Guanajuato, Gto 3 marzo 2022. – La congresista de Morena Alma Alcaraz Hernández presentó un punto de acuerdo para pedirle al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), para que lleve a cabo una auditoría financiera integral en el municipio de San Miguel de Allende y otra para el FIDESSEG que incluya a todas las partidas no revisadas en auditorías previas.
Además comento que la revisión al municipio de San Miguel incluya, al menos, la verificación del apego a la legalidad de la adjudicación y contratación de bienes y servicios que corresponda, así como el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los mismos, abarcando los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
En la máxima tribuna comento que San Miguel de Allende se ha visto envuelto en varios casos de corrupción, en la administración municipal pasada.
“Y si bien en cada trienio se han dado casos de corrupción evidente, durante la última administración de Luis Alberto Villareal (2018 a 2021), San Miguel se vio especialmente envuelto en una serie de actos que apuntan hacia una descarada trama de corrupción y realización de negocios al amparo del poder público”.
La congresista argumentó que se presentaron varias irregularidades en las revisiones de la cuenta pública. Algunas de ellas en 2018, sobre la adquisición de vehículos por 3.9 millones de pesos sin una licitación pública; modificaciones a contratos para ampliar pagos a empresas sin justificación; irregularidades en procedimientos de venta de inmuebles, entre otros. Mismo caso para los años de 2019 y 2020.
“En 2019, como hemos señalado en ocasiones anteriores, se hicieron negocios al amparo del poder público mediante semáforos fantasma que arrendaron por montos millonarios y que nunca funcionaron, causando una afectación de 5.7 millones de pesos que, en la revisión de cuenta pública 2020, pudiera determinarse un daño aún mayor”.
En ese mismo tenor la congresista también solicito una auditoría integral al (FIDESSEG)
“Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública”, que abarque la totalidad de los recursos ejercidos y se auditen los ejercicios fiscales 2020, 2021 y concomitante a 2022, y que la inicie antes del 16 de junio de 2022.
La congresista señaló que el FIDESSEG, era un fideicomiso que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato y que había surgido explícitamente como un acuerdo entre las cúpulas de un sector empresarial y el gobierno en turno para aceptar una subida al Impuesto Sobre Nóminas que en ese momento modificó su tasa de un 2% a un 2.3%, incremento que se aceptó con la condición de que todo lo recaudado se ejerciera mediante un fideicomiso.
Asimismo, hizo un recuento de los montos recaudados y precisó que para 2021, el presupuesto modificado ascendió hasta los 607.2 millones, de los cuales únicamente se ejercieron 162.8 millones de pesos, es decir, apenas el 26.8%, y subrayó que, hasta el momento se han ejercido 606 millones de pesos mediante el FIDESSEG, sin que la cuenta pública especifique qué obras, programas o acciones se llevaron a cabo, con qué resultados, con qué contratistas, ni con qué intereses de por medio.
“Uno de los problemas fundamentales de operar los recursos públicos mediante fideicomisos se encuentra en su carácter contractual que implica la carencia de personalidad jurídica del instrumento financiero, por lo cual la mayor parte de reglamentación jurídica que se le aplican son normas de derecho mercantil, y puesto que en el derecho privado todo lo que no está expresamente prohibido se asume permitido, se genera un riesgo de deficiencias en la rendición de cuentas”, enfatizó.
Alcaraz Hernández argumentó que en el caso particular de la estructura institucional que se construyó para el funcionamiento del FIDESSEG, se presentaban grandes espacios de oportunidad para el mal ejercicio de recursos públicos. Agregó que sumado al ejercicio presupuestario y a la cuestionable estructura institucional del fideicomiso, era pertinente señalar que existían deficiencias y desapego a la normativa dignas de investigarse.
Finalmente, subrayó que todo lo anterior se sumaba al problema de origen del fideicomiso, no es legítimo, dijo, regresar a los empresarios los impuestos que se les cobran para que ellos mismos administren lo recaudado, y que eso vulneraba el carácter unilateral de las contribuciones sin que necesariamente se acredite que dichos recursos se están ejerciendo en favor del interés público.
