Guanajuato, Gto 11 diciembre 2025. – El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para solicitar la realización de una auditoría específica por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026 para revisar el cumplimiento financiero de todos los contratos de obra pública celebrados con la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío S.A. de C.V., comprendiendo los ejercicios fiscales entre 2021 y 2025.
Al presentar las consideraciones de la propuesta, el congresista comentó que, en un Estado social y democrático de derecho, la obra pública no puede ser un espacio de privilegios ni de constructoras favoritas, sino un instrumento para garantizar derechos, mejorar servicios y cuidar el patrimonio del pueblo.
Indicó que dicha obligación es todavía más estricta cuando se trata de recursos que provienen de instituciones como el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), es decir, de las aportaciones de las trabajadoras y los trabajadores al servicio del Estado, cuyo destino debe administrarse con máxima responsabilidad, transparencia y eficiencia.
En ese sentido, Millán Soberanes mencionó que de acuerdo con investigaciones periodísticas y con información pública, durante el pasado sexenio la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío, S.A. de C.V. vivió un auténtico sexenio dorado, ya que se documenta que el valor total de sus contratos con el gobierno del estado asciende a más de 2 mil 300 millones de pesos en esa administración, obtenidos tanto por licitaciones públicas como por concursos simplificados y asignaciones directas.
El legislador comentó que se cuenta con información de que se le asignaron obras como el Instituto de Formación Policial (INFOSPE) de Celaya, que a seis años de haberse anunciado apenas registra poco más del 31 % de avance y sigue considerado en primera etapa; lo mismo, dijo, ocurre con el Distrito de Gobierno, donde se le asignó un anticipo del 50% del monto contratado y la ejecución de la obra ha sido lenta y ha requerido múltiples prórrogas.
Millán Soberanes subrayó que mientras el Distrito de Gobierno registra atrasos y ampliaciones de plazo, la constructora continúa recibiendo nuevas adjudicaciones como la del camino a San Juan de Abajo en León. Agregó que, además, otros constructores señalan que ECO del Bajío suele presentar propuestas a costos muy bajos para obtener las licitaciones y que, posteriormente, se realizan ajustes durante la ejecución de las obras.
Finalmente, el congresista enfatizó que esa práctica, combinada con el alto nivel de concentración de contratos y con antecedentes de descalificación por incumplir requisitos técnicos y financieros, configura un patrón de riesgo que exige una revisión rigurosa por parte de la Auditoría Superior del Estado.
