Guanajuato, Gto 15 octubre 2026. –Sergio Contreras presentó una iniciativa para expedir la Ley de Salud Mental para el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la tribuna, el congresista indicó que la propuesta busca establecer un marco jurídico específico que permita dar continuidad y fortalecer las acciones que ya se realizan en la entidad, así como definir mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, las instituciones de salud y los sectores social y privado.
Señaló que la salud mental es un tema prioritario de salud pública y derechos humanos, y que es necesario ampliar la prevención, la detección oportuna y el acceso a servicios de atención, ante problemáticas como la depresión, las adicciones y las conductas suicidas.
Asimismo, comentó que Guanajuato registró 461 defunciones por suicidio durante 2024, cifra que colocó a la entidad en el quinto lugar nacional y la tasa estatal de suicidios se ha mantenido por encima de la nacional en distintos periodos, lo que, dijo, refuerza la importancia de consolidar acciones permanentes de prevención y atención.
Contreras Guerrero manifestó que entre los principales planteamientos se encuentra establecer las bases para la promoción, prevención, detección, atención y rehabilitación en materia de salud mental, además de proteger los derechos de las personas usuarias de los servicios y prevenir la discriminación, el estigma, la violencia y cualquier otra vulneración relacionada con su condición.
Agregó que se contempla reconocer en la ley el Modelo Estatal de Atención Integral a la Salud Mental y la Red de Servicios de Atención a la Salud Mental, con el objetivo de articular los servicios existentes, favorecer la coordinación institucional y procurar la continuidad de la atención, desde el primer nivel hasta los servicios especializados y de urgencias.
Puntualizó que se propone impulsar acciones para prevenir el suicidio, atender las crisis psicológicas, dar seguimiento a las personas usuarias y brindar apoyo a sus familias y redes de cuidado, así como fortalecer la rehabilitación psicosocial para favorecer la autonomía y la inclusión familiar, educativa, laboral y comunitaria.
El legislador indicó que se establecen como principios rectores la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la autonomía de las personas usuarias, la confidencialidad, la perspectiva de género, la atención comunitaria y la intervención temprana. Asimismo, apuntó que incorpora la participación de personas usuarias, familiares, personas cuidadoras, profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
