Guanajuato, Gto 26 Julio 2022. – En reunión de la Comisión de Justicia se analizó la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato y de adición al Código Penal, en su parte correspondiente al último de los ordenamientos mencionados.
Dicha propuesta contempla la inclusión de un capítulo denominado Responsabilidad Penal de Dueños o Administradores de Empresas en Delitos Contra el Medio Ambiente, a fin de establecer específicamente la responsabilidad ambiental por parte de las empresas, así como las sanciones por incurrir en la comisión de delitos que dañen el medio ambiente.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que ya se han revisado los tipos de responsabilidad penal y se interfiere con el principio de que la sociedad no puede delinquir, además de que no se tiene cuáles son los delitos a los que pueden responder las personas morales, ya que su construcción corresponde a personas físicas, por lo que consideró que no era viable la propuesta.
Al comentario de su homóloga se sumó la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá quien destacó que se trataba del análisis de una ley que no existe, por lo que se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Como parte del orden del día se tomaron acuerdos sobre tres iniciativas de reforma al Código Civil, relativas dos de ellas a la violencia vicaria y una sobre violencia a través de interpósita persona, las cuales se remitirán para su opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Coordinación General Jurídica y a las diputadas y los diputados integrantes de esta LXV Legislatura, quienes contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios.
Mismo trámite tuvo la propuesta para reformar el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato que busca adicionar disposiciones relativas a medidas cautelares, con el fin de tutelar las garantías procesales de las partes en el juicio administrativo, que se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Coordinación General Jurídica para que envíen sus observaciones en un periodo de 10 días hábiles.
