Guanajuato, Gto7 agosto 2025. – El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, a efecto de que se establezca un fondo de contingencia estatal que permita aumentar la cobertura en eventos extremos declarados por las autoridades competentes buscando robustecer la capacidad de respuesta del gobierno frente a desastres agroclimáticos, complementando el seguro agropecuario vigente.
De igual manera, a la Secretaría del Campo, a fin de que se incorpore un esquema escalonado de indemnización agrícola para que el seguro catastrófico agrícola sea más justo, proporcional y técnico considerando las diferencias reales entre cultivos, costos productivos y vulnerabilidad climática.
Al hacer uso de la voz, la diputada Rocío Cervantes Barba señaló que el campo ha sido uno de los sectores más vulnerables frente al cambio climático en los últimos años, donde las principales problemáticas han sido el aumento de las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, fenómenos meteorológicos extremos, la reducción en el rendimiento de cultivos, proliferación de plagas y enfermedades y la vulnerabilidad socioeconómica.
La legisladora indicó que en los últimos 30 años se ha observado un aumento gradual en las temperaturas máximas, especialmente en los meses de mayo y abril en los que se han registrado temperaturas por arriba de los 28ºC y que la cuenca del río Guanajuato ha mostrado una disminución en la precipitación acumulada y una evaporación más intensa en zonas de cerros altos, que ha generado conflictos por el uso del agua.
“La temporada de lluvias de este año 2025 ha sido intensa y contradictoria para el campo guanajuatense. Aunque muchos productores celebran la recuperación hídrica tras años de sequía, otros enfrentan pérdidas significativas que han encendido el debate sobre la capacidad institucional de respuesta”, dijo.
La congresista añadió que, la Secretaría del Campo contempla el Seguro Agropecuario pero que a pesar de ello existe una gran brecha estructural en la política de aseguramiento agropecuario en Guanajuato, especialmente en el análisis de los costos reales de producción.
Finalmente, Cervantes Barba concluyó que el monto del apoyo otorgado representa entre el 3% y 6.8% del costo productivo real, siendo insuficiente para restablecer la actividad agropecuaria en los municipios afectados, además de que la política pública cumple un papel de amortiguador social, pero no garantiza la continuidad productiva ni la resiliencia del sistema agroalimentario.
