las leyes generales y estatales de salud ya establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud por lo que se considera poco práctico generar leyes específicas por cada uno de los padecimientos; que hay que tener presente que la rectoría normativa en materia de salud la conserva la federación, mientras las entidades federativas solamente les compete la prestación de los servicios; además de que la propuesta ya se encuentra prevista ampliamente regulada y prevista por la Ley General y estatal de Salud y por la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009.
Finalmente, de dijo que se debe tomar en cuenta el marco específico que regula la institucionalización de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y familiares, así como adolescentes en conflicto con la Ley, junto a establecer un régimen específico para las instituciones especializadas en el tratamiento de personas menores de edad con adicciones que si cuenten con una red familiar; y que la iniciativa no contempla un impacto presupuestario derivado de la obligación que tendría el sector público, impacto que se estima en más de 117 millones de pesos, el cual solo considera la atención de la demanda actual.
Al hacer uso de la voz, el diputado Antonio Chaurand Sorzano señaló que existe una coincidencia general en que ya existe una normativa establecida para la atención de la problemática, pero que el problema sigue estando presente y se debe buscar una solución legalmente correcta que pueda disminuir las estadísticas en materia de adicciones, debido a que los logros obtenidos y estrategias actuales hasta el momento han sido insuficientes.
