Guanajuato, Gto 9 mayo 2025. – La Comisión de Justicia llevó a cabo diversas mesas de trabajo con organizaciones y colectivos, así como con autoridades, para analizar tres iniciativas de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, todas ellas en materia de despenalización del aborto.
Las mesas de trabajo se llevaron a cabo con la participación de la sociedad civil; la primera se realizó con colectivos en favor de la despenalización del aborto, la segunda con organizaciones en favor de la vida y la última con autoridades relacionadas con el tema.
Colectivos de mujeres en favor de la despenalización del aborto
Las representantes de los colectivos mencionaron que la maternidad debe tener como base fundamental el deseo de ejercerla libre de imposiciones sobre los cuerpos de las mujeres. Revelaron la existencia de políticas institucionales que buscan minimizar la violencia de género y priorizan la criminalización de las decisiones reproductivas femeninas. Argumentaron que la negación al acceso al aborto pone en riesgo a niñas, adolescentes y mujeres al obligarlas a continuar con embarazos no deseados, que frecuentemente son resultado de violencia sexual, exponiéndolas a procedimientos inseguros que atentan contra su vida.
Asimismo, refirieron que el porcentaje de personas que considera que el aborto debe ser un delito ha disminuido con el paso de los años. Insistieron en la necesidad de homologar la legislación de Guanajuato con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cesando la criminalización del aborto por respeto y garantía de los derechos de todas las mujeres de la entidad. Subrayaron que hablar de justicia reproductiva implica referirse a los derechos humanos y a la garantía del libre desarrollo de la personalidad, y que las mujeres y personas gestantes tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos sin enfrentar consecuencias penales.
Finalmente, las asistentes expresaron que en los argumentos de quienes se oponen a la legalización del aborto abunda la desinformación y los estigmas relacionados con ideologías de género y religiosas. Informaron que, desde octubre de 2023, han contabilizado 434 casos de mujeres que han solicitado acompañamiento y apoyo por decidir no continuar con su embarazo. Se enfatizó que el diálogo busca que la maternidad sea deseada, por lo que se manifiestan a favor de las maternidades libres, y que coartar el derecho al aborto afecta otras esferas de vital importancia para el desarrollo de las mujeres, como el derecho a la educación.
Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la prohibición absoluta del aborto atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, así como que perpetúa estereotipos de género relativos a que las mujeres solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear, reforzando roles de género que imponen la maternidad como un destino obligatorio para todas.
En su intervención, el legislador Antonio Chaurand Sorzano mencionó que todos los argumentos son dignos de escucharse, pero que como sociedad se tiene que llegar a un acuerdo sobre lo que es más justo. Agregó que no es incongruente estar a favor de la vida y estar en contra de criminalizar a la mujer que tomó la decisión de optar por el aborto, siendo clave que la maternidad sea deseada, libre y amorosa.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal dijo que es inconstitucional que el Congreso del Estado de Guanajuato siga oponiéndose a la no criminalización del aborto y que esta lucha no es solo de la sociedad civil y del feminismo, sino que existe una izquierda partidaria e institucional que forma parte activa de la sociedad y que, por lo tanto, es un esfuerzo colectivo el que se está desarrollando.
Finalmente, la diputada María Eugenia García Oliveros agradeció la participación de cada una de las asistentes a una mesa de trabajo que aborda temas de relevancia social, jurídica y humana, y señaló que el objetivo de esta es conducir la mesa de trabajo con justicia, equilibrio y respeto hacia las diversas posturas, las cuales no serán ignoradas.
Colectivos de personas a favor de la vida
En la segunda mesa de trabajo, los participantes señalaron que no se puede privilegiar el derecho de algunos sobre el derecho de otros, y mucho menos si se trata del derecho a la vida. Hicieron una invitación a no caer en la desinformación y en las ideologías de personas que quieren hacer del aborto un negocio. Afirmaron que ninguna mujer en el estado de Guanajuato está encarcelada por abortar y que su interés es la protección de la dignidad humana y el derecho de las mujeres a no ser forzadas a abortar por presión social de terceros. Sostuvieron que la solución a la problemática no radica en la despenalización del aborto, sino en el fortalecimiento de los apoyos integrales a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, y que obligar a los médicos a brindar información sobre el aborto como una opción vulnera la libertad de conciencia y la ética profesional de quienes se dedican a salvar vidas.
En sus opiniones, agregaron que la inclusión del término “persona gestante” en lugar de “mujer” diluye el reconocimiento de la maternidad y de las necesidades específicas de las mujeres, por ser una cuestión biológicamente definitiva. Propusieron que se establezcan sanciones contra quienes obliguen o presionen a una mujer a abortar en contra de su voluntad y contra instituciones que promuevan el aborto sin alternativas. Solicitaron que se agilicen y simplifiquen los procesos de adopción para dar opciones a las mujeres que no quieran o puedan criar a sus hijos. También se precisó que se debería incluir en los planes de estudio enseñanza sobre el desarrollo fetal, y que el derecho a la vida no se puede restringir y contraviene principios de tratados internacionales, por lo que no existe funcionario público calificado para nulificarlo.
