Buscan evitar responsabilidades penales en mujeres por defender su vida.

Guanajuato, Gto 17 diciembre 2025. – La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, para que no se aplique el término exceso en la legítima defensa cuando se defienda un bien propio o ajeno, en los casos de violencia física, sexual o feminicida.

Al dar lectura a la exposición de motivos, la legisladora indicó que a pesar de que son escazas las estadísticas sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida ante una situación de peligro, se tienen registros que hasta el año 2023, había en el país 17 mujeres sentenciadas por homicidio doloso, 27 por lesiones y 20 por violencia familiar.

La congresista mencionó que las mujeres no deberían ser procesadas y sentenciadas, ya que cumplen con los criterios de la legítima defensa, por no agredir o asesinar a sus agresores si un motivo, sino que reaccionaron a un contexto de violencia extrema que lo demandaba, en el que mucho de los casos de mujeres víctimas de violencia física, sexual y feminicida.

También señaló que, a pesar de que varias mujeres utilizaban en su argumentación el término de legítima defensa, sufrían de invalidaciones debido a los estereotipos sexistas, por lo que pasan de ser víctimas a victimarias.

Asimismo, García Oliveros precisó que la legítima defensa ya está reconocida en las leyes mexicanas, siendo una causa de justificación que permite a una persona actuar en defensa propia o de terceros sin incurrir en responsabilidad penal, siempre que exista una agresión actual, real e injusta, y que la reacción sea proporcional al peligro enfrentado.

La diputada indicó que la propuesta busca impulsar la obligación de juzgar con perspectiva de género por parte de las y los servidores públicos, así como de los entes encargados de impartir justicia en todos los casos relacionados con la violencia sexual, feminicida y de género.

Además, resaltó que una de las premisas fundamentales de esta propuesta es que ninguna mujer tenga responsabilidades penales por defender su vida ante la de su agresor o agresores después de haber sido víctima de violencia física, sexual o feminicida.

Finalmente, se reafirmó que la iniciativa tiene la finalidad de salvaguardar la integridad física y el derecho a la legítima defensa de las mujeres cuando estén expuestas a violencia física, sexual o feminicida y repelan la agresión.

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