Guanajuato, Gto 22 octubre 2026. – La diputada Maribel Aguilar González, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para que la legítima defensa de las mujeres que enfrentan contextos de violencia de género sea valorada con perspectiva de género, a fin de evitar su criminalización cuando actúen para proteger su vida, integridad o la de sus hijas, hijos y personas bajo su cuidado.
Al hacer uso de la tribuna, la congresista señaló que la legítima defensa es una causa de exclusión del delito cuando una persona actúa para proteger bienes jurídicos propios o ajenos ante una agresión injusta, bajo las condiciones establecidas en la ley. Sin embargo, advirtió que, en los casos de violencia contra las mujeres, el análisis no debe limitarse al momento específico en que ocurren los hechos, sino considerar también los antecedentes y las condiciones de riesgo en las que se encontraba la persona.
Aguilar González sostuvo que la violencia puede presentarse de manera reiterada y generar situaciones de amenaza, subordinación y vulnerabilidad que deben ser consideradas por las autoridades investigadoras y jurisdiccionales al determinar si una conducta estuvo justificada. Por ello, plantea evitar valoraciones basadas en estereotipos o interpretaciones aisladas que desconozcan el contexto de violencia previo.
Comentó que se propone establecer que, cuando se trate del supuesto previsto en la iniciativa, la valoración del exceso, la racionalidad del medio empleado y la necesidad de la defensa deberán realizarse con perspectiva de género, tomando en cuenta la violencia previa, continua o sistemática, así como las condiciones de riesgo, subordinación, amenaza o vulnerabilidad en las que se encontraba la persona que se defendió.
La diputada expuso que la propuesta se sustenta en el marco de protección de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en el derecho a una vida libre de violencia, y en los criterios que orientan a las personas juzgadoras a identificar desigualdades estructurales y relaciones asimétricas de poder al analizar los hechos y valorar las pruebas.
Remarcó que se busca que las autoridades consideren las circunstancias particulares de cada caso sin eliminar los elementos legales de la legítima defensa ni establecer una autorización general para ejercer violencia y que el propósito es que la respuesta penal tome en cuenta el contexto en el que se produjo la conducta defensiva y determine si se actualizan las condiciones previstas por la ley.
Finalmente, subrayó que se plantea contribuir a evitar la revictimización de mujeres que enfrentan procesos penales después de defenderse de sus agresores, así como fortalecer la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia.
De acuerdo con la iniciativa, se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe legítima defensa cuando una mujer, en alguno de esos contextos, realice una conducta dirigida a proteger su vida, integridad física, libertad o seguridad sexual, o la de sus hijas, hijos o personas bajo su cuidado o dependencia, siempre que las circunstancias permitan advertir una agresión real, actual o inminente, valorada con perspectiva de género.
