Guanajuato, Gto 28 MAYO 2025. – Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dieron trámite a diversos asuntos.
En primera instancia, se analizó la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, formulada en la LXV Legislatura, que busca establecer una garantía para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia a los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Dicha propuesta pretende incluir como obligación de las autoridades de investigar el origen de las agresiones y amenazas que reciban los periodistas o las personas defensoras de derechos humanos y que dicha investigación culmine con el esclarecimiento o sanción a los responsables.
Al respecto, el diputado José Salvador Tovar Vargas comentó que era relevante contar con un análisis actualizado para incorporar los elementos técnicos y jurídicos de la iniciativa, por lo que propuso se llevara a cabo una mesa interna con asesoras, asesores y la secretaría técnica la próxima semana.
Por su parte, la diputada Plásida Calzada Velázquez coincidió con su homólogo, al señalar que era valioso incluir todas las opiniones, por lo que indicó que la mesa se llevaría a cabo el próximo miércoles.
Como parte del orden del día, se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, a fin de generar de manera progresiva condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad.
Lo anterior, al precisar, la legisladora Plásida Calzada Velázquez, que ya se había publicado un Decreto con reformas a la citada norma jurídica en el que se establece como atribución de las autoridades estatales y municipales la generación de condiciones que favorezcan la contratación de personas con discapacidad y, para tal efecto, promoverán el derecho al trabajo digno, atendiendo a sus respectivas competencias laborales, garantizando por lo menos un 3% de contratación en su plantilla laboral de forma progresiva.
BUCAN OBLIGAR A LAS AUTORIDADES INVESTIGAR EL ORIGEN DE LAS AGRESIONES Y AMENAZAS QUE RECIBAN LOS PERIODISTAS O LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS.
