En México, la violencia contra periodistas ha alcanzado niveles alarmantes, y esta situación debilita gravemente la libertad de prensa, derecho concebido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”.
Su presidente, Jesús Rey Fierro Hernández, resaltó que en lo que va del año, siete comunicadores han sido asesinados de manera artera en el país. “Esta cifra coloca a México en el primer lugar de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo”.
Enlistó a los siete comunicadores asesinados, sólo en los primeros siete meses de lo que va del año: Abisaí Pérez Romero, Ramiro Araujo Ochoa, Héctor Darío Reyes, Gerardo Torres Rentería, Marco Aurelio Ramírez, Luis Martín Sánchez, y en la víspera a Nelson Matus Peña.
“Es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, adopten medidas urgentes para fortalecer el mecanismo de protección del gobierno federal, cese el hostigamiento a periodistas críticos y asegure que los fiscales pongan fin a la impunidad casi absoluta de estos crímenes”, dijo.
El doctor en derecho explicó que Ucrania ocupa la primera posición en el mundo, con al menos 12 periodistas asesinados, en el contexto de una acción de guerra. Sin embargo, “desde que López Obrador asumió la Presidencia, en diciembre de 2018, al menos, 35 periodistas han sido asesinados en México con relación a su labor periodística, sin contar a los comunicadores agredidos, con lesiones o amenazas.
Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos (2017), afirmó que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los periodistas, especialmente en términos de asesinatos por año. “Las autoridades rara vez logran esclarecer estos crímenes. Por si fuera poco, el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas del gobierno federal tiene limitaciones para satisfacer todas las necesidades de protección”.
El abogado litigante recordó que la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de crímenes en México, incluyendo los asesinatos de periodistas. “De las 105 investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) desde su creación en 2010, sólo seis han resultado en condenas por homicidio. Ante la violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura por temor a represalias. Esto es muy grave”.
Explicó que en las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, se exhiben nombres y fotografías de presuntos responsables de asesinatos de periodistas y otros delitos. Sin embargo, “este enfoque no garantiza justicia, la mayoría de las denuncias penales en México no avanzan más allá de la etapa inicial de investigación, incluso cuando las autoridades han identificado a los presuntos responsables”.
A manera de ejemplo, recordó el caso del atentado fallido contra el periodista Ciro Gómez Leyva, que continúa con vida gracias a que viajaba en un vehículo blindado, pero que aún se desconoce el móvil del intento de asesinato; en el mismo rubro el caso del comunicador Carlos Jiménez, que ha recibido amenazas por un presunto grupo de la delincuencia organizada”.
Afirmó que, “estamos solicitando audiencia con la titular de la Segob, Luisa María Alcalde Luján, para abordar estos temas y sugerir que, en lugar de atacar y denigrar a los periodistas, el gobierno federal respalde la labor periodística y reconozca la importancia de su rol en la sociedad mexicana”, expuso.
