Guanajuato, Gto 17 octubre 2024. – El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el Código Penal del Estado de Guanajuato, la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, la Ley de Salud para el Estado de Guanajuato, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, en materia de interrupción legal del embarazo.
Al hacer uso de la voz, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo manifestó que el elemento fundamental de los derechos reproductivos es la garantía de las personas para decidir, sin ningún tipo de violencia o discriminación, sobre todas las cuestiones de su sexualidad y reproducción.
La legisladora precisó que no todas las entidades han despenalizado el aborto, y aquellas que lo han hecho tienen alcances y garantías diferenciadas en función del territorio y la situación en que se encuentren las mujeres que necesitan acceder a la interrupción de su embarazo, además de mencionar que sólo 12 entidades federativas han modificado su Código Penal para dejar de considerar el aborto como un delito cuando se realiza en un plazo determinado.
“La penalización del aborto no evita que las mujeres aborten, únicamente tiene como consecuencia que se eleven los costos económicos y sociales para que las mujeres puedan acceder al mismo. Esto, a su vez, tiene como consecuencia que aquellas mujeres que no pueden sortear dichos costos se vean orilladas a la interrupción clandestina que, en varios casos, no es segura”, dijo.
Por lo anterior, la congresista externó que la propuesta radica en que se derogue el reconocimiento constitucional local de la vida desde la concepción, toda vez que resulta inconstitucional y un anclaje injustificado sobre el que se cimenta la criminalización de las mujeres; eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación por ser igualmente inconstitucional; así como la clasificación como delito grave únicamente en los casos de aborto forzado.
Asimismo, se busca reconocer el derecho a la autonomía reproductiva, y para establecer su garantía a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo; en el derecho de elegir y materializar libremente planes de vida sin la intervención injustificada de terceros o del propio poder estatal; establecer la educación en salud reproductiva; y garantizar el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.
