Guanajuato, Gto 25 febrero 2026 – La Comisión de Justicia aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal para incluir el delito de violencia vicaria.
Al hacer uso de la voz, la diputada María Eugenia García Oliveros puntualizó que reformar el Código Penal en esa materia es un acto de justicia necesario para sancionar y prevenir conductas que consideran a las mujeres e infancias como extensiones de dominio, junto a que se reconoce la obligación de proteger la autonomía de las mujeres y el bienestar de la niñez frente a todas las formas de violencia.
En su intervención, la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia indicó que ese producto legislativo es el resultado de un proceso que incluyó consultas institucionales y mesas de trabajo, aunado a que la incorporación de la violencia vicaria al plano penal es un tema de responsabilidad institucional y coherencia con los tratados internacionales que envían un mensaje claro sobre la necesidad de proteger la dignidad de las mujeres y sus familias.
Por su parte, la congresista Susana Bermúdez Cano pidió que se agregara en el dictamen la importancia de tipificar la violencia vicaria como un delito autónomo, distinguiéndolo de la violencia familiar al precisar que, mientras ésta última puede afectar a cualquier integrante del núcleo de manera indistinta, la violencia vicaria es una agresión de género dirigida exclusivamente contra la mujer. Asimismo, respaldó la constitucionalidad de la propuesta citando criterios de la Suprema Corte que validan esta protección especial ante la discriminación histórica y el riesgo al interés superior de la niñez.
Finalmente, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor reconoció todo el trabajo previo que se realizó para poder dictaminar, donde destacó la participación de sus homólogas por ser las iniciantes de la propuesta y resaltó que independientemente de las fuerzas políticas queda claro que las diputadas de Guanajuato están dispuestas a trabajar por las mujeres de la entidad.
En otros temas del orden del día, se aprobó el dictamen de la iniciativa que busca modificar el Código Penal estatal, a fin de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
El congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor advirtió que la inclusión de la propuesta en el Código Penal debilita la técnica legislativa al generar una réplica innecesaria de principios ya consagrados, donde el interés superior de la niñez es un principio interpretativo vinculante previsto en la Constitución y la Ley General, por lo que su adición al ordenamiento penal resulta meramente declarativa y rompe con la sistematicidad de un código diseñado para delimitar conductas y establecer penas. Y que, aunque se comparte el fondo de la iniciativa, la vía propuesta era inadecuada al no aportar nuevas facultades ni modificar la actuación de las autoridades, comprometiendo la claridad y eficacia de la norma.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano defendió la incorporación del interés superior de la niñez en el Código Penal, subrayando que, en delitos cometidos contra menores de 18 años, la aplicación de la ley siempre debe priorizar su protección. También comentó que no se rompe con la sistemática normativa, precisando que replicar principios fundamentales en diversos ordenamientos refuerza el mensaje de seguridad jurídica y no causa perjuicio alguno.
La legisladora Karol Jared González Márquez destacó la importancia de escuchar las voces de la niñez guanajuatense, citando la consulta a menores de edad de nivel primaria que expresaron la necesidad de ser protegidos frente a quienes buscan hacerles daño, reiterando que las peticiones de la ciudadanía son un mandato claro para que el Congreso legisle sin sesgos, priorizando siempre la justicia social y el mandato constitucional de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Mismo trámite recibió la propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado a fin de crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contenga los registros de quien reciba sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Al hacer uso de la voz, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia reconoció el ánimo protector de la propuesta frente a la violencia sexual infantil, pero advirtió que la iniciativa presenta graves problemas de constitucionalidad y técnica normativa, al hacer mención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha invalidado registros similares al considerarlos penas excesivas que vulneran el derecho a la reinserción social y el principio de proporcionalidad.
Añadió que el proyecto carece de claridad jurídica al omitir límites a la publicidad de datos y temporalidad, además de invadir competencias federales y que la propuesta genera una colisión de derechos e incluye inconsistencias técnicas, como la referencia a normas inexistentes y obligaciones presupuestales inviables para 2026. Finalmente, manifestó que la ambigüedad del texto actual impide su viabilidad, subrayando la necesidad de diseñar herramientas preventivas que respeten los criterios constitucionales vigentes.
En su intervención, la diputada Karol Jared González Márquez precisó que la propuesta para crear un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales en el Estado de Guanajuato es una herramienta profundamente humana y preventiva que busca evitar la repetición del daño contra la niñez, toda vez que el sistema de justicia no debe limitarse al castigo, sino fortalecer la seguridad comunitaria mediante mecanismos que obliguen a la inscripción de sentenciados por delitos de alto impacto, como abuso sexual, trata y explotación de menores, incluso cuando el agresor goce de beneficios de libertad, ya que el riesgo para la infancia persiste.
