Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022.- En opinión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que, mediante un acuerdo, la Guardia Nacional pasaría completamente al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, hace urgente que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la Controversia Constitucional interpuesta por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas.
Esta controversia fue presentada el 20 de junio de 2020, en contra del Acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanente para tareas de seguridad pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.
Se ha abusado de la facultad de emitir decretos, pasando por encima de la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, violentando las sentencias de organismos internacionales y la autonomía de los órganos del Estado.
En ese sentido, el presidente, al no tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pretende generar un marco jurídico alterno que responda a sus intereses, en detrimento del Estado de Derecho y de las instituciones civiles.
Las Fuerzas Armadas han invadido espacios públicos, distribuyen vacunas y becas, construyen trenes y refinerías, controlan la seguridad pública y las aduanas. En este contexto, el fortalecimiento extrainstitucional de las instituciones militares resulta muy peligroso para su integridad ya que se encuentran expuestas a la corrupción y funciona en detrimento de las instituciones civiles, que son las que debiéramos estar profesionalizando.
El Partido de la Revolución Democrática rechaza, desde este momento, el Acuerdo que el presidente emita para concretar la militarización de la Guardia Nacional que, constitucionalmente, es un cuerpo civil de policía.
Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva, a la brevedad, los recursos de control constitucional que tiene en su poder, con el objeto de determinar la inconstitucionalidad de estas acciones. Demandamos al presidente de la República que respete la Constitución y destine los recursos necesarios para la profesionalización y capacitación de las policías estatales y municipales, lo cual generará un nuevo paradigma de seguridad, cercana a la ciudadanía.
La militarización de la vida pública, estamos convencidas y convencidos, no es la respuesta.