Asimismo, se comentó que con las modificaciones a la ley se busca desaparecer, torturar, asesinar y desmembrar a niñas y niños de mujeres mexicanas con ayuda del Estado. Se afirmó que las clínicas en las que se llevan a cabo estos procedimientos están llenas de actos de violencia y crueldad hacia las mujeres, que no existen tratados internacionales que ratifiquen que el aborto es un derecho humano, y que la penalización del aborto está tipificada como un delito para garantizar la protección del bien jurídico tutelado de la vida de las mujeres embarazadas y la vida de sus hijos por nacer. Finalmente, se argumentó que los datos utilizados para difundir la despenalización del aborto son falsos y manipulados, ya que no se ha mejorado la tasa de mortalidad materna ni el acceso a servicios médicos de calidad.
Al hacer uso de la voz, la diputada Karol Jared González Márquez manifestó que cada persona piensa distinto y tiene diferentes convicciones, pero que todo se debe basar en el respeto a la diversidad de opiniones. Expresó que está a favor de la vida desde la concepción y que no tiene la intención de criminalizar a las mujeres.
En su intervención, el congresista David Martínez Mendizábal precisó que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Agregó que las decisiones de la fracción parlamentaria que representa estarán encaminadas desde la conciencia.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano reiteró que lo que se está discutiendo no es un método de planificación familiar o un método anticonceptivo, por lo que se deben atender las causas en las que los derechos de todas las personas deben ser reconocidos. Igualmente, afirmó que en Guanajuato se buscará defender la vida y a la familia.
Asimismo, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla indicó que está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que todas las personas, sin importar si son adultos mayores o recién nacidos, son sujetos del derecho más importante: la vida. Añadió que su convicción es trabajar para que las condiciones que obligan a una mujer a abortar se vayan limitando.
También, la congresista Ana María Esquivel Arrona expresó que, como representantes, tienen el deber de conocer todas las posturas y de escuchar a toda la ciudadanía. Complementó su participación diciendo que trabajar por las mujeres de la entidad ha sido una de las causas más importantes, la cual engloba una serie de acciones relevantes en diversas cuestiones que empoderan a la mujer a tener libertad con responsabilidad.
Finalmente, la legisladora María Eugenia García Oliveros precisó que el objetivo es conducir una mesa de trabajo bajo los principios del diálogo plural, respetuoso y tolerante, donde todas las ideas deben ser escuchadas para avanzar en el reconocimiento de derechos que se traducen en conquistas que tienen que ver con la dignidad humana y una sociedad más justa e igualitaria.
Mesa de trabajo con autoridades
En la tercera mesa de trabajo, personal de la Universidad de Guanajuato comentó que es relevante que en la agenda pública se hable acerca de la despenalización del aborto por considerarse un problema de salud pública, debido a que las restricciones a su acceso atentan contra niñas, jóvenes, mujeres y personas gestantes. Añadieron que las mesas de trabajo deben servir como un ejercicio democrático y no como un dispositivo en el que se refuercen alegorías en torno al aborto y a la maternidad.
Agregaron que el aborto no es un crimen o un asesinato, sino que representa un derecho que no debe ser sometido a votación. Señalaron que organizaciones internacionales como la OMS consideran este procedimiento como habitual y seguro cuando se realiza de manera adecuada y por personal capacitado. Destacaron que en la Ciudad de México se han realizado más de 200 mil abortos con cero muertes maternas.
En su intervención, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco lamentó que solamente haya asistido la Universidad de Guanajuato, debido a que las autoridades que se convocaron, como el IMUG, ISAPEG, la Consejería General Jurídica y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, son instituciones que acuden regularmente cuando se les convoca. Consideró que su falta de interés se contradice con el compromiso del Ejecutivo de garantizar el derecho para todas las mujeres.
Por su parte, la legisladora Susana Bermúdez Cano precisó que las opiniones fueron enviadas para el análisis, sin emitir juicios que ejemplifiquen un mal uso de este espacio para señalar cuestiones externas.
Finalmente, la congresista María Eugenia García Oliveros agradeció la presencia de la Universidad de Guanajuato y lamentó la ausencia de las instituciones que se convocaron debido a sus ocupaciones.
En las mesas de trabajo se contó con la presencia de las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez, Sandra Alicia Pedroza Orozco, María Isabel Ortiz Mantilla y Ana María Esquivel Arrona; así como de los diputados Rolando Fortino Alcantar Rojas, David Martínez Mendizábal y Antonio Chaurand Sorzano.
Todos ellos acompañados por diferentes colectivos de la sociedad civil organizada y representantes de la Universidad de Guanajuato.