Asimismo, dijo que esta iniciativa responde directamente a las consultas realizadas a niñas, niños y adolescentes, quienes han manifestado que su prioridad es la seguridad y que la permanencia en dicho registro durante la condena y diez años posteriores no es una medida desproporcionada, ni una pena trascendente, sino una obligación constitucional de protección reforzada, relativo a que el debate no debe centrarse en la comodidad de los agresores, sino en la eficacia real para salvaguardar el interés superior de la niñez.
Por su parte, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor dejó en claro que no está a favor de las agresiones sexuales o de encubrir a personas que incurran en dicho delito, pero advirtió que la creación del registro contraviene el principio de proporcionalidad de las penas y el derecho a la no discriminación, toda vez que la naturaleza pública de dicho registro estigmatiza a las personas que ya han cumplido su condena y que este tipo de medidas resultan desproporcionadas dentro del sistema penitenciario mexicano, al imponer una sanción adicional que trasciende al cumplimiento de la pena impuesta por la autoridad judicial.
También refirió que las medidas de seguridad deben garantizar la confidencialidad y el tratamiento lícito de los datos personales, evitando su divulgación para asegurar la integridad de la información, por lo que el carácter público de la propuesta atenta directamente contra el derecho a una reinserción social efectiva, la cual debe enfocarse en la socialización del individuo y no en mecanismos que impidan su reincorporación a la comunidad.
Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano manifestó su extrañeza ante la oposición a una iniciativa que pondera los derechos de la niñez por encima de cualquier otro, calificando como necesaria y proporcional la creación de un registro público de agresores sexuales, junto a que a diferencia de otras propuestas, el modelo para Guanajuato respeta la constitucionalidad y busca evitar que, mientras las víctimas viven con las secuelas del delito, los agresores sentenciados mantengan una vida normal sin supervisión social.
También, dio a conocer varios ejemplos donde se tiene acceso a datos de quienes incurren en faltas graves, tal es el caso del registro de deudores alimentarios y el de violencia política contra las mujeres, por lo que instó a no enviar un mensaje negativo a la infancia y adolescencia, subrayando que la protección de los menores debe prevalecer sobre la comodidad de quienes ya han recibido una sentencia condenatoria.
En otros asuntos, se acordó realizar una consulta a personas con discapacidad como parte del estudio de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y discapacitadas.
En seguimiento a la metodología de trabajo de las tres iniciativas de reforma al Código Penal de la entidad, todas ellas en materia de interrupción legal del embarazo, se dio la negativa a la propuesta de la presidencia de la comisión para que el proceso de consulta de personas con discapacidad y a niñas, niños y adolescentes se realice por la Dirección General de Apoyo Técnico Parlamentario a través del Instituto de Investigaciones Legislativas en un plazo de 30 días hábiles.
En su intervención, la congresista Karol Jared González Márquez señaló que, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde exclusivamente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política autorizar la contratación de especialistas externos, así como la realización de foros y consultas para el trabajo de las comisiones. Puntualizó que cualquier solicitud de esta naturaleza debe atender a criterios de conveniencia, oportunidad y disponibilidad presupuestaria, por lo que calificó como inviable la propuesta de la presidencia.
Por su parte, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor mencionó que ya existen antecedentes exitosos de procesos de consulta realizados por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas en el Congreso y que la propuesta es por la necesidad que surge ante el plazo mínimo de dictaminación.
Mientras que la diputada Susana Bermúdez Cano coincidió en que los procesos de consulta y asesoría deben solicitar autorización de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, además de que la determinación de las instancias para la consulta debe ser determinada por el órgano de gobierno y no por la comisión.
También, a petición del diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas se acordó que el miércoles 18 de marzo se realice la mesa de trabajo con las autoridades consultadas como parte del seguimiento a la metodología de trabajo de la propuesta de reforma al Código Penal estatal para que se tipifique como delito autónomo el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, y agravar las sanciones para quienes cometan este acto.
Finalmente, se aprobó la metodología de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas facilitada por la tecnología como una estrategia acorde a la problemática para atender y sancionar las formas emergentes de este tipo de violencia y al ritmo de los avances tecnológicos.
Se remitirá para opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Al igual que se subirá a la página web del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana y posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con las autoridades mencionadas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que en virtud de que la violencia digital afecta principalmente a víctimas menores de 18 años, se realice una consulta a niñas, niños y adolescentes. Además de que se pida opinión a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación, al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, a las instituciones de nivel medio superior y superior, a la Unión de Padres de Familia; así como realizar 3 foros de consulta regionales con sedes en Irapuato, León y Guanajuato Capital. Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad.
En el Congrso del Estado Avalan dictamen de propuesta en materia de violencia vicaria
